Informamos que el Gobierno de la Provincia dispuso el pago de un bono escolar de $125.000 por cada hijo/a en edad escolar, que será depositado el próximo sábado.
En el caso del universo judicial, este bono sí corresponde, ya que se trata de un refuerzo vinculado al punto adicional por ayuda escolar que abona la Provincia. Sin embargo, al estar atado al régimen de asignaciones familiares provinciales (Decreto N° 396/2015 – Asignaciones Familiares), cuyos topes de acceso son bajos y se calculan sobre el salario bruto, la cantidad de trabajadoras y trabajadores judiciales alcanzados es muy reducida.
De acuerdo a las estimaciones disponibles, no más de 160 personas del Poder Judicial percibirán este bono.
Desde nuestro sindicato valoramos que se disponga una compensación para quienes perciben asignaciones familiares provinciales y cuentan con salarios más bajos, en el marco del inicio del ciclo lectivo. No obstante, la medida resulta claramente insuficiente frente a la profunda pérdida salarial que atraviesan todas las y los trabajadores judiciales.
Esta situación se ha agravado particularmente a partir de la suba de los aportes personales jubilatorios y de APROSS, impuesta unilateralmente por la Provincia, que en muchos casos supera más de un tercio del salario de quienes realizamos mayores aportes.
Por eso, desde nuestra organización y junto con el conjunto de gremios aportantes a la Caj, sostenemos que los recursos recientemente comprometidos por el Gobierno Nacional para asistir a la Caja de Jubilaciones de la Provincia deben destinarse a reparar el perjuicio generado por la llamada Ley de “Equidad Jubilatoria”. En ese sentido, exigimos:
* La derogación inmediata de los efectos de la Ley de Equidad Jubilatoria N° 11.087, ampliamente cuestionada por nuestro sector tanto en el plano gremial como legal, por recortar los haberes de jubiladas, jubilados y trabajadores activos, y por habilitar aumentos de aportes sin instancia de negociación previa.
* La reversión de la suba de aportes impuesta, que significó una transferencia regresiva de ingresos desde las y los trabajadores hacia las arcas fiscales, profundizando la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios y jubilaciones.
