El día 3 de mayo un diario de gran circulación de la provincia, realizó un informe periodístico sobre los privilegios del Poder judicial. En dicha nota se coloca en el mismo lugar al conjunto de empleados y empleadas judiciales con el sector de magistrados y al Tribunal Superior de Justicia. En esa oportunidad desde AGEPJ emitimos nuestra respuesta institucional, aclarando quienes son los únicos que detentan verdaderos privilegios.
Nuestra aclaración gremial: https://agepj.org.ar/la-felicidad-es-del-tsj-no-de-los-judiciales/
Tres días después de haber desinformado a la sociedad sobre la situación que atravesamos los y las trabajadoras judiciales, el mismo diario, vuelve a publicar una nota, sin siquiera intentar comunicarse con el sindicato para chequear la información, volviendo en consecuencia a caer en las mismas imprecisiones.
En efecto, El 6 de mayo el matutino publica en su editorial, la nota “Un desequilibrio inaceptable” y allí, sostiene que el promedio salarial de los empleados de planta es casi lo mismo que lo que gana actualmente el gobernador.
Mas allá de la absurda comparación que no resiste el menor análisis (resulta increíble que alguien piense eso), lo que el medio no dice, por ignorancia o malicia, es que en la actualidad el 70% de la planta de trabajadores se encuentra en las tres primeras categorías del escalafón, que están verdaderamente lejos del promedio que publica el diario. Pero no solo eso, al día de la fecha entre el TSJ y el MPF, en complicidad con el Poder Ejecutivo, han decidido que casi el 20% de este colectivo de empleados y empleadas se encuentren absolutamente precarizados revistiendo la calidad de contratadxs. No obstante, el tema no termina allí.
Lo descripto, sumado a la nuevas condiciones de ingreso dispuestas por la patronal, esto es, cada vez más jóvenes para ahorrarse las bonificaciones por título y por inhabilitación de matrícula, hace que una persona que ingresa a trabajar al Poder Judicial lo hace bajo la línea de la pobreza. Y esto sin contar a compañeros y compañeras que no están en la planta jurisdiccional y cuya situación es aún peor, como el caso de los sectores de mantenimiento y obrero y maestranza.
La ignorancia sobre estas particularidades pueden subsanarse comunicándose con AGEPJ. Es tan simple como realizar una llamada telefónica o mandar un correo electrónico. Lo que es más difícil o casi imposible de enmendar, es la malicia con la que vuelven a sostener que “Cuando la Corte Suprema de Justicia dictamina un aumento, Córdoba se los otorga de modo automático”. El diario no desconoce, porque ha realizado cobertura de cada uno de los más de 10 paros (con ocupación de tribunales incluida) que este Gremio dispuso durante 2019 y los 5 paros que realizamos este año, hasta la irrupción de la pandemia por coronavirus. Todas estas medidas se hicieron porque el poder ejecutivo se niega a otorgar los aumentos que se comprometió expresamente desde el año 2016.
Solo a manera de sugerencia, y puesto que el diario parece muy preocupado por la administración del dinero público, podría investigar cuánto se ahorra el Ejecutivo con el recorte del 10% dispuesto sobre este colectivo de trabajadores y trabajadoras desde diciembre del 2019. O cuanto se ahorra con un nuevo ajuste sobre nuestros jubilados y jubiladas estatales.
