El jueves 7 de Julio compañeras y compañeros de la Comisión Directiva de AGEPJ estuvieron en los Tribunales de La Carlota a raíz de la denuncia presentada a la Administración del Poder Judicial por el gremio ante una pretendida guía laboral impuesta de manera unilateral por un magistrado que es violatoria de la Constitución Provincial y otras leyes
En la Asamblea realizada con las compañeras y compañeros de la Sede participaron el delegado de La Carlota Ricardo Romero, el Secretario General Federico Cortelletti, el Secretario Gremial Adrián Valán, la Pro Secretaria de Agrupamientos Especiales Gabriela Arribillaga y Mario Rojo Secretario del Interior. Allí el gremio reiteró su rechazo total a la imposición del juez Civil y Comercial de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz dado que se extralimitó en sus funciones al pretender, a través de una “guía laboral” de su autoría, cercenar el derecho a la jornada limitada en clara violación de la ley que rige la jornada de las empleadas y empleados judiciales, establecida por ley provincial N° 8575 pretendiendo que los empleados y empleadas a su cargo excedan dicha jornada.
Asimismo el Juez se extralimita al intentar reglar unilateralmente la relación laboral que lo vincula con las y los trabajadores del juzgado, tratando de imponer el trabajo a destajo o por productividad, algo que AGEPJ rechaza de plano, y en todo caso debería ser materia de negociación colectiva entre el sindicato y el empleador.
Por otra parte, durante la Asamblea se planteó una grave situación en el edificio donde funciona el Juzgado Civil y el Juzgado de Control ya que hay un solo baño para ambos juzgados en donde trabajan casi veinte personas. También se constató que para todo el público que asiste a esos juzgados hay un solo baño en muy malas condiciones.
Otra situación completamente irregular constatada por el gremio en la sede es que las empleadas y empleados deben pagar con sus propios ingresos salariales los costos de Internet para que se puedan realizar audiencias, testimoniales y otros actos jurídicos en dichos juzgados, algo que debe garantizar la patronal y que a esta altura es inconcebible que no lo haga.
