El día de ayer (26/04) integrantes de las comisiones directivas provincial y de la seccional San Francisco realizaron diversas actividades gremiales en la ciudad mencionada.

Los compañeros Federico Cortelletti, Daniel Crivello, Javier Planas, Mario Rojo y Luciano Rabbia llevaron adelante en primer lugar una asamblea en la Unidad Judicial referida a la problemática de falta de personal que expuso el gremio y los acuerdos alcanzados para la incorporación de sumariantes policías y del Poder Judicial. Luego se celebró otra asamblea con las compañeras y compañeros del edificio de tribunales en la que se trataron entre otros temas de la agenda gremial la cuestiones salarial, de la carrera y el APROSS.


Referido a esto, situación del seguro de salud provincial se firmó en la Ciudad de San Francisco un importante convenio con el Centro Médico Filípides que cuenta con distintas especialidades y beneficios exclusivos para afiliadas y afiliados. Ello en similar línea a los ya firmados con instituciones de salud en Villa María y Cruz del Eje que asisten a las compañeras y compañeros de esas ciudades y alrededores.


Al final de la jornada nuestro Secretario General Federico Cortelletti mantuvo una reunión con quien ejerce la superintendencia de la sede judicial Dra. Roxana Beatriz Peredo en la que se abordaron tópicos relacionados a condiciones de trabajo, funcionamiento de la sede y del sistema de justicia en general .

Nuestro sindicato participó ayer 23 de abril en Villa Dolores, Río Cuarto, Córdoba y otras ciudades de la provincia con cuerpos orgánicos y activistas de las multitudinarias manifestaciones en defensa de las Universidades Públicas. En la ciudad de Córdoba AGEPJ marchó junto a otros gremios de todas las centrales sindicales.

La diversidad de movimientos, sectores, partidos políticos y personas con altas responsabilidades públicas que formaron parte del millón y medio de ciudadanas y ciudadanos que se movilizaron en todo el país marca un contundente mensaje para el gobierno nacional: la educación pública, en este caso la del nivel superior es un bien social que trasciende cualquier pertenencia política, religiosa o social y por tanto debe ser sostenida por el estado argentino.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Defendemos la universidad pública, la investigación y la innovación tecnológica asistida y financiada por el estado porque es la única posibilidad de que Argentina siga siendo un estado soberano. Sin eso estamos condenando para siempre las posibilidades de nuestro país de desarrollarse y solucionar los enormes problemas económicos y sociales que tenemos. Para que quede muy claro: sin universidad pública lo que está en juego es el destino de la patria y un futuro sombrío como colonia de otros países y corporaciones multinacionales que vienen por la apropiación privada de todo lo que hoy son bienes sociales.”

En tanto que la Secretaria Adjunta Agostina Noccioli agregó que “La educación pública es igualadora, en particular la formación universitaria permite ascenso social y en consecuencia una sociedad con mayores niveles de igualdad que nos ha distinguido como país en el resto del mundo. La existencia de universidad pública es la posibilidad de un modelo de país más justo y esa es la razón de nuestra participación como gremio en la histórica jornada de ayer.”

La Administración General del Poder Judicial contestó positivamente el planteo de AGEPJ por las horas fuera de la jornada que deben realizar las y los peritos del poder judicial que son convocados a audiencias judiciales en virtud de sus informes.

Para dicho reconocimiento las y los peritos deben elevar por la vía jerárquica correspondiente el detalle de las horas destinadas a la comparecencia por audiencias fuera del horario de trabajo habitual.

Sin embargo, AGEPJ rechaza las afirmaciones de la Administración sobre la supuesta existencia de una “hora de disponibilidad” ya que la jornada de las empleadas y empleados judiciales está fijada por la ley provincial número 8575 que expresamente prevé en su artículo 16: “como jornada laboral para el personal de los Poderes Legislativo y Judicial la de seis (6) horas diarias o treinta (30) semanales” pudiendo cumplirse de la forma que lo determinen dichos poderes pero no en exceso de las mismas. Es una obviedad, pero a tenor de la respuesta de la administración resulta necesario recalcar que una ley provincial, emanada del órgano que representa al pueblo de la provincia no puede ser derogada o desnaturalizada por un instrumento inferior en jerarquía (una acordada) emanado de un poder que no puede ni debe legislar, sino que imparte justicia aplicando dichas leyes.

El día lunes 8 de abril se llevó a cabo asamblea en la Unidad Judicial de San Francisco motivada en el largo reclamo por más personal y respeto de descansos y tope de horas. Tiempo atrás AGEPJ celebró el ingreso de personal en las UJ de capital, pero advirtió que se continuaba relegando el interior y que ello desmejora la calidad de la atención a la ciudadanía, al tiempo que vulnera derechos laborales.

