AGEPJ participó en la audiencia pública para el presupuesto 2024. La intervención estuvo a cargo del Secretario General Federico Cortelletti y la Secretaria Adjunta Agostina Noccioli. El planteo se estructuró en tres ejes: Carrera, infraestructura y salarios. A modo de síntesis no exhaustiva respecto al primero se hizo centro en el pedido de efectivizaciones para el pase a planta de todas y todos los contratados y el respeto al derecho a la carrera administrativa consagrado en la constitución provincial.
Referido a la infraestructura AGEPJ ponderó el amplio listado de obras que se encuentran en ejecución en el interior provincial pero lamentó que se hayan frenado los procesos licitatorios de los edificios para Dean Funes y Alta gracia. Respecto a Villa María se manifestó que una remodelación no resolverá los problemas estructurales que esa sede tiene, sino que es necesaria también la construcción de un edificio nuevo. Referido a dicha ciudad se hizo público el apoyo de su nuevo intendente electo Eduardo Acastello hacia nuestro gremio expresando adhesión a la legítima aspiración de contar “con un edificio que cumpla con la normativa vigente y no ponga en peligro la vida y la salud de los y las trabajadoras y los vecinos y vecinas que transitan diariamente por allí.”
En tanto que sobre salario se volvió a plantear la responsabilidad de la legislatura en el mantenimiento de la situación de doble estándar salarial hacia dentro del Poder Judicial con la atribución de la equiparación al sector de funcionarios y magistrados habiendo dejado fuera a las empleadas y empleados.
El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti, refiriéndose a la equiparación salarial expresó que “Es imposible de justificar, a más de una década de sancionada la ley, que se siga sosteniendo una inequitativa distribución de la masa salarial hacia dentro del Poder Judicial. Se tiene con nuestro sector una deuda que es necesario comenzar a saldar.”
En tanto que la Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó, referida a la situación de contratadas y contratados que es “imperioso que desde los Poderes del Estado se envíe una señal inequívoca a la sociedad de no seguir profundizando la precarización en el trabajo. En ese sentido debe haber una fuerte previsión presupuestaria para que en 2024 no exista más esa categoría de trabajadoras y trabajadores dentro del Poder Judicial.”
