Se efectuaron asambleas, cortes de calles y movilización hacia tribunales uno.
AGEPJ le dió continuidad al plan de lucha por recomposición salarial. El sindicato está denunciando que existe un virtual “congelamiento salarial” ya que los incrementos no alcanzan a compensar la inflación producida y que incluso las primeras categorías de empleadas y empleados están por debajo de la canasta básica de alimentos, bienes y servicios.
El día jueves 28/11 se cumplieron dos horas de asambleas por turno en distintas dependencias de los tribunales de la capital provincial y el interior, en tanto que el viernes 29/11 se llevaron adelante acciones en distintos lugares del interior provincial y una gran movilización en capital hacia Tribunales 1.
La comisión directiva provincial dará continuidad y profundidad a las medidas y se evalúa un paro provincial.
El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “El gobierno nacional está desplegando una deliberada política de destrucción del salario de todo el sector público ya que para el presidente Milei todo lo estatal es malo y debe desaparecer. El Tribunal Superior no debe convalidar ese desquicio de consecuencias nefastas que aún no se visualizan correctamente. Nuestro empleador tiene que abrir la negociación para que arribemos a una urgente recomposición salarial. El nivel de caída del poder adquisitivo es alarmante y no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo que mientras el estamento de magistrados tiene equiparación a la justicia federal las empleadas y empleados fuimos dejados de lado en esa política salarial que en su momento les dio más a quienes más ganan.”
En tanto que la secretaria adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli indicó que “nuestro salario viene sufriendo el embate por partida doble frente al generalizado aumento de bienes, servicios y alimentos pero al mismo tiempo el gobierno provincial aumentó desde fines de 2023 lo que aportamos a la Caja y al APROSS, que por añadidura funciona muy mal. El TSJ debe tomar nota y abrir la negociación salarial para restablecer el poder adquisitivo de las empleadas y empleados judiciales.”
