La FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA repudia la denuncia efectuada por la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Dra. Liliana Piccinini, contra lxs compañerxs Pablo Barreno, secretario general del SiTraJuR 1ra. Circunscripción y de Adriana Saber, secretaria adjunta del SiTraJuR por la supuesta violación de las normas de cuarentena y a la vez manifiesta su total solidaridad con ambxs dirigentes sindicales.
La magistrada solicitó al Procurador General que el Ministerio Público investigue si la presencia de lxs compañerxs en Tribunales constituyó una violación al aislamiento preventivo y social obligatorio (cuarentena). En realidad la violación de las normas de la cuarentena la dispuso el propio Tribunal al habilitar la actividad laboral, poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadorxs judiciales. Fue en ese marco, ejerciendo estrictos derechos sindicales que lxs compañerxs intentaron ingresar a Tribunales a fin de constatar el cumplimiento de las normas de la emergencia sanitaria, siendo impedidos de hacerlo por orden del STJ y con la intervención de las fuerzas policiales.
Estos actos arbitrarios no sólo son una demostración más de la falta de respeto del STJ hacia lxs trabajadorxs judiciales, sus derechos laborales y la libertad sindical sino que constituyen conductas perversas. Ya no le alcanza con las actitudes antidemocráticas que exhibe habitualmente al negarse a la vigencia plena de la negociación colectiva a la que está obligada a respetar por ley provincial sobre todo en estos momentos de grave crisis sanitaria; no le resulta suficiente la complicidad del Ejecutivo provincial cuando ilegalmente suspende por resolución administrativa la paritaria con el Sindicato judicial.
Ante un sindicato que no deja de luchar a pesar de todo lo antes expresado este Tribunal necesita dar otra vuelta de tuerca.
Entonces decide aplicar la vieja receta de criminalizar la actividad sindical. De esta manera atenta contra el derecho a la libertad sindical y la tutela sindical de ambxs compañerxs intentando su amedrentamiento a través del Código Penal. Niega a su vez las facultades de contralor que tiene toda organización sindical e ignora todo el cuerpo legal y constitucional que ampara las acciones de lxs compañerxs.
Exigimos, finalmente, el cese de toda actividad persecutoria por parte del STJ de Río Negro contra estxs compañerxs y del resto de lxs trabajadorxs judiciales que se manifiestan en defensa de sus legítimos derechos como también la anulación de las acciones administrativas y judiciales iniciadas contra ambxs y la inmediata reanudación de la negociación colectiva.
Caso contrario efectuaremos las denuncias correspondientes en los ámbitos nacionales e internacionales.