En un contexto de exponencial incremento delictivo y por ende de denuncias, AGEPJ sostiene desde el 2023 y en lo que va de este año, un reclamo ante el MPF para que se incremente el número de personal en distintas unidades judiciales del interior. Una de ellas, donde la situación es muy preocupante, es la de la ciudad de San Francisco que, gestiona un número de sumarios similar a unidades judiciales de capital pero con la mitad del personal. Ello por supuesto repercute en dos dimensiones: la deficiencia del servicio de justicia por un lado y por otro, el menoscabo de los derechos laborales y la salud de empleadas y empleados.


En dicho escenario, a pesar de los contundentes y palmarios datos, el reclamo por ingreso de personal –que sí se satisfizo en parte para la capital- aún no encuentra eco en el MPF, por lo que se resolvió en San Francisco comenzar con un plan de lucha que incluyen asambleas rotativas en distintos turnos.

Luego de las asambleas de sumariantes y que el 8 de marzo AGEPJ decretara el alerta y movilización  el MPF anunció el ingreso de 17 sumariantes a partir del 3 de abril y, otros 7 en fecha a confirmar.

Las nuevas y nuevos empleados se distribuirán en número de 6 en el centro de recepción de procedimientos con personas aprehendidas y las restantes trabajarán de lunes a viernes en las unidades judiciales de capital y un fin de semana al mes como refuerzo en dicho Centro. Asimismo, se dejarán sin efecto, a partir de la segunda quincena de abril, los traslados intempestivos de sumariantes hacia el CRPPA.

Esto traerá alivio en la tarea de las y los sumariantes que debían responder con dotaciones insuficientes al aumento de los delitos, se respeta la jornada laboral y descansos legales de los mismos. Los reclamos han sido atendidos por el MPF y tanto la organización sindical como las y los sumariantes lo valoran positivamente.

Lamentablemente la solución es parcial ya que no se han obtenido ingresos para las unidades judiciales del interior, cuya situación en algunas sedes, es más grave aún por lo que exhortamos tanto al MPF como al ejecutivo provincial poner allí también el foco en la distribución de los recursos.

Ante la falta de respuestas por parte de la patronal respecto a las malas condiciones de trabajo a la que son sometidos los empleados y empleadas del predio de Accidentología Vial, especialmente aquellos que prestan tareas en las oficinas de Pericias Numéricas y Mecánicas cuando tienen que trabajar en el potrero del Estado, desde AGEPJ convocamos a asamblea para el día 27 de marzo desde las 7am.

Desde la asociación gremial de empleados judiciales reclamamos hace años soluciones estructurales respecto al nulo mantenimiento del predio, el cual perjudica y vulnera la salud de quienes tienen que acceder al lugar para llevar a cabo su trabajo.
Concretamente exigimos que, como primera medida, se implemente un plan sostenido en el tiempo para desmalezar y cortar los pastos del predio, los cuales usualmente superan la altura de los vehículos allí alojados. Es inconcebible pensar que se puede llevar a cabo algún tipo de pericia dentro del predio cuando los compañeros y compañeras ni siquiera pueden encontrar los móviles a peritar.

Esta situación se torna doblemente grave en el contexto sanitario actual, en donde los casos de dengue se multiplican día a día incluyendo a varios trabajadores del sector que se encuentran transitando la enfermedad. Dentro de las recomendaciones de los Gobiernos Nacional y Provincial se destacan la necesidad de mantener patios y jardines limpios y desmalezados, por un lado, y el uso de repelente por otro.

Como segunda medida creemos urgente distribuir repelente para insectos entre los empleados y empleadas que realizan trabajo en la calle, tanto en Accidentología Vial, pericias numéricas y pericias mecánicas, cómo así también entre los cuerpos operativos de Policía Judicial. Es inconcebible que, dado el estado de situación, la patronal haya decidido cortar el abastecimiento del mismo, no solo negando la entrega a quienes lo solicitan a suministros, si no también amenazando con no reconocer los gastos a aquellos jefes y jefas que usen el dinero de la caja chica para comprar repelentes en pos de cuidar la salud de sus empleados y empleadas. Desde el gremio nos es difícil entender la lógica para distribuir los recursos económicos de la institución, pero también sabemos que bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se vulneren los derechos y la salud de quienes desempeñan tareas como agentes de justicia.

La Asociación Gremial de empleados y empleadas del Poder Judicial de Córdoba exigió que las vacantes de la Corte Suprema de Justicia sean cubiertas por mujeres con perspectiva de género ya que según la entidad “sobran juristas expertas de excelente nivel en nuestro país a la altura de esa gran responsabilidad”. En esa línea el gremio manifestó su repudio a la propuesta efectuada desde el Poder Ejecutivo Nacional para que las vacantes de la Corte Suprema de Justicia sean cubiertas exclusivamente por varones. La propuesta del ejecutivo viola categóricamente múltiples disposiciones legales, desde el Decreto 222/03 (justicia nacional) que establece la integración del máximo cuerpo con respeto a la diversidad de género, hasta tratados internacionales con jerarquía constitucional donde nuestro país se comprometió a bregar por el principio de igualdad y a eliminar todas las formas de discriminación por cuestiones de género.

