Desde la Central de APROSS se informó las afiliadas y afiliados modalidad de dispensa farmacéutica durante el período de pandemia de covid19 o hasta la puesta en vigencia de la receta digital / elctrónica para las siguientes modalidades:
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Fuero de Violencia Familiar. Receso sanitario
La convocatoria a empleadas y empleados a prestar servicios durante el receso sanitario se formaliza por resolución de las autoridades del Poder Judicial. No es resorte de los magistrados
El día 24/03 (feriado nacional) las empleadas y empleados del Fuero de Violencia Familiar recibieron audios emitidos por sus Secretarias y/o Juezas mediante la aplicación “Whatssapp”. En tales comunicaciones se les imponía que a partir del día 25/03 a las 08 horas se implementaría el TELETRABAJO para una parte de la planta del fuero.
Tal comunicación constituye una clara informalidad y no es procedente. Además de ello la resolución del TSJ (Acuerdo Reglamentario 1620 Serie A) que dispuso el funcionamiento de emergencia bajo la modalidad de receso sanitario, no dispone que sea facultad de jueces o secretarios la convocatoria a prestar servicios sino que ello está delegado en la Administración del Poder Judicial. Asimismo es a través de este órgano como se debe establecer la modalidad de trabajo, las condiciones y mecanismo de selección de quienes son convocados y quienes no, no pudiendo quedar al mero arbitrio de un funcionario.
Por tal razón, inmediatamente la delegada del Fuero, compañera Daniela Bergesio inició comunicaciones con diferentes empleados, empleadas, funcionarios y la Comisión Directiva de AGEPJ.
Atento a tales comunicaciones irregulares por parte de magistrados y funcionarios exigiendo la disposición para que se les asignen tareas, la Comisión Directiva de AGEPJ comunica a las empleadas y empleados del fuero que dichas directivas DEBEN ser emitidas por una resolución de la Administración del Poder Judicial o resolución de la presidencia del TSJ. Por tanto nadie está obligado a prestar tareas hasta que dicha resolución así lo imponga. Además debemos reiterar, teniendo en cuenta una práctica irregular desplegada por Magistrados y funcionarios del Fuero de Niñez, Juventud y Violencia Familiar que la jornada laboral de las empleadas y empleados es de 8 a 14 horas tal como lo fija la ley provincial N° 8575 en su artículo 16.
Conforme lo venía solicitando el sindicato- y se hizo público el pasado sábado 21 de marzo por nota periodística de La Voz del Interior- hoy miércoles 25 de marzo el MPF formalizó la creación de una Unidad Fiscal sólo para causas con presos que se ubicará en el edificio de Tribunales dos que en principio, estaría gestionada exclusivamente por Magistrados y Funcionarios.
En diversas comunicaciones dirigidas al MPF se expresó que las causas con presos son el principal motivo –por su tiempo de tramitación- que provoca una gran aglomeración de personas en las unidades judiciales a espera de poder radicar su denuncia. Por ello, con esta medida se disminuirá sensiblemente el tiempo de espera y por ende la presencia de muchas personas en las Unidades Judiciales, aligerando también el desempeño de las empleadas y empleados de las unidades judiciales.
Se rescata la decisión de las máximas autoridades del MPF de avanzar en esta decisión que convoca al servicio a magistrados y funcionarios, tomando nota de la sobrecarga de trabajo que las compañeras y compañeros sumariantes están padeciendo. Con ello se corrige el despropósito de que hasta ahora, en el fuero penal casi las únicos y únicas que ponen el cuerpo a la crisis sanitaria son sumariantes.
