En un marco político sumamente conflictivo y un panorama económico totalmente adverso a las y los trabajadores se reunieron los cuerpos orgánicos de AGEPJ. Con eje en la defensa del salario se realizaron respectivas reuniones. El jueves 1 de febrero fue Comisión Directiva Provincial, el viernes 2 de febrero  el Consejo Consultivo del Interior y hoy (6 de febrero) el cuerpo de delegados y delegadas de capital.

Como fuera señalado, hay una coincidencia unánime en la preocupación por el brutal ataque a nuestro salario propiciado por un lado por la descomunal devaluación de nuestra moneda (que no tiene precedentes en la historia de nuestro país) y su posterior traslado a precios y por otro por los recortes salariales (vía aumento de aportes y APROSS) propiciados por el gobierno provincial. -Además, resta saber la forma y tiempo en que el TSJ dispondrá a partir de las negociaciones alcanzadas con el gobierno provincial provincial, el pago de los retroactivos generados por el ultimo aumento del 12.5% imputable a diciembre del 2023-. Lógicamente a ese diagnóstico le siguió la discusión colectiva de la estrategia defensiva que llevará adelante nuestro gremio que continuará con la convocatoria al cronograma de asambleas de base detallado a continuación.

Asambleas en Interior
– En días y horarios a definir por cada sede

Asambleas en Capital
– Jueves 8/02 Polo Laboral 12 hs.
– Viernes 9/02 Familia 13 hs.
– Miércoles 14/02 Tribunales 2 y Policía Judicial 9 hs. (En Tribunales 2)
– Jueves 15/02
. Administración, Electoral, Ejecuciones Fiscales y Contencioso Administrativo ( en Administración) 12 hs
. San Jerónimo y 27 de Abril ( en San Jerónimo) 9 hs.
– Viernes 16/02 Tribunales 1 12hs.
– Unidades Judiciales: en fecha y horarios a determinar.

Atento el reclamo presentado por AGEPJ con fecha 26/01/2024, el TSJ informó a la entidad gremial que será reintegrado el monto mal liquidado en la planilla suplementaria percibida durante el mes de enero (18/01) y correspondiente al retroactivo (20,45%) de noviembre. El mismo será abonado conjuntamente con el retroactivo correspondiente al mes de octubre 2023, a fines de la semana próxima.

La CSJN publicó la Ac 1/2024 que dispone el pago de actualización salarial del 12,5% a partir del 1 de diciembre de 2023 remunerativo y bonificable para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.

De inmediato AGEPJ exigió al TSJ disponga la resolución replicando el aumento conforme el sistema salarial vigente incluyendo retroactivos generados.

AGEPJ remitió el 26/01/2024 nota a la presidencia del TSJ reclamando por la indebida aplicación sobre el retroactivo imputable a noviembre del 2023 de los nuevos aportes personales aprobados por la legislatura provincial en diciembre del 2023.

En particular se resaltó que la liquidación emitida por planilla suplementaria del 18/01/2024, correspondiente al retroactivo del incremento reconocido para el mes de noviembre de 2023, resultó ser “evidentemente ilegitima al aplicar retroactivamente tanto la retención correspondiente al aporte obligatorio del artículo 9, inciso d) de la Ley 10.724 (conf. Mod. Ley 10.955 –B.O. 29.12.2023-), como el nuevo porcentaje de aporte mensual destinado a los recursos de la Administración Provincial de Seguro de Salud previsto por el art. 32, inc. a) de la Ley 9277 para la obra social obligatoria A.Pro.S.S. para todos los agentes del estado elevado de 4,5% a 5,5% (conf. Mod. Dec. 2414/23 – B.O. el 12.01.2024-)”.
El planteo indica que se realizaron retenciones concretándose una “aplicación retroactiva de la ley, afectando directamente la remuneración y derechos adquiridos de los trabajadores”.
De esta forma se solicitó se corrija la liquidación sobre el ultimo retroactivo aplicable a noviembre y que dichas retenciones tampoco se hagan operativas sobre la futura liquidación del incremento reconocido para octubre de 2023.
A.G.E.P. pone a disposición un recurso de reconsideración con similares argumentos para que cada agente lo presente en tiempo y forma.

