Hoy se cumplió una nueva jornada de lucha de los Equipos Técnicos del Poder Judicial con una asamblea y radio abierta en la explanada sobre calle Caseros de tribunales uno. En el marco de la retención de tareas se llevó a cabo la acción que contó con la presencia y apoyo del triunvirato que conduce la CGT Córdoba Ilda Bustos, Andres Colazo y nuestro también secretario general Federico Cortelletti. A su vez también se contó con la presencia y respaldo institucional de los Colegios de Profesionales en Trabajo Social a través de su presidenta Licenciada Celeste Bertona y de Psicología a través de su secretaria gremial Licenciada María Belen Valletto.
En el acto hicieron uso de la palabra en representación de todos los equipos de capital una gran diversidad de compañeras, además de las compañeras de los equipos e integrantes de comisión directiva provincial del sindicato Alejandra Raya y Cristina Bussone.
Dicha actividad estuvo precedida, el 26 de junio por una asamblea provincial de los equipos técnicos en donde participaron los equipos de las sedes de Laboulaye, Villa María, Dean Funes, Rio II, Cosquín, Villa Dolores, Carlos Paz, La Carlota y Morteros, además de los de capital en la que se decidió, ante la falta de respuestas del empleador continuar y profundizar las medidas de fuerza.
Recordemos que los equipos técnicos del Poder Judicial, con el acompañamiento de AGEPJ, vienen llevando a cabo desde el 10 de junio medidas de fuerza en su sector reteniendo tareas, en reclamo del reconocimiento de la responsabilidad profesional de sus tareas y mejoras en la carrera administrativa ya que la gran mayoría de las profesionales no llegan a jubilarse con el último cargo de la carrera. A su vez, desde que ingresan a la carrera judicial responden civil y penalmente por sus dictámenes y tienen responsabilidad funcional al igual que funcionarios y magistrados, pero cobran lo mismo que un estudiante de la carrera de abogacía que ingresa al Poder Judicial sin responsabilidad en su firma. Aunque son sus pericias, que valoran cuestiones de violencia familiar, regímenes parentales, situaciones vinculadas a niños y niñas, libertades condicionales y asistidas, regímenes de adopciones, situaciones de salud, casos de discapacidad, entre muchas cuestiones; las que son vitales para que los juicios avancen y los jueces fallen con otros fundamentos además de los jurídicos. Como si fuera poco, en el interior de la provincia a pesar de que el volumen de casos aumenta exponencialmente, la cantidad de profesionales es casi la misma que la de los últimos veinte años o directamente es la misma que desde la fundación de los equipos cuando se han incorporado un inmenso nuevo cúmulo de tareas fruto de las reformas legislativas.
El Secretario Gremial de AGEPJ Adrián Valan lamentó que “a pesar que existen propuestas para avanzar en el sector por parte de AGEPJ, no se ha generado ninguna convocatoria a una mesa de trabajo por parte de la patronal tal como se viene reclamando hace tiempo, sino todo lo contrario, desde las últimas semanas creció la presión con exigencia de entrega inmediata de informes y se están generando convenios con municipalidades del interior tercerizando tareas con la consiguiente precarización laboral.”
En tanto que la referente de los equipos técnicos e integrante de la Comisión Directiva Provincial del sindicato Alejandra Raya expresó que “Las y los profesionales de los equipos técnicos vivimos, como el resto de las y los empleados de la justicia, los efectos de la casi nula apertura al dialogo paritario que el Poder Judicial sostiene en su rol como patronal. ¿Será que quienes trabajamos en el Poder Judicial cuando reclamamos por nuestros derechos, nos quedamos sin justicia que nos proteja y escuche? ¿Cuál es el la consideración hacia nuestra dignidad si en el marco de la vida democrática y luego de semanas de medidas de fuerza para que exista una mesa de dialogo la única respuesta que existe es “se está trabajando”?. Mientras tanto las profesionales se siguen jubilando sin el cargo más alto de la carrera judicial, con la presión de ser sometidas a juicios de mala praxis sin una Institución que las acompañe en el reconocimiento de su responsabilidad por la tarea profesional.”
