El miércoles 13 de mayo la compañera Agostina Noccioli y el compañero Federico Cortelletti de la Comisión Directiva de AGEPJ, participaron de la reunión del comité de higiene y seguridad del Poder Judicial de Córdoba junto al Colegio de Abogados.
Quedó aclarado que dicho comité no es el que determina la apertura de una sede, en este caso la primera circunscripción. Sino que el organismo facultado es la autoridad sanitaria cuando los criterios epidemiológicos lo aconsejen. Como tal, la función del comité es adaptar el protocolo general adoptando uno específico para estar en condiciones de abrir cuando el COE lo determine, tal como ha sucedido con las sedes del interior de reciente apertura.
AGEPJ planteó que se tenga en cuenta, para la definición de los planteles de empleados a trabajar presencialmente, criterios tales como la distancia de la vivienda, el uso o no del transporte público y la situación de quienes tengan hijos o hijas en edad escolar o adultos mayores a cargo. De igual modo con el teletrabajo se considere en el esquema a quienes tienen que compatibilizar la labor judicial con las tareas del hogar y de cuidado. También se volvió a hacer hincapié en las medidas de bioseguridad que deberán tomarse con el papel (principalmente expedientes que serán devueltos a los tribunales) por ser un vehículo de contagio.
AGEPJ reiteró su frontal oposición a la propuesta del Colegio de Abogados de extensión horaria o la duplicación de la jornada aclarando las autoridades del Poder Judicial que el modelo a seguir es el de las sedes del interior que reabrieron donde no hay jornada matutina y vespertina sino un equipo trabajando presencialmente y otro con trabajo remoto, todo para lograr una planta lo más pequeña posible en el actual marco sanitario. La representación gremial reiteró que no hay marco de negociación colectiva para avanzar en una modificación de la jornada y que ello no es facultad unilateral del empleador.
Aunque no fue el motivo de la convocatoria, que continuará en nuevas reuniones, AGEPJ volvió a dejar asentado que el Poder Judicial tiene una deuda salarial con las empleadas y empleados, la cual empeoró durante la cuarentena y que se retomarán las medidas de fuerza declaradas con anterioridad si la misma no se salda.