Lamentablemente la Resolución 13/20 de Creación de la Unidad Fiscal Inmediata, que tramitará las causas con persona aprehendidas deja fuera de esta operatoria a la Unidad Judicial de Delitos Especiales (Jefatura) y Unidad Judicial del Polo Integral de la Mujer. No parece lógica y explicable tal determinación ya que asisten para estas unidades judiciales y sus trabajadores y trabajadoras las mismas razones por las cuales oportunamente AGEPJ pidió la medida. Por tal motivo, hoy mismo inmediatamente conocida la resolución la Comisión Directiva solicitó al MPF la rectificación de dichas exclusiones y reiteró el pedido de cumplimiento en las dependencias judiciales de las medidas de bioseguridad dispuestas en el protocolo del ministerio de salud de la provincia para organismos con atención al público. Solicitud que abarca también a los cuerpos operativos de Policía Judicial que siguen realizando las tareas más duras y penosas asistiendo a los hechos de violencia urbana que no cesan aún en medio de la pandemia.
Los cuerpos orgánicos de AGEPJ fiscalizaron la implementación del esquema de receso en su primer día de funcionamiento. Se presentaron notas al Tribunal Superior: por Equipos Técnicos y solicitando compensación del trabajo en receso. Se presentaron notas a la Superintendencia de Río Cuarto y Fiscal de Turno de Villa María
La Comisión Directiva Provincial cursó nota al Tribunal Superior de Justicia referida al acuerdo que dispone el receso, solicitando entre otras cuestiones se otorgue la compensación correspondiente al personal que preste servicios, se abra un registro de voluntarias y voluntarios para desempeñarse en reemplazo de las designaciones compulsivas, el cumplimiento con la provisión de material de higiene y limpieza y ante el avance de la epidemia, la constitución de un comité de crisis con integración de diversos actores, entre ellos nuestro sindicato.
Otra nota de similar tenor fue presentada referida a los Equipos Técnicos solicitando la suspensión de las entrevistas domiciliarias y que las intervenciones de las y los profesionales afectados a cumplir tareas durante el receso sanitario sean solo en las causas que impliquen carácter urgente y grave postergándose aquellas intervenciones que se puedan realizar una vez que se retome la actividad normal dentro del Poder Judicial.
A su vez en las distintas seccionales y delegaciones del interior provincial las comisiones directivas, delegados y delegadas fiscalizaron la entrega de material que prevenga o proteja de algún modo el contagio así como el cumplimiento del acuerdo en cuanto el mismo refiere que la prestación del servicio se hará en condiciones de higiene y salubridad.
Específicamente las compañeros y compañeras de la Comisión Directiva de Río Cuarto, realizado esta tarea advirtieron también que había dos juzgados completos en los que los magistrados habían obligado al personal a presentarse a trabajar en violación de lo establecido en el acuerdo. Al respecto se presentó la nota respectiva, se mantuvo una reunión con la Superintendencia local a fin de hacer cesar dicha situación y que no se repita en el futuro.
En tanto la Comisión Directiva de Villa María le manifestó por nota a la Fiscal de turno el desacuerdo en la forma en que se organizó el receso respecto a la fiscalía. Se solicita que en las semanas venideras se mantengan los turnos preestablecidos para las fiscalías, que las mismas funcionen con un esquema reducido de personal propio lo que aseguraría un esfuerzo rotativo y por ende compartido de las empleadas y empleados de todas las fiscalías, además de que cada fiscalía seguiría trabajando sobre sus causas exclusivamente.
Luego de la reiteración de pedidos de AGEPJ (tres notas del 12, 13 y 16 de marzo) y sendas solicitudes del Colegio de Abogados y Asociación de Magistrados el TSJ emitió una comunicación que establece un “receso judicial extraordinario por razones sanitarias hasta el 31 de marzo”.
Si bien la resolución viene a responder lo que, en resguardo de la salud desde AGEPJ hemos estado solicitando: “un esquema reducido de personal y actos procesales que impidan que haya una circulación importante de personas en tribunales” y que se está dando una respuesta de manera similar a otras provincias la misma llega con la demora de al menos un día, que en el contexto de una epidemia cuenta y mucho ya que dicho proceder ha agregado incertidumbre y caos lo que no debiera ser propio de la conducción de un poder del estado que tiene que responder adecuadamente a situaciones de urgencia y crisis.
