En el expediente administrativo caratulado “Secretario General de AGEPJ informa comportamiento irregular, inadecuado y arbitrario por parte del Ayudante Fiscal de la Unidad Judicial N.° 21, Ernesto Morales” (Expte. 8940535)” se dictó resolución disponiendo la cesantía del funcionario judicial Ayudante Fiscal Ernesto Morales. En el procedimiento se pudieron comprobar los hechos de violencia laboral y de género denunciados por AGEPJ, que el ahora ex – funcionario, perpetró contra empleadas y empleados judiciales durante su función al frente de la Unidad Judicial número 21.

 

 

Celebramos que se le haya dado semejante respuesta institucional a los graves hechos denunciados por AGEPJ en noviembre de 2019 luego de haber tomado conocimiento directo de los hechos por el testimonio de las propias empleadas y empleados sumariantes. Los hechos denunciados derivaron también en una investigación penal que lleva adelante la fiscalía de instrucción del distrito 4 N° 3.

La pro-secretaria de Capacitación Agostina Noccioli expresó que el fuerte trabajo que venimos llevando adelante desde el gremio para erradicar la violencia laboral y de género hoy tiene su correlato en esta decisión de la cesantía. El mensaje desde el sindicato es claro: hace rato que no toleramos más esta cultura institucional que encubre y oculta la violencia. El planteo político que el espacio de Judicialas viene llevando a cabo, está logrando interpelar a la cabeza del Poder Judicial para que finalmente opere un cambio de paradigma y nos encaminemos hacia la erradicación definitiva de la violencia laboral y de género en el Poder Judicial. Celebramos esta resolución, pero aun es necesario desmontar mecanismos institucionales que continúan encubriendo y minimizando prácticas violentas. Tal como quedó evidenciado en este caso, la institución judicial ya tenía conocimiento de los hechos denunciados y no actuó a tiempo, pudiendo haberse evitado el agravamiento de la violencia perpetrada por Morales.


El Secretario General, Federico Cortelletti, expresó que: “Esta gestión sindical tiene la férrea convicción política de que cada caso de violencia laboral que llegue a nuestro conocimiento, sea efectivamente investigado y sancionado”. Si bien está cerca en el tiempo de ser aprobado reiteramos la necesidad urgente de contar con una verdadera herramienta de prevención y erradicación de la violencia laboral, como lo es el proyecto de Protocolo que desde el gremio presentamos el 08/03/2019.”

 

AGEPJ, representada por su Secretario General Federico Cortelletti,  mantuvo hoy viernes 7 de mayo una reunión con las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la que  participaron el Fiscal General del MPF Juan Manuel Delgado, el Fiscal Adjunto Héctor René David y la Administradora General del MPF Guillermina Giovanoli. Desde la organización gremial se planteó un conjunto de demandas y reivindicaciones del sector como la declaración de Insalubridad en los cuerpos operativos de Policía Judicial, la urgencia en la designación de mayor  personal, principalmente en las Unidades judiciales y algunas secciones como pericias mecánicas, la inmunización de todas y todos los sumariantes y las necesarias mejoras en  infraestructura entre otros temas.

Al término de la reunión el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti  expresó “hemos planteado al  recientemente designado Fiscal General de la Provincia la necesidad de avanzar con un conjunto de demandas y reivindicaciones históricas como la declaración de insalubridad en Policía Judicial y otros temas de la coyuntura vinculado a la apertura de Unidades Judiciales que requieren mayor personal, un plan concreto de inmunización de todo el personal  y mejoras de infraestructura para garantizar el efectivo cumplimiento de los protocolos sanitarios en el marco de esta segunda ola de Covid 19 que estamos viviendo.”

La compañera Romina Martinez estuvo en la Unidad judicial número 9, donde también funciona la número 10. Allí se constató falta de personal ya que son catorce sumariantes para dos Unidades Judiciales. Ese número impide el cumplimiento de los acuerdos de horario y provoca que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan que esperar entre tres o cuatro horas para denunciar. También falta una computadora y algún tipo de protección para poder atender a la gente reduciendo el riesgo de contagio.


En unidad judicial 18 donde estuvo el compañero Adrián Valan se repite el mismo reclamo de falta de personal y medidas de bioseguridad para poder atender al público en condiciones básicas de salubridad.


Todas estas cuestiones serán consideradas en la asamblea general de sumariantes que se llevará a cabo el Viernes 7 de mayo a la 16:00 hs. de manera virtual.

