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AGEPJ declaró el estado de alerta y movilización en Unidades Judiciales. El motivo es la reapertura de nuevas U.J., dejando de lado el esquema con el que se venía trabajando, sin condiciones sanitarias e inmersos en el contexto de la denominada “segunda ola” de covid 19. Desde el sindicato advertimos que es el peor momento sanitario para realizar una reapertura, que además no se ha previsto una cobertura de personal suficiente y se hace responsable a las autoridades del MPF de cualquier consecuencia para la salud tanto de empleados y empleadas como la ciudadanía que concurra a esos centros judiciales.

Nuestra compañera Romina Martinez, integrante de la comisión directiva de AGEPJ se refirió al punto manifestando que “las y los sumariantes nos desempeñamos en forma presencial desde el primer día de esta pandemia, con el riesgo que eso significa, reclamando constantemente por las condiciones en las que tuvimos y tenemos que trabajar, no sólo sanitarias sino también por la constante presión y estrés que conlleva la tarea. Esta decisión es un atropello más de la patronal, que carga sobre la espalda de las trabajadoras y trabajadores del sector la responsabilidad de prestar un deficiente servicio de justicia.”

AGEPJ pone en conocimiento también que varias unidades judiciales no cuentan con el personal suficiente para un funcionamiento óptimo según los parámetros establecidos por el mismo Ministerio Publico Fiscal. En el estado de alerta decretado se advierte que al mínimo incumplimiento de protocolos de bioseguridad, falta de insumos o deficientes condiciones edilicias AGEPJ dispondrá retención de tareas para preservar la salud de las compañeras y compañeros.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “Abren tres nuevas unidades judiciales más, como si no estuviéramos inmersos en la segunda ola de covid y van a tener que cerrar otras completas cuando haya un brote porque el personal es totalmente insuficiente y se ha abandonado la rotación como medio para compartimentar al personal y evitar la propagación del contagio.”

En tanto que el Secretario Adjunto Adrian Valan advirtió que “Lo que están haciendo es una mala decisión desde el punto de vista sanitario porque pone en riesgo la salud de las compañeras, compañeros y población en general, pero también es una mala decisión de administración de justicia porque para abrir nuevas sacan personal de las que están funcionando por lo que no mejorará o agilizará la atención de justicia. Hacemos responsables al Ministerio Público Fiscal por las consecuencias en la salud que pueda haber en cada una o uno de los sumariantes.”

Si el MPF modifica condiciones de trabajo y jornada habrá medidas de fuerza.


Ante dichos informales de autoridades del MPF, enviadas a las Unidades Judiciales anunciando inminentes modificaciones de las condiciones de trabajo y desconociendo el acuerdo de horarios existente, AGEPJ decretó en la noche del 23 de febrero el Estado de Alerta y movilización.

Las potenciales disposiciones son inconsultas y vulnerarían gravemente los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector por lo que, de materializarse, nuestra entidad declarará inmediatamente una medida de fuerza paralizando totalmente el servicio.

En similar situación se encuentran quienes se desempeñan en las Fiscalías de Violencia Familiar ante rumores de cambios en sus condiciones de trabajo. Desde AGEPJ solicitamos al MPF no se avance al respecto y se nos convoque a la negociación.

 

El día de ayer 2/11 finalmente se publicó en el portal del Poder Judicial el anuncio de pago de los retroactivos adeudados.

Como lo comunicamos el viernes 30, durante esta semana se reunirán el Consejo consultivo del Interior ( hoy martes 3/11), el cuerpo de delegados de capital (jueves 5/11) y la Comisión Directiva Provincial para analizar el escenario planteado por el pago parcial de la deuda por retroactivos y la falta de pauta 2020, hasta ahora por parte de la corte suprema.


AGEPJ reitera la valoración ya expresada que es la lucha llevada a cabo durante todo el año por el pago de los retroactivos la que en definitiva ha logrado obtener el pago. Los 13 paros realizados, de los cuales 11 han sido salariales han mantenido encendido el reclamo por esa deuda. Además de ello también utilizamos la herramienta jurídica y los casi mil recursos administrativos presentados penden sobre el TSJ y la Provincia como reaseguro de que al resto de esa deuda la vamos a cobrar de una u otra forma y de que no hay ningún renunciamiento al respecto.