La norma en cuestión establece que el personal será designado por el TSJ y que no habrá compensación de ningún tipo. En comunicación con la Administración estamos en conocimiento que se tomaría como base, no exclusivamente el esquema de las empleadas y empleados que cumplieron tareas los primeros 15 días de enero. Si bien reconocemos que la premura del caso induce a esta decisión práctica, desde AGEPJ estamos solicitando que se abra un registro de voluntarios y voluntarias que deseen prestar el servicio en este dramático momento que afrontamos como sociedad para que efectúen el reemplazo de las o los que habiendo sido notificados no deseen desempeñarse. Asimismo que se otorgue algún tipo de compensación para resaltar dicha disposición, porque entendemos que en este contexto esos compañeros y compañeras lo merecen por el trabajo diferenciado que realizaran en beneficio de la comunidad toda.
. Asimismo continúa preocupando mucho a esta Asociación Gremial la forma de implementación del servicio en estas condiciones ya que se agrega incertidumbre, caos y arbitrariedades en cada oficina para la designación del personal que se queda a cubrir, lo que no es propio de una patronal que tiene que poder anteponerse a situaciones de urgencia y crisis. La norma establece que el personal será designado por el TSJ y que no habrá compensación de ningún tipo. En comunicación con la Administración estamos en conocimiento que se tomaría como base, no exclusivamente el esquema de las empleadas y empleados que cumplieron tareas los primeros 15 días de enero. Si bien reconocemos que la premura del caso induce a esta decisión práctica, desde AGEPJ estamos solicitando que se abra un registro de voluntarios y voluntarias que deseen prestar el servicio en este dramático momento que afrontamos como sociedad para que efectúen el reemplazo de las o los que habiendo sido notificados no deseen desempeñarse. Asimismo que se otorgue algún tipo de compensación para resaltar dicha disposición, porque entendemos que en este contexto esos compañeros y compañeras lo merecen por el trabajo diferenciado que realizaran en beneficio de la comunidad toda.
De todos modos es necesario tener en cuenta que al disponerse un esquema de feria los compañeros que se desempeñen en la misma ejercerán una atención reducida a un número mucho menor de casos, limitada sólo a algunos actos por tanto habrá una baja interacción que es lo que en definitiva se pretende evitar o reducir.
En relación a las Unidades Judiciales AGEPJ ha solicitado que se adopten medidas que conduzcan a la reducción de concurrencia de ciudadanas y ciudadanos a las mismas, en tal sentido se disponga un método para efectuar denuncias sin presentarse personalmente en las unidades judiciales. Asimismo activar el protocolo de feria acordado en su momento con AGEPJ que determina, entre otras cosas que las o los sumariantes atiendan sólo lo urgente, esto es causas con presos, desaparición de personas, episodios graves de violencia familiar en tanto que para los demás casos se utilice la denuncia vía web o en todo caso ante la insistencia del ciudadano o ciudadana iniciarse por acta por comisionado o policía de la guardia y después de la feria sanitaria citarlo a declarar. También que se adopten medidas para que exista un ingreso controlado de un número reducido de personas denunciantes por vez, para lo cual se requerirá cooperación policial. De igual modo se requiere una reducción de horas de trabajo de las compañeras y compañeros que se desempeñen en la feria, la provisión de kits sanitarios para que la exposición de las empleadas y empleados que atiendan al público supere condiciones de bioseguridad, al mismo tiempo que reitera la provisión de vidrios o acrílicos que oficien de separador y resguarden la salud tanto del que denuncia como de las y los sumariantes.
En relación a los Equipos Técnicos AGEPJ solicitó que se suspendan las entrevistas en domicilio y se realicen sólo intervenciones en casos de extrema urgencia. Asimismo esclarecer la confusión generada por la falta de claridad de las diferentes resoluciones emanadas en el día de la fecha de la Dirección de Servicios Judiciales en torno a la modalidad de cubrir el receso de emergencia por parte de los equipos técnicos ya que todo ello ha generado un caos que afecta el servicio de justicia y pone en riesgo de contagio tanto a la población y las y los profesionales.
