En el marco de un nuevo día internacional de la mujer trabajadora el gremio de judiciales de Córdoba presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un pedido de ampliación de licencias laborales por ejercicio de tareas de cuidado.

El proyecto surge de un extenso trabajo llevado a cabo por Judicialas, colectivo feminista de afiliadas de AGEPJ. Utilizando como insumo una encuesta sobre tareas de cuidado llevada a cabo por el gremio a todo el personal del Poder Judicial de Córdoba se elaboró un diagnóstico de composición de la planta y cómo asumen empleadas y empleados judiciales las tareas de cuidado de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.

En base a las necesidades relevadas, a tono con la normativa de Derechos Humanos vigente, directrices de la Organización Internacional del Trabajo y diversos proyectos legislativos, el sindicato solicitará al empleador la apertura de una negociación para que puedan instaurarse en el Poder Judicial nuevas licencias que introduzcan equidad en la distribución de las tareas de cuidado y con ello disminuir el impacto negativo que tal carga produce en la carrera profesional y la calidad de empleabilidad de la mujer trabajadora.

 

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que: “El contexto simbólico, político y económico del país es absolutamente adverso pero no vamos a renunciar a nuestra bandera de una justicia con perspectiva de género. En el marco de un nuevo día internacional de la mujer trabajadora estamos planteando al Poder Judicial la necesidad de democratizar las tareas de cuidado para que tener un hijo, hija, cuidar padres, madres o personas con discapacidad no vaya en desmedro de las trayectorias laborales de las compañeras empleadas judiciales.”

 

 

En tanto que el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti ponderó que “así como ya hubo una experiencia exitosa de negociación con participación gremial que culminó con el dictado de un protocolo contra la violencia laboral y de género estamos solicitando ahora la apertura de una instancia similar que conduzca a la ampliación de licencias por cuidados.”

 

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El Gremio de judiciales de Córdoba presentó formalmente una nota a la Fiscalía General del Poder Judicial mediante el cual se solicita se revea la notificación de recursos humanos para que no se re-direccionen sumariantes desde las unidades judiciales.

AGEPJ en representación de las y los compañeros alcanzados expresó en dicha presentación el “absoluto rechazo a dicha disposición toda vez que además de afectar el derecho a los descansos y acuerdos alcanzados al respecto, se están desconociendo los usos y el procedimiento normal al emitir la orden, ya comenzado el mes de marzo, cuando el personal de cada unidad judicial está organizado, y los turneros ya notificados.”
En este marco y por tal motivo AGEPJ convocó asamblea general de sumariantes para el día jueves 7 a las 12 hs. en el centro de recepción de procedimientos.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti sostuvo que “debe considerarse que en contextos de crisis, como el que estamos viviendo, se incrementan los hechos delictivos, lo que se traduce en mayor cantidad de aprehensiones, pero también en mayor cantidad de gente que concurre a las unidades judiciales a realizar denuncias, en calidad de víctimas, sumado a personal policial que entrega distintos tipos de procedimientos, sin aprehendidos. Dicha situación provoca que las unidades judiciales también estén desbordadas, que se produzcan demoras en la atención y en la instrucción de las causas.”

Por su parte el Secretario Gremial de AGEPJ Adrián Valán expresó “Muchas de las unidades judiciales afectadas se encuentran con el mínimo del personal, prestando servicio efectivamente, por lo que la medida afectaría directamente en la cantidad de fines de semana trabajados y libres, que se traduce en exceso de horas trabajadas, como ya está sucediendo en el centro de recepción de procedimientos con personas aprehendidas, lo cual infringe claramente la ley.»

 

En un marco político sumamente conflictivo y un panorama económico totalmente adverso a las y los trabajadores se reunieron los cuerpos orgánicos de AGEPJ. Con eje en la defensa del salario se realizaron respectivas reuniones. El jueves 1 de febrero fue Comisión Directiva Provincial, el viernes 2 de febrero  el Consejo Consultivo del Interior y hoy (6 de febrero) el cuerpo de delegados y delegadas de capital.

Como fuera señalado, hay una coincidencia unánime en la preocupación por el brutal ataque a nuestro salario propiciado por un lado por la descomunal devaluación de nuestra moneda (que no tiene precedentes en la historia de nuestro país) y su posterior traslado a precios y por otro por los recortes salariales (vía aumento de aportes y APROSS) propiciados por el gobierno provincial. -Además, resta saber la forma y tiempo en que el TSJ dispondrá a partir de las negociaciones alcanzadas con el gobierno provincial provincial, el pago de los retroactivos generados por el ultimo aumento del 12.5% imputable a diciembre del 2023-. Lógicamente a ese diagnóstico le siguió la discusión colectiva de la estrategia defensiva que llevará adelante nuestro gremio que continuará con la convocatoria al cronograma de asambleas de base detallado a continuación.

Asambleas en Interior
– En días y horarios a definir por cada sede

Asambleas en Capital
– Jueves 8/02 Polo Laboral 12 hs.
– Viernes 9/02 Familia 13 hs.
– Miércoles 14/02 Tribunales 2 y Policía Judicial 9 hs. (En Tribunales 2)
– Jueves 15/02
. Administración, Electoral, Ejecuciones Fiscales y Contencioso Administrativo ( en Administración) 12 hs
. San Jerónimo y 27 de Abril ( en San Jerónimo) 9 hs.
– Viernes 16/02 Tribunales 1 12hs.
– Unidades Judiciales: en fecha y horarios a determinar.

