Esta semana estará resentido el servicio judicial de la Provincia por las medidas de fuerza de un colectivo de 200 profesionales que reclaman salir del escalafón administrativo. Si suena a contrasentido la díada “profesional-administrativo”, estos agentes sienten una gran contrariedad por un reclamo desde principios de este siglo sin respuesta de la cabeza del Poder Judicial.

Desde esta columna, se ha insistido en varias ocasiones en que

Está claro que la proporción de agentes femeninas que trabajan en el ámbito judicial es equilibrada y hasta positiva, lo mismo que el acceso a cargos de expectativa, aún en el rango más encumbrado. Pero esa participación femenina parece valorarse sólo para abogadas y no para otras profesionales.

Esto es lo que reclaman las integrantes de estos equipos técnicos compuestos por trabajadores sociales, psicólogos, algunos psiquiatras y unos pocos perito calígrafos. Este colectivo está integrado en su amplia mayoría por mujeres que no tienen reconocimiento de su calidad de profesional, según apuntan.

Los magistrados y los funcionarios judiciales se valen de sus servicios para impartir Justicia y las cuentan como indispensables auxiliares de su tarea.

Estos profesionales ingresan por concurso a los rangos más bajos, como administrativas, con el requisito de tener título de grado, capacitadas en materia judicial, matrícula habilitante, años de ejercicio y otros saberes. Mientras tanto, para acceder a similar escalafón, a los (futuros) abogados (hoy estudiantes) les exigen tener cinco materias aprobadas.

No sólo que su trabajo es jerarquizado en cuanto a preparación, el reclamo de equidad añade que los riesgos y las secuelas que afrontan son importantes.

Señalan que afrontan la presión de los judiciables y los abogados y, a veces, hasta deben responder con su matrícula y su patrimonio si son demandadas penal o civilmente. Frente a eso, aseguran que no tienen respaldo institucional.

En otros términos, a la hora de dar, les toca ser “corderos”; y a la hora de recibir, se ven con “el león”.

Al tiempo que paralizan estos servicios por 72 horas (hoy la inactividad se extiende a los equipos del interior provincial), denuncian que otros profesionales –como arquitectos, contadores o informáticos, por citar algunos– ingresan como oficiales. Agregan estas mujeres que esos cargos son asignados habitualmente a varones.

Por cierto, el reconocimiento profesional también incluye admitir que deben ganar más, y acaso ese sea el motivo por el que no se atienda un reclamo que ya va por las dos décadas. Siempre se habla del “techo de cristal” que no pueden superar las mujeres en el ámbito laboral a la hora de ascender y de ser reconocidas. También, respecto de no percibir las mismas remuneraciones que los varones por igual esfuerzo o similar categoría.

Esto sucede con “las chicas que hacen peritajes psicológicos y cumplen trabajo social”. Hasta ahora, en la Justicia de Córdoba no son “las psicólogas y las trabajadoras sociales”.