AGEPJ solicitó formalmente al TSJ la revisión de la decisión de aplicar descuentos salariales a los trabajadores y trabajadoras que participaron en las medidas de fuerza del plan de lucha vigente. Además, reiteró la urgente necesidad de abrir una instancia de negociación colectiva que permita abordar la crítica pérdida salarial que atraviesa el sector.

AGEPJ señaló al TSJ que el reclamo por la recomposición salarial se sostiene desde 2023, ante la preocupante desaceleración del sistema de enganche con los aumentos salariales de la CSJN, lo que ha impactado de lleno en el poder adquisitivo de las y los judiciales cordobeses.
«Desde septiembre de 2023 venimos solicitando estrategias como la aplicación de una cláusula gatillo para ajustar los sueldos a la inflación mensual, además de impulsar un proyecto de reestructuración de planta para igualar escalafones con la Justicia Federal», se expresó en la nota al TSJ.

AGEPJ indicó al TSJ, nuevamente, que quienes ingresan hoy al Poder Judicial provincial perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, el ingreso inicial está cerca de la mitad del $1.100.000 que, según el INDEC, necesita una familia tipo para cubrir sus necesidades básicas y no ser considerada pobre.
En este contexto, AGEPJ cuestionó las amenazas de descuentos a quienes ejercen el legítimo derecho a reclamar mejoras laborales y anunció que, de concretarse, se reserva el derecho de avanzar en acciones administrativas individuales para defender los derechos de cada trabajador y trabajadora afectado/a.

Asimismo, se instó al TSJ a un llamado a la empatía y la comprensión de la situación que atraviesan miles de judiciales. En ese sentido se resaltó que son las y los trabajadores judiciales de Córdoba quienes garantizamos el servicio de justicia con “esfuerzo, dedicación y solvencia, a pesar de los magros salarios que estamos percibiendo». Y se solicitó que » se comprenda la angustiante situación que vivimos, y que, en lugar de sanciones, se abra un camino de diálogo y soluciones.»

Finalmente, AGEPJ insistió en que la falta de mecanismos formales de negociación colectiva dentro del Poder Judicial contribuye a agravar los conflictos y obstaculiza la construcción de soluciones consensuadas. Por ello, le exigió al TSJ la apertura inmediata de una mesa de diálogo que permita encaminar respuestas a esta acuciante crisis salarial.