Requisitos y pasos:

1- Descarga en doble copia el recurso HACIENDO CLICK AQUÍ 
2- Completar con tus datos personales. Nombre, apellido, DNI, Domicilio REAL (el de tu casa) y correo electrónico que uses (el del trabajo o el personal)
3- Lo firmas en papel
4- Lo presentas en papel en doble copia:
a) Si sos de Capital en la Mesa de Entradas de la Administración General (Arturo M. Bas 158 P.B)
b) Si sos del interior, ante la Mesa de entradas de la Superintendencia de tu sede.
5- Tenes tiempo de hacerlo hasta el 15/02/2024 con cargo de hora (recorda que el cargo de hora administrativo es hasta las 9 am.)

El gremio de Judiciales de Córdoba participó el miércoles 24 de enero del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) Córdoba en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, como así también gran parte del proyecto de ley «ómnibus» impulsada por el ejecutivo nacional.

La movilización en la capital provincial marcó el debut de la nueva conducción de CGT Córdoba integrada por nuestro compañero Federico Cortelletti, Ilda Bustos (Gráficos) y Andrés Colazo (Jockey). Las concentraciones también se replicaron en diferentes localidades de la Argentina con manifestaciones similares a la que realizó en la plaza del congreso en la ciudad de Buenos Aires. Una de las más importantes fué precisamente en nuestra ciudad, el segundo centro urbano más grande de la Argentina y con gran tradición sindical, donde la CGT Córdoba movilizó junto a CTA de los trabajadores, UTEP y otros nucleamientos sindicales y sociales.

En el acto se leyó un documento conjunto denominado “LA PATRIA NO SE VENDE LOS DERECHOS NO SE TOCAN”. El mismo señaló que “El movimiento obrero organizado expresa su rechazo absoluto a las medidas que dispone el DNU 70/23 y los contenidos de la denominada Ley Ómnibus, redactados por los representantes de los grupos concentrados de la economía. En especial en lo referente a las cuestiones laborales que, sin duda, buscan desproteger a los trabajadores, precarizando aún más sus condiciones laborales y salariales.”

Además, sobre en el orden local el documento subraya que “Córdoba no ha sido ajena al ajuste desatado por gobierno nacional. En una importante muestra de unidad, la totalidad de organizaciones sindicales estatales han rechazado la baja de contratos realizada por el gobierno provincial y exigen que se respete la Tutela Sindical expresamente protegida por el artículo 48 de la ley N° 23.551. Además se rechazó también la actitud del Gobierno Provincial, en línea con las políticas aplicadas por el Gobierno Nacional, en la que se suma el último aumento en los aportes jubilatorios y al APROSS. Provocando un deterioro sobre los ya erosionados salarios, profundizando los efectos de la inflación, los aumentos de precios y tarifas. Frente a este ataque, los gremios estatales, con el acompañamiento de la CGT Córdoba, realizaron un importante paro el pasado 28 de diciembre. Y aún continúan con un plan de acción gremial que busca la reincorporación de todos los cesanteados y el fin del recorte salarial.

Luego de la concentración, Federico Cortelletti, Secretario General de AGEPJ, expresó “la concentración fue impresionante y superó todas las expectativas que teníamos”, al destacar que a la convocatoria adhierieron todas las centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas, barriales, jubilados, inquilinos, estudiantes y un sinfín de actores sociales y políticos, «. “Esto habla a las claras de que ya hay un país que está sufriendo las políticas que desarrolla el actual Gobierno”, apuntó.

Este 24 de enero todos los sindicatos paramos y movilizamos en contra de las políticas de ajuste contra los y las trabajadoras que se están llevando a cabo tanto a nivel nacional como a nivel provincial.