Atinente a la pauta 2020 la situación se mantiene muy complicada, sin resolución. Por lo que continuamos en estado de alerta y movilización acompañando el reclamo de los judiciales federales para obtenerla. En la reunión del día viernes 30/10 el TSJ ya fue advertido por AGEPJ que de mediar cualquier incumplimiento o demora en el pago habrá nuevas medidas de fuerza.


Aguardamos también resoluciones sobre los distintos puntos que conforman la agenda gremial.
La lucha continúa. Reclamamos:
.Pago total del remanente de retroactivos adeudados –dos ítems completos y uno parcial resultante del pago parcial de enero 2020-
.Derogación de la reforma previsional que perjudica a los actuales y futuros jubilados.
.Pase a planta de todas y todos los contratados, ascensos, protocolo de actuación y orden de mérito propio para los equipos técnicos.
.Apertura de negociación convencional para la regulación del teletrabajo.
.Compensación de la feria de julio 2020.


El Viernes 30 de Octubre la presidenta del Tribunal Superior de Justicia María Marta Cáceres de Bollatti mantuvo reunión con la compañera y compañeros de Comisión Directiva Agostina Noccioli, Federico Cortelletti y Adrian Valan. La misma comunicó que al pago de los 3.500 pesos a cuenta, efectuado en enero se sumará el pago de 5 retroactivos más de los adeudados. Será en 5 cuotas mensuales consecutivas a partir de la segunda semana de noviembre.

 

 

AGEPJ mantiene el reclamo gremial y jurídico por la totalidad de la deuda. También se abordaron los demás temas de la agenda gremial (Pago total del remanente de retroactivos adeudados, dirigido al ejecutivo la derogación de la reforma previsional que perjudica a los actuales y futuros jubilados, pase a planta de todas y todos los contratados, ascensos, protocolo de actuación y orden de mérito propio para los equipos técnicos, apertura de negociación convencional para la regulación del teletrabajo, compensación de la feria de julio 2020. ) refiriendo la presidenta que las áreas pertinentes trabajan en ello.


El anuncio no es una concesión graciosa de un Tribunal Superior que abunda en incumplimientos, ni aparece por que si justo en este momento. Indudablemente el plan de lucha llevado adelante a lo largo del año e intensificado el último mes ha dado resultado. 13 paros comenzando en febrero, de los cuales 11 han sido estrictamente salariales, las movilizaciones y los casi 1000 reclamos administrativos presentados llevan a este cumplimiento parcial con lo adeudado. Reflejo de ello fueron los reclamos y presiones de los colegios de abogados por la ralentización del funcionamiento del servicio a causa de las medidas.

 


AGEPJ continúa en estado de alerta por la pauta salarial 2020 que aún no ha sido resuelta por la corte por lo que en la semana venidera se acompañaran con cuerpos orgánicos las nuevas acciones que realizaran las y los judiciales federales. A su vez para analizar el escenario y las cuestiones pendientes en esta coyuntura y novedad salarial anunciada se convocó también para la semana venidera a un consejo consultivo del interior, al cuerpo de delegados de capital y a una nueva reunión de comisión directiva provincial.

CONTINUAMOS CON EL PLAN DE LUCHA. NUEVO PARO Y CARAVANA DE AUTOS

En continuidad del plan de lucha que se viene desarrollando por aumento salarial y el pago de los retroactivos la Comisión Directiva de AGEPJ decretó hoy (21 de octubre) un nuevo paro y movilización.  La medida se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre con una caravana de protesta en vehículos el día Lunes 26 de octubre por la mañana (a las 10 hs. con concentración en Cañada y Duarte Quirós).

EXIGIMOS QUE NOS PAGUEN LO QUE NOS DEBEN

Como lo expresábamos ayer en el balance del paro del día 20 no hay hasta el momento ningún tipo de respuesta del empleador ni del gobierno de la provincia acerca del pago de los retroactivos adeudados. Por ello, además de las medidas gremiales continuamos presentando los reclamos administrativos preparando el camino para demandar judicialmente a la provincia si es necesario para el efectivo cobro.

