Estamos promediando abril y la conflictividad en el Poder Judicial se multiplica en el espacio y las temáticas. El Tribunal Superior debe replantear su actitud de negar o esconder los problemas porque están sentados sobre un polvorín que día a día acumula riesgo de explosión.
La cuestión salarial sigue sin resolverse. Cobramos un 10 % correspondiente a la pauta salarial. Sin embargo no alcanza a compensar la pérdida de poder adquisitivo que la inflación de 2018 le propinó a nuestros salarios. El 2019 no se presenta mejor ya que la variación mensual de inflación de enero a febrero, según INDEC fue del 3,8 %. El Sector de Magistrados y funcionarios ya tuvo su recomposición con el otorgamiento de la equiparación y la compensación de aportes jubilatorios que se auto otorgaron. El TSJ está repartiendo mal y muy injustamente la masa salarial que el Poder Ejecutivo le otorga al Poder Judicial y además está incumpliendo los acuerdos que el mismo ha firmado desde 2013 en adelante para revertir dicha situación.
La violencia de género y laboral continúa siendo un flagelo en toda la sociedad y en el Poder Judicial. La lucha por la igualdad de género y por una sociedad libre de violencia aquí en tribunales no se quedó en una mera consigna porque las compañeras “Judicialas” generaron un Proyecto de Protocolo para prevenir, tratar y erradicar el problema y fue presentado al TSJ el 8M. Ni piense el empleador que con esto se acaba la cosa, más bien recién empieza y el reclamo irá en ascenso si continúa mostrando un discurso de preocupación por el tema, pero no se ven avances concretos en el punto. Los sucesos de estos primeros meses de 2019 y las páginas que siguen son elocuentes al respecto.
La lucha por la carrera que todas las empleadas y empleados judiciales llevamos adelante los años anteriores produjo un movimiento extraordinario de la misma y hoy tenemos ascensos periódicos. Sin embargo la oficina de notificadores se puso en estado de alerta ante el intento del empleador de retener cargos y volver a ralentizar la carrera. De esa oficina al resto de la planta hay un paso y el conflicto se extenderá a todo tribunales si se llega a tocar un solo cargo de los empleados y empleadas reconvirtiéndolo en cargos de funcionario. Porque esto perjudicaría no sólo el derecho a ascender periódicamente, sino -más grave aún- obstaculizaría la generación de vacantes para pasar a planta a contratados y contratadas.
El problema de las condiciones de trabajo y edilicias parece no estar entre las prioridades del empleador que intenta construir un relato que muestra muchos baches. La lucha por las condiciones y medioambiente de trabajo es un eje principal de nuestro gremio y el reclamo por la declaración de insalubridad en Policía Judicial está a tope. Pero lejos está de ser el único. Volvimos de la feria con abandonos de tareas por problemas en tribunales dos y asambleas por las condiciones en el edificio de Familia. En las unidades Judiciales la persistencia de condiciones indignas de trabajo son objeto de continuos reclamos. Tanto el MPF y el TSJ deben cumplir con su obligación de garantizar estándares dignos de condiciones laborales, la herramienta gremial está a disposición de todas las compañeras y compañeros para luchar por ese objetivo.