 

Este 24 de enero será el marco de la discusión legislativa a nivel nacional sobre la Ley ómnibus y el DNU 70/24 enviado por la presidencia que, entre muchas cosas, ataca gravemente a los y las trabajadoras. Es sabido que las previsiones del DNU70/2024 intenta reformar en forma prejudicial el régimen de trabajo actual, favoreciendo que las patronales no hagan sus respectivos aportes, que se modifique a la baja el cálculo para las indemnizaciones, extendiendo el periodo de prueba para justificar los despidos sin causa, modificando la jornada laboral, eliminando la protección contra el despido arbitrario, a la mujer embarazada y la maternidad, atacando severamente el derecho a huelga y el accionar de las asociaciones sindicales con la declaración de servicios imprescindibles.

Pero, además, la Ley Ómnibus prevé privatizaciones de recursos y empresas estratégicas del Estado, la entrega de la soberanía nacional, la liberación de importaciones en detrimento de la industria nacional y especialmente de PYMES, ataque a las economías regionales, entre muchas cosas más.

En Córdoba estamos ya viviendo las consecuencias de los ajustes. Entre gallos y medianoche, el nuevo gobierno provincial, en contra de los acuerdos salariales vigentes y haciéndose eco de un discurso de un ahorro urgente exigido a nivel nacional, decidió apretar en primer término contra los y las trabajadoras estatales que somos los que mantenemos las políticas públicas para la sociedad. El 27/12/2023 se configuró un enorme recorte salarial, vía aumentos en los aportes previsionales y los destinados a la obra social APROSS. Los estatales, luego de la devaluación a nivel nacional que golpeó duramente nuestros bolsillos, vimos de golpe disminuidos en un 4% nuestros salarios con la posibilidad de que se agrave aún más ese porcentaje en el 2024.

Pero, además, los y las judiciales sufrimos los descuentos por esos nuevos porcentajes de aportes también en los retroactivos correspondientes a meses anteriores a la sanción de la ley, haciendo retroactiva una ley de forma discrecional y arbitraria.

De ser Córdoba del desarrollo y la prosperidad presentada en las elecciones nacionales, pasamos en pocos días a un discurso de crisis fiscal y económica provinciales que “justificaron” de manera brutal un ajuste a los salarios de los y las trabajadores estatales. Sumado a eso se sucedieron luego masivamente bajas de contratos a nivel provincial de personas que llevaban años de antigüedad en el estado.

Los y las trabajadores sabemos que cualquier crisis o dificultad económica nunca se soluciona ajustando a los sectores más desfavorecidos sino ampliando derechos y horizontes democráticos, en base a diálogo y consenso. Apelamos a que las autoridades legislativas a nivel nacional y en Córdoba honren los valores democráticos que tanto costaron conseguir.

 

Con mucha satisfacción por haber podido efectuar un lindo presente a las afiliadas y afiliados. Nuestra organización sindical finalizó la entrega del “bolsón navideño”, luego de un gran esfuerzo económico y organizativo coordinado de las sedes del interior junto a la comisión provincial.

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Tanto en capital como interior se entregaron los bolsones en forma personal a cada afiliado y afilada tanto por Comisión directiva como por los y las delegadas de sede, con una alegre recepción de las compañeras y compañeros.
Desde la comisión directiva saludamos a todo el personal del poder judicial, en especial a las afiliadas y afiliados de AGEPJ. Brindamos para que todas y todos puedan pasar un buen fin de año y que comiencen de la mejor manera el 2024.

El día de ayer 28 de diciembre AGEPJ llevó adelante un gran paro provincial, junto a los demás gremios estatales para marcar un límite al avance del gobierno provincial sobre los derechos de las y los trabajadores. Se ha configurado un enorme recorte salarial, vía aumentos en los aportes previsionales y los destinados a la obra social APROSS y contra esas medidas se dirigió el paro provincial que tuvo un gran acatamiento en toda la provincia. En la capital se marchó hacia la casa de gobierno con el conjunto de gremios afectados. De igual manera lo hizo la seccional Río Cuarto en la capital alterna provincial. A su vez la delegación Villa Dolores participó en la conformación de la Mesa Intersindical de gremios estatales del departamento San Javier, proceso que avanzará en toda la geografía provincial y de la que nuestro gremio también formará parte.