Este 24 de enero todos los sindicatos paramos y movilizamos en contra de las políticas de ajuste contra los y las trabajadoras que se están llevando a cabo tanto a nivel nacional como a nivel provincial.

 

Este 24 de enero será el marco de la discusión legislativa a nivel nacional sobre la Ley ómnibus y el DNU 70/24 enviado por la presidencia que, entre muchas cosas, ataca gravemente a los y las trabajadoras. Es sabido que las previsiones del DNU70/2024 intenta reformar en forma prejudicial el régimen de trabajo actual, favoreciendo que las patronales no hagan sus respectivos aportes, que se modifique a la baja el cálculo para las indemnizaciones, extendiendo el periodo de prueba para justificar los despidos sin causa, modificando la jornada laboral, eliminando la protección contra el despido arbitrario, a la mujer embarazada y la maternidad, atacando severamente el derecho a huelga y el accionar de las asociaciones sindicales con la declaración de servicios imprescindibles.

Pero, además, la Ley Ómnibus prevé privatizaciones de recursos y empresas estratégicas del Estado, la entrega de la soberanía nacional, la liberación de importaciones en detrimento de la industria nacional y especialmente de PYMES, ataque a las economías regionales, entre muchas cosas más.

En Córdoba estamos ya viviendo las consecuencias de los ajustes. Entre gallos y medianoche, el nuevo gobierno provincial, en contra de los acuerdos salariales vigentes y haciéndose eco de un discurso de un ahorro urgente exigido a nivel nacional, decidió apretar en primer término contra los y las trabajadoras estatales que somos los que mantenemos las políticas públicas para la sociedad. El 27/12/2023 se configuró un enorme recorte salarial, vía aumentos en los aportes previsionales y los destinados a la obra social APROSS. Los estatales, luego de la devaluación a nivel nacional que golpeó duramente nuestros bolsillos, vimos de golpe disminuidos en un 4% nuestros salarios con la posibilidad de que se agrave aún más ese porcentaje en el 2024.

Pero, además, los y las judiciales sufrimos los descuentos por esos nuevos porcentajes de aportes también en los retroactivos correspondientes a meses anteriores a la sanción de la ley, haciendo retroactiva una ley de forma discrecional y arbitraria.

De ser Córdoba del desarrollo y la prosperidad presentada en las elecciones nacionales, pasamos en pocos días a un discurso de crisis fiscal y económica provinciales que “justificaron” de manera brutal un ajuste a los salarios de los y las trabajadores estatales. Sumado a eso se sucedieron luego masivamente bajas de contratos a nivel provincial de personas que llevaban años de antigüedad en el estado.

Los y las trabajadores sabemos que cualquier crisis o dificultad económica nunca se soluciona ajustando a los sectores más desfavorecidos sino ampliando derechos y horizontes democráticos, en base a diálogo y consenso. Apelamos a que las autoridades legislativas a nivel nacional y en Córdoba honren los valores democráticos que tanto costaron conseguir.

El pasado miércoles 20 de diciembre el conjunto de sindicatos estatales presentes en la sesión unicameral de la legislatura provincial logramos frenar un proyecto que implicaría reducción del salario real que percibimos las y los trabajadores.

El Gobierno Provincial dio a conocer su intención de tratar en la Unicameral un proyecto para que se aumente en un 3% los aportes a Apross y en un 4% los aportes personales jubilatorios retroactivo a diciembre, que se sumaria al aumento ya impuesto de un 1% del aporte a Apross y a la posibilidad que tiene el Ejecutivo de aumentar en un 2% los aportes previsiones. Frente a lo cual, todos los sindicatos estatales movilizados ayer frente a la Legislatura logramos que no se trate dicho proyecto que implicaba la rebaja de los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial de las y los jubilados provinciales.

Desde la CGT Córdoba se emitió un comunicado  de prensa titulado «El mandato de la hora» en el que se manifiesta que “De las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional es evidente que el recorte de gastos buscado surge en un 44% de las y los trabajadores activos (impuesto a las Ganancias, suba de tarifas, destrucción de la obra pública, congelamiento de salarios en el Sector Público). Y más del 50% lo pagarán las y los jubilados y trabajadoras/es de la Economía Popular.
Las PYME también serán alcanzadas por el ajuste (aumento de tarifas, suba de retenciones, aumento del Impuesto País, etc.).
En suma: un clásico plan de ajuste que de nuevo no tiene nada. Con las mayorías como víctimas y las minorías como beneficiarias de una inmensa transferencia de recursos.
Todo lo que ya vivimos en los ´90, incluida la estatización de la deuda privada de los importadores, todo ello garantizado con una fuerte represión a la protesta social.
En Córdoba, el Gobierno provincial -al igual que los de otras provincias y los de varios municipios- ha anunciado que no respetará los acuerdos salariales firmados con los gremios que representan a sus trabajadores. Y que podrían seguir el ejemplo del Gobierno Nacional, cesanteando a contratados o dejando sin efecto pases a planta.”

Por otra parte a nivel nacional la Federación Judicial Argentina advirtió mediante un comunicado de prensa que volver para atrás con la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias implicaría profundizar una situación regresiva para el sueldo de las y los trabajadores en un marco donde la inflación y la devaluación ya mermó significativamente los ingresos.

Por todos esto motivos desde AGEPJ nos declaramos junto a todos los gremios de la provincia de Córdoba en estado de Alerta y Movilización.