Respecto a las medidas de fuerza dispuestas, paros de 72 horas programados para esta semana y la siguiente, los mismos se tornan abstractos ante un esquema como la feria. AGEPJ mantiene el reclamo por nuestro legítimo derecho de percibir las sumas retroactivas y aumento salarial adeudado y las medidas de fuerza se reprograman para después del 31 de marzo o para cuando finalice la disposición de emergencia si la misma se extiende y si se mantiene aún la situación de incumplimiento salarial.
La dramática situación que vivimos se impone y todos los actores sociales debemos operar solidaria y responsablemente para evitar el dantesco espectáculo al que diariamente asistimos observando la realidad de países como Italia y España donde la propagación del covid-19 parece estar fuera de control causando una enorme mortalidad y colapso del sistema sanitario para poder enfrentarlo. A tenor de lo dicho AGEPJ solicita al Tribunal Superior a conformar un comité de crisis con participación de diversos actores, incluido nuestro sindicato a fin de tomar colectivamente decisiones para enfrentar eficazmente la situación
Luego del último paro con movilización se mantiene la falta de respuesta del poder ejecutivo y el TSJ con respecto a la liquidación de 10% correspondiente a diciembre y retroactivos. Sumado a ello el TSJ se niega a adoptar las medidas suficientes para cuidar a la planta de trabajadores y trabajadoras ante la crisis sanitaria creada por el coronavirus. Por eso la Comisión Directiva de AGEPJ decidió la continuidad y profundización del plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, a saber:
Estas medidas se toman ad referéndum de la Asamblea General extraordinaria a realizarse cuando mejoren las condiciones sanitarias.
En el día de la fecha solicitamos, por tercera vez y con carácter de urgencia al Tribunal Superior de Justicia adopte una drástica reducción de funcionamiento en los Tribunales de toda la provincia en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el Ejecutivo Nacional y Provincial.
En este sentido calificamos de insuficientes la medidas sanitarias adoptadas hasta el día de la fecha por el TSJ dado que no están en linea con las medidas sanitarias recientemente adoptadas a nivel nacional y provincial para disminuir la propagación del virus y evitar un pico de contagios que haga colapsar el sistema sanitario con las dramáticas consecuencias que ello conllevaría. Es una responsabilidad del alto cuerpo como empleador garantizar la salud tanto de las empleadas y empleados judiciales como el bien colectivo salud de la población en general. En el pedido urgente del gremio también se hace hincapié en la situación derivada que genera la suspensión de clases en el personal que tiene hijos y se solicita atención al respecto.
El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expreso “ Hasta ahora el Tribunal Superior dispuso una licencia para embarazadas y grupos de riesgo, pero en una muestra más de la insensibilidad a las que nos tiene acostumbrados se niega a adoptar medidas más drásticas que reduzcan al mínimo el funcionamiento de los tribunales saboteando de este modo los objetivos sanitarios de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional o los provinciales que ya dispusieron suspensión de clases.”
El Secretario Adjunto Adrián Valan sostuvo que “Nuestra capacidad de asombro se ve nuevamente sobrepasada por el Tribunal Superior. No toma medidas acorde a la gravedad de lo que pasa con el agravante que sabe perfectamente que dentro del Poder Judicial hay edificios, oficinas y dependencias que no reúnen condiciones de salubridad. Por ejemplo hay baños para compartir por más de 50 personas, baños fuera de los edificios o falta de provisión de insumos de limpieza e higiene como jabón, papel higiénico, lavandina. Por caso, en Tribunales 2, el edificio más grande del Poder Judicial recibe una casi nula provisión de jabón, bolsas u otros elementos de limpieza desde el año pasado.”
Una vez más, los empleados y empleadas del Poder Judicial, hicimos un paro con altísimo acatamiento. Esta vez se cumple una medida de 48 horas en el interior y de 38 hs. en capital que incluyó abandono de tareas, movilización y asamblea frente a la sede del Ministerio de Finanzas. Allí se entregó un escrito al ministro en el que se detalla la deuda reclamada y se exige solución definitiva a los problemas salariales que aquejan a las empleadas y empleados.