Como en un efecto dominó el aviso del gobierno nacional de disminución drástica de envíos a las provincias causó el intento fallido primero y después, lamentablemente con éxito el pasado miércoles de la elevación de aportes a la caja de jubilaciones provincial. Además, se incrementaron los descuentos para la obra social APROSS. Con esa última decisión legislativa, sumada a la anterior introducida en la ley de presupuesto el cuadro de aumentos en los descuentos queda conformado por:

– un 2% más en APROSS, se pasa de 4,5 % a 6,5 % (dentro de ese aumento el 1% inicial de descuento ya está vigente, el otro entra en vigencia en el próximo salario)
– y un 2% autorizado por la reforma de la ley 1074 a la Caja de jubilaciones que es operativo para el próximo salario, y la posibilidad de una suba de un 2% más para la caja que aún no está confirmado. Pero, además, por la ley de presupuesto para el 2024, se autorizó que el gobierno pueda elevar un 2% más de aportes que autoriza. Si dichas sumas se concretan, los empleados judiciales pasaremos a tener un descuento del 24% de nuestro salario por aportes previsionales, situación inadmisible por el terrible impacto que ello implica para nuestros sueldos.

AGEPJ junto a los gremios estatales y aportantes frustraron el primer intento de aumentos, sin embargo, el miércoles 27 de diciembre el oficialismo provincial logró aprobar el proyecto. Luego de la movilización del día de ayer, los gremios estatales plantearon la continuidad de medidas durante enero e incluso un posible no inicio del año lectivo 2024 así como la necesidad de que el gobierno provincial convoque negociaciones en forma urgente.

AGEPJ presentó formalmente una nota al presidente del TSJ y al Fiscal General en la que se manifiesta la preocupación ante la falta de certezas y claridad en torno a la nueva ley que contempla la creación de nuevas Fiscalías de Instrucción y de Narcotráfico tanto en Córdoba Capital como en el interior provincial.

En dicha presentación, el gremio advirtió la preocupación en tanto no surge, de la escasa información al respecto, que dicha multiplicación de Fiscalías y Juzgados de control vaya acompañada de la creación de nuevas oficinas también determinantes para un buen servicio de justicia. Se habla de creación de Fiscalías específicas y de Instrucción sin prever la ampliación de las Asesorías letradas penales, como así tampoco nada se dice sobre la ampliación de los cuerpos Operativos de la Policía Judicial ni de los Equipos técnicos de capital y del interior provincial, vinculados a la investigación penal.

Todas estas dependencias son relevantes para acompañar un aumento de las causas judiciales, tanto equipos que acuden al lugar del hecho y recogen la prueba científica, pasando por profesionales que realizan informes para colaborar en la toma de decisión judicial como por la defensa pública que garantiza un correcto acceso a la justicia. Tampoco existe información cierta sobre si se prevé o no una ampliación de las Unidades Judiciales que, como se sabe, son las oficinas que de manera continua receptan denuncias y tramitan los primeros pasos de la investigación penal.

Capítulo aparte, pero de suma gravedad, es la disposición de la citada ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a contratar – bajo cualquier modalidad- personal para desempeñar tareas en el Poder Judicial. Esta inclusión nos alerta por la intromisión del ejecutivo en el poder judicial, así como la precarización que ello conlleva, la alteración del ingreso por concursos y por lo tanto esta asociación gremial rechaza de plano.

Si bien desde AGEPJ se entiende la necesidad en ampliar cada vez más el sistema de justicia y atender a la demanda social en materia de seguridad, se advierte que el aumento de Fiscalías sin el correlato de todas las oficinas que también intervienen en la investigación penal solo generará un cuello de botella y un atraso cada vez mayor en la respuesta final, tan necesaria para este tipo de problemáticas.