EXIGIMOS UNA INMEDIATA PAUTA SALARIAL 2020

Tampoco hubo hasta el momento novedades de la corte suprema de cuya decisión dependen los aumentos en nuestro sistema salarial por ello hay continuidad de las acciones de los empleados y empleadas federales y nuestras medidas de fuerza van en el mismo sentido de exigir que inmediatamente se establezca la pauta salarial 2020.

BASTA AL ABUSO DEL EMPLEADOR

Además del evidente deterioro económico que la pandemia está provocando, la demora e incumplimientos del empleador son cada vez más irritantes en el contexto que nos toca vivir. En efecto, las empleadas y empleados judiciales venimos trabajando desde el inicio de la cuarentena como una actividad no exceptuada, hemos sufrido contagios, fallecimientos y actualmente un uso abusivo del teletrabajo con extensiones ilegales de jornada y sobreexplotación del trabajo en numerosas áreas del Poder Judicial.

PARAMOS POR:

Aumento Salarial-Pauta 2020.

Pago de los retroactivos adeudados.

Derogación de la reforma previsional que perjudica a los actuales y futuros jubilados.

Pase a planta de todas y todos los contratados, ascensos, protocolo de actuación y orden de mérito propio para los equipos técnicos.

Apertura de negociación convencional para la regulación del teletrabajo.

Compensación de la feria de julio 2020.

HAY OTRA AGENDA

Los trabajadores y trabajadoras argentinas y las y los cordobeses en particular asistimos a una increíble ofensiva de distintos sectores que intentan imponer una agenda pública de claro signo reaccionario y antidemocrático y con evidente apoyo periodístico. La agenda incluye las conocidas recetas empresarias que postulan la reforma laboral con eliminación de derechos históricos de los trabajadores como indemnizaciones, salarios dignos y en blanco, estabilidad en los puestos de trabajo, además de un ajuste en el Estado del que sin embargo utilizan sin escrúpulos todos los beneficios que este pone a su disposición.

Están presentes también fuertes expresiones de ultraderecha por parte de sectores que serían minúsculos pero que gozan de una importante difusión. En el combo entran también las posiciones de rechazo a las limitaciones sociales que impone pandemia, como las movilizaciones anti- cuarentena o una campaña proponiendo la quema de barbijos, sin importar el dato objetivo de casos infectados y muertos por el Covid-19, actitudes que demuestran una grave falta de responsabilidad social y compromiso con la comunidad.

Todo ello condimentado con ataques de inusitada violencia hasta personal contra iniciativas políticas que fueron promesas de campaña del Gobierno Nacional votado mayoritariamente por los argentinos, contra decisiones judiciales que no deberían cuestionarse o la pretensión de imponer a Legisladores Nacionales si pueden o no dar quorum en el Congreso Nacional, lo que debería ser la primera obligación de los representantes del Pueblo, a los que luego seguramente se criticará por no trabajar.

En el marco de esa agenda hemos hecho público el rechazo a la Ley 10.694 (manifestado por los legisladores representantes del movimiento obrero de Córdoba en la Legislatura Provincial), que conlleva pérdida de derechos previsionales de los jubilados y de los trabajadores que aportan a la Caja de Jubilaciones.

En síntesis, es una Agenda claramente opuesta a los intereses y derechos de los trabajadores y peligrosamente antidemocrática. Desde la CGT Regional rechazamos esta agenda y proponemos una que haga foco en:

  • El pleno respeto a las Instituciones y a quienes fueron electos por el Pueblo para gobernar o ejercer su representación, exigiendo una actitud más firme hacia quienes atacan las instituciones de manera pública, ya sea en manifestaciones callejeras como en los medios de comunicación
  • La protección del trabajo digno frente a la pérdida de puestos de trabajo, que se siguen produciendo, incluso con el visto bueno de algunos tribunales que justifican despidos mediante actas de escribanía, pese a estar expresamente prohibido, con lo que los empresarios disponen a su
  • La protección sanitaria efectiva de los trabajadores que están prestando servicio en riesgo. Prioritariamente a los trabajadores de la Salud que están en la primera línea de lucha contra la Pandemia, en general en número insuficiente y con falencias en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, tanto en el ámbito estatal como Y de los trabajadores de todas las actividades esenciales que prestan servicio en condiciones a menudo insuficientes por la irresponsabilidad de no pocos empresarios y el escaso control del Estado sobre el tema.