De no mediar respuesta, la semana que viene intensificaremos las medidas camino a una paralización total de la actividad.
AGEPJ solicitó el 11 de marzo al Tribunal Superior y al Ministerio Público Fiscal que garanticen en el espacio laboral todas las acciones preventivas para las epidemias de coronavirus y dengue. En la nota presentada se pidió que “se extremen los recaudos y se tomen todas las medidas preventivas posibles para evitar la difusión de las enfermedades de Corona Virus y Dengue. Complementariamente se instrumente una comunicación que brinde información fehaciente apelando –para prevenir- a la responsabilidad social de cada integrante del MPF y que lleve toda la tranquilidad posible ante la gravedad del tema.” Específicamente se requiere que con el objeto de proteger a las empleadas y empleados judiciales y la población que concurre al servicio de justicia que en las Unidades Judiciales se coloque un separador de vidrio y/o plástico transparente (en las áreas de admisión o recepción de público) lo que evitaría el contacto directo y posible contagio. Asimismo en todos los ámbitos, provisión de lapiceras, ya que la escasez de las mismas implica que de manera permanente estas sean utilizadas por varias personas. También adecuada provisión de jabón, repelente para mosquitos, fumigaciones preventivas con aplicación de larvicidas y descacharrado o limpieza en dependencias que lo ameriten. Complementario a ello se adquieran barbijos para proveer al personal que se desempeña en atención al público.”
Ante las novedades informativas de público conocimiento de avance de la enfermedad de coronavirus, que hasta han motivado un Decreto Presidencial de Necesidad y Urgencia AGEPJ amplió el pedido al Tribunal Superior para que “ante el hecho de que las autoridades prevén como inexorable la evolución del virus, elabore un esquema para reducir al mínimo las actividades en todas las dependencias. En su caso, si la gravedad lo amerita disponga el cese de actividades, conservando en todo caso un nivel de funcionamiento similar a lo que ocurre durante las ferias.”
El comunicado gremial agrega que ello “disminuiría abruptamente la circulación y concentración de personas en dependencias tribunalicias en consonancia con la suspensión de actividades que implican aglomeración de personas dispuestas ya por diversos municipios, entre ellos el de la Ciudad de Córdoba, incluso la suspensión de clases adoptada por algunas provincias y en la nuestra por los colegios universitarios.
El Secretario General de AGEPJ expresó que: Respecto al coronavirus estamos atravesando una situación muy seria donde todas las medidas que se disponen desde los distintos niveles de salud nacional, provincial y municipal buscan que podamos parar la transmisión de la enfermedad. Para ello hay que minimizar las aglomeraciones de gente. Todo esto tiene un gran costo pero debe primar evitar el mal mayor que es la pérdida de vidas por contraer la enfermedad.
Comenzó a funcionar la comisión que elaborará el Protocolo del Poder Judicial para aplicar en casos de violencia laboral y de género. La comisión quedó definida mediante acordada N°308/2019 que estipuló su integración por Dr. Fabián Eduardo Faraoni (Familia); Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace; Dra. Susana Iris Ottogalli de Aicardi (Violencia Familiar); Dra. Sofía Andrea Keselmann Procupez (Laboral); Dra. Agustina María Olmedo (TSJ); Dra. María Celeste Rinaldoni (Sumarios Administrativos); Dr. Cristian José María Griffi (Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar); Dr. César Oscar Fortete (MPF); Dra. María Lourdes Compagnucci (MPF); Lic. Aída Isabel Manitta e Ileana Guerrero (Centro Núñez); Dra. Susana Velia Castellano (Laboral); Cristina Bosch (Recursos Humanos); Dr. Luis E. Paoloni (Asociación de Magistrados y Funcionarios) y la representación de AGEPJ en cabeza de las compañeras Agostina Noccioli y Lucía Bonafe.