 

En relación a un reciente debate público sobre el concepto de “Techo de Cristal” vinculado a las desigualdades en el acceso de las mujeres a cargos jerárquicos  y la implementación de la «ley Micaela» en los distinto Poderes del Estado, las judicialas de Córdoba expusieron su mirada desde la acción gremial.

Nuestra compañera Agostina Noccioli, integrante de la Comisión Directiva del gremio judiciales participó del Programa radial “Subversiones” de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.

En la entrevista se abordaron los problemas multicausales que se viven en relación a la violencia de género en la justicia de Córdoba. Además se analizó la implementación de las capacitaciones obligatorias sobre la ley Micaela y la necesidad de avanzar en la sensibilización de la temática de manera trasversal.

Escuchar entrevista completa acá 

 

Tanto la entidad que rige la matrícula del Trabajo Social en la provincia de Córdoba (CPSSPC) como el sindicato judicial estamos preocupados por haberse agotado el orden de mérito vigente para el ingreso de profesionales en Psicología y Trabajo Social dentro del Poder Judicial, en tanto que ello puede habilitar ingresos de manera arbitraria o digitada y bajo categorías que precarizan el trabajo y desnaturalizan el régimen del empleo público. Asimismo las dos entidades hemos solicitado ser parte en el proceso de un eventual llamado a concurso trayendo a colación el escándalo público que rodeó el penúltimo concurso convocado por el Poder Judicial que tuvo que declararse desierto al revelarse que desde ámbitos del empleador se habían proporcionado previamente las preguntas de examen a determinadas concursantes con el fin de facilitar su aprobación y ulterior ingreso.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “Urge que el Poder Judicial convoque a un concurso público de oposición y antecedentes para cubrir cargos de profesionales de los Equipos Técnicos en el Poder Judicial porque la situación actual se presta para el ingreso por amiguismo, vínculos familiares o políticos lo cual es incompatible con el empleo público.

En tanto que la psicóloga Andrea Zuliani, también miembro de la comisión directiva del gremio y que se desempeña en los equipos técnicos del Poder Judicial acotó que “ya se están produciendo algunos ingresos de personal sin concurso en condiciones de lisa y llana flexibilidad laboral con el agravante que nuestra función es producir y suscribir informes técnicos que conllevan una enorme responsabilidad que hasta puede poner en riesgo la matrícula profesional”

 

 

AGEPJ decretó retención de tareas en la Unidad Judicial número 19 luego de haberse confirmado un caso de covid. La medida se dispuso porque a raíz del contagio son tres más los empleados que deben realizar aislamiento y ello deja a la dependencia con sólo 7 sumariantes para cubrir tres turnos (mañana, tarde y noche), número notoriamente insuficiente no sólo para poder cumplir con la normativa constitucional que establece doce horas como mínimo de descanso entre jornadas laborales sino también para brindar una adecuada atención a la ciudadanía que concurre a denunciar.

 

Desde el gremio alertamos que, con el avance de la segunda ola y el acrecentamiento de la cantidad de contagiados la situación empeora día a día y el conflicto se puede extender a todas las unidades judiciales desembocando en un  paro general de actividades en el sector.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “Hace dos semanas advertimos que la medida que estaba tomando el Ministerio Público Fiscal era desacertada desde varios puntos de vista. Se tomó una medida efectista sin considerar que estábamos ingresando de lleno en la segunda ola de covid 19. Hay soluciones y pasan por retomar el esquema anterior, designar más personal para que las unidades judiciales puedan brindar una atención adecuada al tiempo que se cumplen con los derechos laborales e inmunizar, como el gremio lo viene solicitando desde febrero a todo el personal sumariante .”

 

El Secretario Adjunto Adrián Valan agregó que: “Sucedió lo que el gremio alertó:  con 10 u 11 sumariantes por unidad judicial no se puede sostener el funcionamiento porque se provoca un aglomeramiento de personas importante en la espera, porque el Ministerio Público Fiscal ya tuvo que cerrar el turno trasnoche de varias unidades judiciales  por  contagios y  porque no se respeta ni siquiera el descanso mínimo entre jornada y jornada de las empleadas y empleados. Ya pasó que un compañero terminó un turno de trabajo a la 1 de la.mañana y volvió a prestar servicio a las 7 hs del.mismo día. Eso es lisa y llana explotación laboral y no lo vamos a permitir.”