En el mismo sentido, nuestra agenda propone:

  • poner fin al trabajo precario que crece inconteniblemente tanto en el ámbito privado como en el propio Estado en todos sus niveles, lo que incluye un fuerte impulso para que los trabajadores de la Economía Popular se incorporen rápidamente a la
  • La protección efectiva del salario ya que, como producto de la conducta de no pocos empresarios, a menudo los trabajadores reciben como paga sólo lo que aporta el
  • La asistencia del Estado para que ninguna familia sufra
  • El cuidado irrestricto de los compañeros y compañeras jubilados/as, tanto en haberes como en beneficios, sin importar del sistema que
  • La protección de las obras sociales sindicales, herramienta fundamental en tiempos de cuidados extremos de la salud, con ingresos deprimidos en los salarios de la actividad privada.
  • El debate público frente a la decisión de entes oficiales de servicios de cerrar oficinas de atención al público en el interior de la
  • Así también la designación de todas las vacantes en el sistema educativo, de modo de garantizar el derecho social a la educación.Al proponer esta Agenda, la CGT Regional Córdoba RATIFICA su voluntad de exponer públicamente y

    con claridad los temas que afectan a los trabajadores, particularmente en tiempos de Emergencia Sanitaria y de RECLAMAR para ellos la atención y las soluciones que su dignidad reclama.

Las empleadas y empleados judiciales recibimos el domingo 3 de mayo un amargo regalito. Un artículo periodístico del principal diario provincial textualmente dice que “La crisis otra vez pasa de largo en tribunales”. Como siempre, ponen a las trabajadoras y trabajadores en el mismo barco que magistrados y eso, sabemos que no es así. Nuestros bolsillos son la prueba más elocuente. Sí se enuncian correctamente los privilegios que detenta ese sector (magistrados), pero erran cuando se refiere a empleadas y empleados. Nosotros si tenemos un ajuste salarial a la baja de hecho. A diferencia de los demás sectores públicos de la provincia, los judiciales tenemos desde hace 6 meses un recorte salarial del 10% de facto, con una deuda creciente y somos el único sector público que no tuvo aumento en el año 2020.

En el apartado previsional es más que forzado el intento de asimilar nuestra situación a los magistrados. Nosotros aportamos un 18% para cobrar la misma jubilación que el resto del sector público y poniendo en relación tomando los aportes de empleados y empleadas con las jubilaciones que para el sector paga la caja somos superavitarios. El déficit se visualiza si se suma al sector de magistrados. Dicho más claro: el déficit de la caja respecto del poder judicial lo generan los magistrados. Sector que por otra parte hace un esfuerzo previsional del 12% y para acceder a otro régimen jubilatorio con exigencias menores en cuanto a años de aportes y menor edad jubilatoria.

Para nosotros, al contrario de lo que dice el artículo no hay ninguna “máquina de la felicidad”. Cada aumento que por derecho nos corresponde al haber un acuerdo firmado en la misma mesa por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y nuestro gremio judicial desata una cadena de incumplimientos y dilaciones por parte del Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial. La inmensa cantidad de paros, ocupaciones del salón de los pasos perdidos y movilizaciones en los años recientes son la consecuencia de ello. Si existiera el artefacto infelizmente evocado por la autora del libelo las y los judiciales no hubiéramos desarrollado tal nivel de conflictividad.