La organización sindical no está interviniendo sola en este debate, sino que lo hace en la misma línea de una amplia diversidad de actores judiciales, sociales y personalidades como la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF), Red Mujeres para la Justicia, Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, Colectivo Mujeres del Derecho, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Nancy Cardinaux, Laura Clérico, Raúl Gustavo Ferreyra, Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez, Marisa Herrera, Silvana Chiapero y Aída Tarditti. Al respecto la vocal del Superior Tribunal Cordobés se expidió en una amplia nota publicada en perfil el 22 de marzo. 

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que “Una Corte integrada completamente por varones no refleja en absoluto la verdadera composición del poder judicial, tanto nacional como de las provincias, donde cada vez con mayor fuerza las mujeres venimos ocupando espacios importantes, en todos los estamentos. Creemos firmemente que el respeto por la diversidad y la remoción de obstáculos para que el acceso a los cargos judiciales sea en igualdad de condiciones, fortalecen nuestro sistema democrático como así también la calidad de la administración de justicia.”

En tanto que el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti afirmó “Es imprescindible que, en respeto de los principios constitucionales de progresividad y no regresión, nuestro país no retroceda en los grandes avances que se han dado en materia de igualdad de género. La no revisión de la pretensión de excluir a las mujeres en la integración del máximo tribunal nacional además de ser intrínsecamente grave sería un bochorno de proporción internacional para el país, uno más de los que este gobierno insiste en protagonizar.”

El gremio de Judiciales de Córdoba presentó el miercoles 13 de marzo de 2024 un pedido formal al Fiscal general del Poder Judicial solicitando un adecuado mantenimiento periódico al potrero del estado ubicado en la comuna de Bouwer. Cabe destacar que la entidad gremial ha presentado ya en junio de 2023 y mayo de 2022 denuncias por las las malas condiciones en las que se encontraba dicho predio. 

De esta manera se solicitó a las autoridades que de manera urgente se tomen las medidas necesarias para dejar el predio en condiciones aptas y saludables para desarrollar el trabajo de los técnicos peritos, pidiendo además que ello no se trate de una tarea espasmódica, sino que se arbitre una planificación de actividades periódicas de mantenimiento, desmalezamiento, fumigación etc. sumamente necesarias para mantener el predio en condiciones óptimas. No es un dato menor agregar que la situación descripta de abandono y foco infeccioso no sólo pone en riesgo la salud de las técnicas y técnicos del Poder Judicial sino la de los usuarios del servicio de justicia que deben concurrir por trámites al lugar.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó “Además de la dificultades por la falta de desmalezamiento que impide a nuestras compañeras y compañeros peritar de una manera adecuada los móviles; Esa proliferación desmedida de la vegetación trae aparejada la presencia y crecimiento de población de roedores, ofidios, arácnidos e insectos con el consiguiente peligro para la salud de las empleadas y empleados que allí se desempeñan. Se suma además en la coyuntura el grave problema de salud pública que está planteando la enfermedad del dengue cuyo vector es el mosquito, aedes aegypti cuya presencia se ha detectado en el predio”

Por su parte El Secretario Gremial  de AGEPJ Adrián Valán afirmó que “En función de la grave situación que venimos planteando, varios requerimientos escritos y verbales efectuados con anterioridad y el riesgo real que el estado del predio supone para la salud de empleadas y empleados, el gremio evalúa disponer medidas de fuerza de no encontrar eco positivo a nuestro reclamo”.

Luego de reunión efectuada el día de la fecha 20 gremios (entre los que se encuentra AGEPJ) rechazaron en conjunto el nuevo recorte salarial destinado al APROSS, el índice de actualización para los descuentos de dicho seguro de salud y el restablecimiento del diferimiento jubilatorio.
Se comunicó que habrá medidas si no hay revisión de dicha problemática.
Además se cursó nota al gobernador imponiéndolo de este rechazo de los gremios estatales, requiriendo se dejen sin efecto las decisiones gubernamentales señaladas y pidiendo una audiencia.

El Gobierno de la Provincia aplicará un nuevo descuento salarial destinado al APROSS. Esta vez se trata de un fondo denominado FOSAET, para cubrir la atención de enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras.

Es insostenible la escalada de descuentos que el gobierno provincial está articulando con destino al APROSS al tiempo que existen ostensibles déficits en las prestaciones. Fallas que en el interior provincial son mayores aún. Es más, el denominado “fondo de enfermedades catastróficas” en principio ya estaba destinado a enfermedades crónicas y tratamientos prolongados por lo que habría un doble descuento por las mismas prestaciones.

El sindicato rechaza este nuevo recorte salarial y exige al gobierno provincial que de una vez por todas inicie un saneamiento real del seguro de salud dejando de cargar sobre las y los trabajadores las fallas en la administración de las cuales no somos responsables.

Estamos trabajando en la coordinación con los demás gremios estatales de nuevas acciones, como las llevadas adelante en 2023 para denunciar públicamente esta escalada de recortes, que se apliquen las responsabilidades a quienes les quepa y obtengamos de una vez las prestaciones de salud que nos merecemos y por las que mes a mes pagamos.