Por Agostina Noccioli (Secretaria Adjunta AGEPJ)

 

Desde hace ya un tiempo se viene instalando la discusión en torno a la distribución de las tareas de cuidado dentro de cada grupo familiar como así también la participación del Estado en esta distribución. Múltiples encuestas e informes dan cuenta de la injusta sobrecarga que dichas tareas significan para las mujeres en general. Es decir, partimos de la evidencia de que la distribución del cuidado entre los actores sociales es inequitativa, recayendo mayoritariamente sobre las familias y dentro de estas sobre las mujeres asociadas a “naturales cuidadoras”, repercutiendo en el desarrollo vital, los trayectos formativos y laborales de estas personas. La encuesta nacional sobre el uso del tiempo desarrollada por el Indec durante el año 2021, arroja números esclarecedores: se observa que el 91.7% de las mujeres realiza trabajos no remunerados; definidos como aquellas actividades productivas de los hogares para sus propios miembros, y de apoyo para otros hogares, para la comunidad y el voluntariado; mientras que los varones solo el 75,1%.

Ahora bien, ¿qué sucede si comparamos estos índices, pero le sumamos el factor de la edad?

A medida que avanza la edad, la participación de las personas en el trabajo doméstico se incrementa y se eleva la cantidad de tiempo que le dedican quienes participan. Por ejemplo, el 70,4% de las personas de 14 a 29 años realiza trabajo doméstico no pago, mientras que en las personas mayores de 65 años la tasa de participación se eleva al 88,8%. Al analizar los porcentajes de participación en el trabajo doméstico por sexo y grupos de edad, las mujeres de entre 30 y 64 años presentan los niveles más elevados (94 de cada 100). En consonancia con su mayor participación, los tiempos promedio que le destinan a las tareas domésticas representan 1:49 horas más que los tiempos de los varones que transitan por la misma etapa de la vida (4:27 frente a 2:38 horas), con la mayor carga que esto implica.

Independientemente de los números, que sirven para graficar la desigualdad, en lo que nos interesa hacer foco es en entender las causas de algunas situaciones que hemos naturalizado toda la vida. El acceso a trabajos más precarios, la disminución en el ritmo de los ascensos, la falta de tiempo para capacitarse y mejorar la empleabilidad, la alta rotación laboral después de las licencias de maternidad, entre otras vicisitudes con las que nos encontramos durante nuestra vida laboral, tienen como punto de partida y en gran medida, son una consecuencia de la desigual distribución de las tareas de cuidado, que insumen tiempo y esfuerzo físico y mental, como cualquier trabajo. Y se podría pensar, – equivocadamente- que dichos efectos culminan cuando finaliza nuestra vida laboral activa, es decir, con la jubilación.

Lamentablemente, la gran mayoría de las compañeras jubiladas saben que esto no es así. El aumento del tiempo libre, en muchos casos, viene acompañado con el aumento de tareas domésticas (en el propio hogar o en el de terceros, por ej. el de los hijos/as), de una manera cuasi “natural”. A pesar de los grandes avances que hemos alcanzado en materia de derechos de las mujeres y la visibilización y cuestionamiento de estereotipos, aún persiste en nuestro imaginario social la idea de que la “abuela cuida, la abuela siempre cocina, la abuela siempre está disponible para sus nietos/as e hijos/as”.

Pero lo cierto es que, aún después de la jubilación, tenemos derecho a seguir capacitándonos en la materia que nos interese, seguir participando de espacios de militancia gremial, vecinal, barrial, hacer actividades físicas, artísticas o lo que más nos guste: tenemos derecho a disponer de nuestro tiempo libre sin cuestionamientos ni prejuicios.

Invito a que sigamos pensando este fenómeno entre todos y todas, que busquemos estrategias para que nuestra participación no se vea mermada por las tareas de cuidado, en aras de alcanzar una verdadera igualdad y relaciones sociales realmente justas.