La falacia se agiganta más aún si ponemos en contexto histórico el ya mencionado fragmento del texto (“La crisis otra vez pasa de largo en tribunales”). Todo lo contrario, a las trabajadoras y trabajadores las crisis NO nos pasan de largo, nos impactan una y otra vez. Es así que aún estamos bajo la emergencia establecida por el gobernador Ramón Mestre en 1995 y desde ese año se nos adeuda aun el uno por ciento por año de antigüedad. Distinto es el caso de magistrados que en muy poco tiempo salieron de esa emergencia otorgándose antigüedad en el título y obteniendo la devolución de los montos recortados.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que «No aceptamos el recorte de nuestro salario, a las empleadas y empleados judiciales nos deben la última parte del aumento de 2019 y todos los retroactivos. No estaba la excusa de la pandemia en ese momento y es lo que por la firma de los Poderes Ejecutivo y Judicial nos corresponde. Cuando las evidentes restricciones de la cuarentena en curso lo permitan reanudaremos el mismo plan de lucha interrumpido en marzo».

El Secretario Adjunto Adrián Valan acotó que: Los únicos que no pierden en ninguna crisis son los magistrados, no perdieron en el 95’, no perdieron en 2001 y ahora tampoco. Con la anuencia del Poder Ejecutivo desde 2005 iniciaron un proceso por el cual fueron tomando tajadas de dinero cada vez mayores de la masa salarial en detrimento de los salarios de empleadas y empleados, el cual fue coronado con la equiparación de la que dejaron al margen a las y los trabajadores. Por eso no aceptamos recortes ni descuentos en nuestros salarios.

Luego del último paro con movilización se mantiene la falta de respuesta del poder ejecutivo y el TSJ con respecto a la liquidación de 10% correspondiente a diciembre y retroactivos. Sumado a ello el TSJ se niega a adoptar las medidas suficientes para cuidar a la planta de trabajadores y trabajadoras ante la crisis sanitaria creada por el coronavirus. Por eso la Comisión Directiva de AGEPJ decidió la continuidad y profundización del plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, a saber:

 

  • Paro por 72 hs sin marcación ni asistencia para los días 18, 19 y 20 de marzo.
  • Paro de 72 hs sin marcación ni asistencia los días 27, 30 y 31 de marzo.

 

Estas medidas se toman ad referéndum de la Asamblea General extraordinaria a realizarse cuando mejoren las condiciones sanitarias.

Una vez más, los empleados y empleadas del Poder Judicial, hicimos un paro con altísimo acatamiento. Esta vez se cumple una medida de 48 horas en el interior y de 38 hs. en capital que incluyó abandono de tareas, movilización y asamblea frente a la sede del Ministerio de Finanzas. Allí se entregó un escrito al ministro en el que se detalla la deuda reclamada y se exige solución definitiva a los problemas salariales que aquejan a las empleadas y empleados.

De no mediar respuesta, la semana que viene intensificaremos las medidas camino a una paralización total de la actividad.

 

El gremio de Judiciales de Córdoba decretó un nuevo paro para los días 12 y 13 de marzo del corriente al no tener novedades de cumplimiento de las sumas adeudadas por el TSJ.
El conflicto salarial en el Poder Judicial comienza a escalar y a los tres paros ya realizados se suma ahora la nueva convocatoria a un paro de dos días con la novedad de que se ha previsto una movilización hacia el ministerio de finanzas de la Provincia de Córdoba.

Para la semana siguiente, día 17 de marzo la Comisión directiva de AGEPJ ha convocado a una Asamblea General Extraordinaria que con la presencia de todas las sedes y delegaciones de la provincia evaluará la marcha del conflicto y dispondrá nuevas medidas de fuerza si a la fecha no hay ofertas de pago de lo adeudado.
En el Interior el paro comienza a las 0 hs. del día 12 de marzo y termina a las 24 hs. del día 13 de marzo o a la finalización del turno donde exista trabajo nocturno. Es sin marcación ni asistencia con la convocatoria el día 12 a trasladarse hacia la capital para participar de la movilización programada.
En capital el paro comienza a las 10 hs. del día 12 de marzo y termina a las 24 hs. del día 13 de marzo o a la finalización del turno donde exista trabajo nocturno. Con Marcación y asistencia el 12 y sin marcación ni asistencia el día 13.
La movilización será el 12/03 al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, previo abandono de tareas a las 10:00hs. y concentración a las 11:00 hs. en el edificio de tribunales I.