La Pro-Secretaria de Cultura y Capacitación de Agepj Agostina Noccioli expresó que: Nos parece razonable y necesaria la conformación de la comisión redactora que integramos. Lo novedoso y a la vez delicado del tema lo requieren. Pero desde AGEPJ alertamos que el funcionamiento y el proceso de discusión deben tener un límite temporal porque los hechos de violencia se siguen sucediendo y por ello ante cada denuncia hay mucha confusión y desprolijidades para tratarlas. Todas y todos los empleados del Poder Judicial necesitamos cuanto antes la sanción de un procedimiento homogéneo y acorde a la problemática.
A su vez la Pro-Secretaria de Agrupamientos especiales de Agepj Lucía Bonafe acotó que “A la comisión redactora estamos llevando la voluntad de muchísimas compañeras que día a día literalmente ponen el cuerpo para que en Córdoba tengamos un mejor servicio de justicia. Todo en medio de las dificultades en que la discriminatoria –hacia empleadas y empleados- política salarial del TSJ nos mantiene. A pesar de esta voluntad y compromiso –repito mal pago- tenemos que soportar episodios de violencia laboral y de género. Por ello el clamor que cada vez resuena con más fuerza es por la urgente sanción de un protocolo, el TSJ debe tomar nota de ello.”
Algunos de los puntos principales que AGEPJ plantea en esta comisión son:
– Tomar como base el proyecto de protocolo presentado oportunamente por AGEPJ. Por tratarse el mismo de una exhaustiva sistematización de los protocolos ya en funcionamiento en distintos poderes judiciales con aportes pertinentes de protocolos vigentes en otras instituciones ajenas al funcionamiento de la justicia. De esta manera la comisión no partirá de cero en el tratamiento de esta temática que requiere mucha seriedad al mismo tiempo que premura, tal cómo lo sugieren los contundentes resultados de la encuesta diagnóstica ordenada por la Administración que hasta detectó casos de acoso sexual dentro del Poder Judicial.
– No elaborar nuevas definiciones de violencia ya que ellas están perfectamente delineadas en instrumentos legales internacionales (¬Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – conocida también como “De Belem Do Pará”, Resolución N°190 de la OIT) leyes nacionales (Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) y resoluciones ministeriales (resolución Nº 099 – Protocolo de actuación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba para la tramitación de denuncias de violencia laboral.), entre tantos otros.
– Creación de un órgano de aplicación que tendrá las funciones de prevención, difusión e intervención en los casos de violencia y/o conflicto laboral y seguimiento de los mismos. En tal sentido AGEPJ insiste en que debe dejar de incurrirse en el equívoco de la Administración de pretender procesar la cuestión de la violencia a través de la mediación y el enfoque individual, como lo viene haciendo la oficina de clima laboral. No corresponde por encuadre y además terminantemente lo prohíbe la ley (art. 28 Ley nacional 26.485). Insistimos en un abordaje social y contextual de la problemática. Asimismo que sostenemos la necesidad de la integración interdisciplinaria de este órgano y que funcione con la mayor independencia posible de la Administración General del Poder Judicial, a los fines de facilitar un trabajo realmente objetivo e imparcial.
El proceso llevado a cabo hasta aquí se inició con la presentación por AGEPJ al Tribunal Superior de Justicia el 8 de Marzo de 2019, de un Proyecto de Protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral y de género demandando su urgente implementación. Luego de ese hecho la Administración del Poder Judicial, al no compartir nuestras aseveraciones acerca de la magnitud de la violencia laboral y de género en el Poder Judicial, implementó una encuesta con el fin de diagnosticar la situación. Previsiblemente la encuesta corroboró la existencia de distintos tipos de violencia dentro de las oficinas. Finalmente, hoy nos encontramos discutiendo un articulado de protocolo para el Poder Judicial. Al respecto la segunda reunión está prevista para el día jueves 12 del corriente mes.
Luchamos por los trabajadores Judiciales y sus reivindicaciones históricas, por el Convenio Colectivo de Trabajo y las Negociaciones Paritarias. Estando presente en todas las oficinas, en cada fuero y el todas las localidades Interior Provincial.
