La modificación de la ley de impuesto a las ganancias que acompaña la ley bases afecta de manera directa a las y los trabajadores judiciales. Recordemos que la última modificación que se hizo a finales del 2023, prácticamente significó el anhelado cumplimiento de aquella máxima que reza “El salario no es ganancia” puesto que sólo quedaban alcanzados por el tributo salarios verdaderamente exorbitantes.
Ahora bien, de la manera como se está planteando en este momento (ya tiene media sanción en diputados) va a alcanzar a un universo cercano a 1,2 millones de personas, ( incluyendo en los términos de su actual redacción a las y los empleados judiciales) pero al mismo tiempo como no prevé actualización por lo que queda de 2024 (recién la prevé para el ejercicio 2025) podrían terminar el año pagando unos 2 millones de trabajadores si es que el poder ejecutivo decide no actualizar los mínimos no imponibles o actualizarlos de forma escasa.
En estos momentos, ya encuentran pagando ganancias las y los judiciales de Chubut, Provincia de Buenos Aires y Rio Negro, lo cual ya ha motivado dos reuniones conjuntas de Federación Judicial Argentina con Junta Federal de Cortes (reúne a los superiores tribunales de todo el país).
La norma además elimina muchas de las eximiciones previstas en la ley anterior (aguinaldo, horas, guardias médicas, ropa de trabajo, etc.) que permitían al trabajador o trabajadora deducir a la hora de afrontar este impuesto.
El proyecto de ley bases también pretende afectar la “estabilidad del empleado público”. Concretamente, en materia de empleo público, el Titulo II de Reforma del Estado, capítulo IV de la Ley bases, es absolutamente regresivo. Ahora se puede pasar a un trabajador/a a situación de disponibilidad hasta por 12 meses, y si no es reubicado queda automáticamente desvinculado de la Administración Pública Nacional. Al mismo tiempo, se eliminan protecciones de despido para aquellas trabajadoras o trabajadores que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio.
Si bien la norma se refiere a lo que depende de la Nación, estamos en alerta porque en caso de aprobarse potencialmente ello puede trasladarse a los ámbitos provinciales. Los discursos de de minimización del estado nos atañen directamente a las y los judiciales. La administración de justicia es una función muy importante del estado y se sostiene por el diario trabajo de las empleadas y empleados judiciales desde unidades judiciales, policía judicial, fiscalías, juzgados, asesorías, cámaras, equipos técnicos, personal de maestranza. La alta conflictividad social lejos estará de resolverse si se achica el poder judicial, a tono con el discurso oficial de reducción del estado.
A su vez, en relación indirecta con el tratamiento del proyecto en cuestión está la falta de cumplimiento de los envíos que el gobierno federal debe realizar para la Caja de Jubilaciones (no girados a pesar de ser obligatorios) de Córdoba que pone en serio riesgo el pago de jubilaciones y pensiones en la provincia, no sólo de las y los judiciales sino que de todo el sector público.
Compartimos entrevista del diario Comercio y Justicia a nuestro compañero Secretario General Federico Cortelletti.
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