 

 

Estuvimos el viernes 30 de abril en la Unidad Judicial Número 12, como parte de los recorridos por Unidades Judiciales que está llevando adelante AGEPJ para controlar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes, la cantidad de personal e infraestructura adecuada para el normal funcionamiento. .


En la misma, AGEPJ constató falta del personal mínimo requerido para su funcionamiento. Situación que se está evidenciando en todas las Unidades Judiciales de número a partir de la decisión del Ministerio Público Fiscal al reabrir tres Unidades Judiciales el pasado 26 de Abril. Esta decisión implicó un reordenamiento de personal que está provocando serias dificultades operativas y un cambio substancial de las condiciones laborales de los Sumariantes. Por otra parte, se relevó que la Unidad Judicial número 12 no posee una máquina de autogestión para denuncias Web lo que ocasiona una mayor aglomeración de personas y el consecuente potencial peligro de contagios en el marco de esta segunda ola de Coronavirus que estamos atravesando


El Secretario Adjunto de AGEPJ, Adrián Valán expresó: “Venimos recorriendo y denunciando a las autoridades que en todas las Unidades Judiciales de número el personal es totalmente insuficiente. Por otra parte le insistimos al Ministerio Público Fiscal la necesidad de que las y los sumariantes sean inmunizados contra el covid 19 por la altísima exposición que tienen al receptar gran cantidad de denuncias por día en las unidades judiciales.

Los compañeros de AGEPJ Federico Cortelletti, Victor Ceballos y la compañera Agostina Noccioli participaron de la primera capacitación obligatoria para dirigentes y dirigentas de la Federación Judicial Argentina. La jornada sobre formación y sensibilización en materia de género, contó con la participación de cerca de 100 personas que tienen representación y responsabilidad en los sindicatos que integran la entidad federativa.

 

Recordemos que la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación invitó a las Centrales de Trabajadoras y Trabajadores a adherir a la Ley Micaela, 27499 e incentivar y promover actividades de capacitación en las organizaciones gremiales que la componen.

La iniciativa de convocar a la capacitación organizada conjuntamente por la Secretaría de Géneros e Igualdad de Oportunidades y la Secretaría de Formación y Capacitación de la FJA, es el resultado del trabajo realizado en los Encuentros de Mujeres, y del colectivo LGTBIQ+ judiciales, y la determinación política de la Mesa de conducción de llevarla a cabo.

La Secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la Federación, Karina Albarracín moderó el encuentro que fue dictado por Néstor “Yuyo” García, padre de quien fuera en vida Micaela García, víctima de femicidio.

El Secretario General, Hugo Blasco, en el cierre del encuentro agradeció Yuyo por haber brindado la capacitación y celebró la participación, que además de los dirigentes incluyó al personal de la Federación Judicial.

 

Luego de la denuncia de AGEPJ, intervino la oficina de higiene y seguridad del Poder Judicial. La misma constató que el personal convocado al trabajo presencial no permite mantener el distanciamiento social que establece la norma sanitaria para el Poder Judicial. Conforme a ello, el Juzgado dispuso –ahora si- un esquema de rotación del personal a los fines de cumplimentar los protocolos vigentes.

 

AGEPJ denunció públicamente hoy miércoles 28 de Abril   al Juez Civil Eduardo Bruera por obligar a todas las empleadas y empleados de su juzgado (Civil y Comercial N° 11) a concurrir de manera presencial cuando las dimensiones de la oficina no permiten mantener el distanciamiento social adecuado.

 

 

La situación fue constatada por el gremio que se apersonó en el lugar comprobando que los reducidos metros cuadrados del juzgado no permiten cumplir con la actual disposición sanitaria fijada al Poder Judicial de convocar presencialmente sólo la cantidad de personal que permita mantener el distanciamiento social y mantener el resto del personal con el teletrabajo.

El Secretario General del gremio Federico Cortelletti expresó que «hemos solicitado a la Administración que ordene al Sr. Juez cumpla la norma sanitaria, de no mediar esa actuación el gremio dispondrá retención de tareas focalizada en dicho juzgado para salvaguardar la salud de las compañeras y compañeros trabajadores.»

En tanto que el Secretario Adjunto Adrian Valan acotó que: «es inentendible que en medio de la segunda ola que está provocando estragos en todo el mundo, colapsando los servicios de salud un juez de la provincia, desde su casa, porque es persona de riesgo al tener 78 años, ordene incumplir la normativa sanitaria poniendo en grave riesgo la salud de las trabajadoras y trabajadores de su juzgado».