Desde AGEPJ repudiamos el accionar llevado adelante por el Jefe de RRHH Edgardo Dainotto que de manera prepotente, el día 2 de septiembre, hizo una recorrida por las Salas de la Cámara Única del Trabajo obligando a vocales, funcionarias y funcionarios que incumplan con la normativa sanitaria vigente.
En efecto, pese a que es obvio que aun transitamos una pandemia, y que siguen vigentes los protocolos de funcionamiento, el TSJ dispuso aumentar el trabajo presencial en las oficinas dejando que sean los y las titulares de los Juzgados y Cámaras, quienes evaluaran si los espacios físicos permitían respetar la distancia de 2 metros consagradas por el protocolo de funcionamientos para la Cámara Laboral, sancionado por el propio TSJ.
En razón de esto, es 
que la inmensa mayoría del fuero laboral (8 de 11 salas y 7 de 10 Juzgados de conciliación) habían decidido conservar algún sistema de rotación que permitiera no sólo garantizar la distancia -con el beneficio preventivo que esto supone para la salud- sino inclusive conservar trabajadoras y trabajadores en teletrabajo, dispuestos a rotar y/o reemplazar a quienes pudieran contagiarse y así evitar los cierres completos de oficinas.
Por otro lado, es unánime en el fuero que el sistema de rotación y teletrabajo, no sólo no ha perjudicado sino que ha significado un aumento en la productividad, haciendo incluso que vocales de la misma sala puedan tomar audiencia de manera simultánea, hecho casi imposible en la presencialidad absoluta. Ante esta situación en la que la mayoría decidió de manera sensata aumentar la presencialidad pero (repetimos, amparándose en la propia normativa del TSJ aún vigente) con determinados cuidados, el jefe de RRHH decidió darse una vuelta por las diferentes Salas, apretando jueces para que den marcha atrás con la decisión.
Hacemos responsable a Dainotto y al TSJ de cualquier brote de contagios que pudiera presentarse en el fuero y en cualquier otro lugar donde no se esté cumpliendo la normativa. Además de, en esa eventualidad las respuestas que deberan dar a la sociedad por el cierre completo de juzgados entorpeciendo así el funcionamiento normal de la justicia.
