AGEPJ defiende el trabajo de las y los FIPES en la pasada elección del veinticinco de junio y repudia los dichos del ex candidato a gobernador Sr. Luis Juez que en una entrevista explícitamente puso en duda el desempeño y honorabilidad de las trabajadoras y trabajadores judiciales que participaron como FIPES (fiscales públicos electorales) en la referida contienda electoral.
El desempeño de nuestros compañeros y compañeras tuvo un altísimo estándar acorde a la capacitación recibida al efecto del comicio y la que permanentemente demanda nuestro trabajo judicial. Esto ha sido reconocido reiterada y unánimemente por las distintas fuerzas políticas que han concurrido a las últimas y pasadas elecciones. Al respecto hay un consenso sobre que la creación de la figura de FIPE ha otorgado mayor calidad institucional al sistema electoral aumentando la transparencia y posibilitando, con la presencia “en persona” en cada centro de votación la capacidad de procesar los problemas que se presentan en los centros comiciales. Todo lo cual sucedió y se resolvió positivamente en la disputa electoral del domingo pasado según los testimonios expresos recogidos por esta organización y los de público conocimiento vertidos en la prensa oral y escrita. No está de más decir también que no hay quejas o denuncias presentadas por ningún fiscal de las fuerzas políticas participantes, incluída la del ex candidato Juez que arrojen sombra o pongan en tela de juicio el accionar de las y los FIPES. Al contrario, las devoluciones hablan de la solvencia y apego a las reglas en el desempeño de la función. Tarea entonces que de ningún modo pudo haber interferido o afectado los números finales del comicio como explícita o implícitamente se sugiere por el contendiente electoral aludido.
En sus dichos, el ex candidato se refiere despectivamente hacia las y los empleados judiciales llamándolos “empleados del poder”, poniendo en tela de juicio su imparcialidad en la elección porque según él nadie entró por concurso. Al respecto llama poderosamente la atención el desconocimiento (grave en el caso de alguien que ha pretendido en reiteradas oportunidades acceder a la primera magistratura de la provincia) sobre el régimen de concursos del Poder Judicial. Esto es, desde fines de la década del 90 del siglo pasado el ingreso de las empleadas y empleados y el acceso a cargos de funcionarios en tribunales es por concurso. Concursos que por otra parte fueron reivindicación y bandera de lucha de esta organización sindical que festejó en su momento haber alcanzado ese logro y que efectúa un contralor permanente del sistema desde su implementación accionando en las oportunidades que se ha intentado vulnerarlo.
