Ante la difusión de información sobre la intención de la provincia para efectuar un recorte salarial sobre las trabajadoras y trabajadores del sector público provincial el gremio de Judiciales de Córdoba expresa que rechaza enfáticamente dichos planes. Es inadmisible cargar sobre las trabajadoras y trabajadores el peso de esta crisis sanitaria con un recorte salarial cuando ya venimos soportando un atraso salarial frente a la inflación de los años anteriores. Es más, sumado al atraso salarial a las y los judiciales se nos debe salario desde fin del año 2019 y en lo que va del 2020 ello no ha sido cumplido. No se nos ha abonado aún el 10 % de aumento al básico establecido a partir de diciembre con los correspondientes retroactivos. Tampoco han sido pagados los retroactivos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y proporcional de aguinaldo por el aumento del 10 % de noviembre que recién comenzó a percibirse en febrero de 2020. Todo ello configura una deuda con cada empleada y empleado judicial de más de medio sueldo.
Sumado a ello nuestro sector está cumpliendo la tarea que le toca en la prestación del servicio de justicia en medio de la pandemia de coronavirus. Es así que las unidades judiciales, los cuerpos operativos de Policía Judicial, personal médico, de equipos técnicos y tribunales de turno están funcionando en toda la provincia coadyuvando al funcionamiento del Poder Judicial y exponiéndose a un eventual contagio. Las trabajadoras y trabajadores judiciales no le sacamos el cuerpo a la responsabilidad social que nos toca asumir en esta penosa e inédita situación en el país y en el mundo, al igual que lo hacen tan dignamente los trabajadores de la salud y la policía en el sector estatal. Pero también somos sostén de familias y no podemos seguir soportando el ajuste en personal y la deuda salarial que arrastramos, como ya dijimos desde el año pasado, y que en esta situación se torna aún más injusto para con nosotras, nosotros y nuestras familias.
