Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) expresamos nuestro enérgico repudio a los actos judiciales que criminalizan la protesta social, así como a la decisión del Gobierno de Córdoba de adherir a los Protocolos de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Rechazamos de manera categórica el uso indiscriminado de criterios penales y punitivos que sólo buscan amedrentar y criminalizar a quienes ejercen el legítimo derecho a manifestarse.
Desde AGEPJ advertimos que la grave situación económica que atraviesa el país, y particularmente las y los trabajadores estatales, con fuertes pérdidas salariales y con ello deterioro de las condiciones de vida van a recrudecer legítimas protestas. Ante ello, en el marco del estado de derecho el rol del estado debe ser promover la negociación para que puedan ser planteadas las demandan y no responder con represión.
En este contexto, la utilización de detenciones penales contra dirigentes sindicales en el marco de protestas constituye una decisión alarmante que profundiza la criminalización de la protesta y que se ampara en Protocolos de Seguridad que colisionan con los derechos constitucionales a la protesta, a la organización y a la libertad sindical.
Reafirmamos que más que nunca, en la extremadamente delicada situación económico social que atraviesa el país, fracturado brutalmente por un proceso de ajuste económico el camino debe ser el respeto al estado de derecho y la negociación para la viabilización de las demandas sociales, no la represión ni la judicialización de la protesta social.
