AGEPJ declaró el estado de alerta y movilización en Unidades Judiciales. El motivo es la reapertura de nuevas U.J., dejando de lado el esquema con el que se venía trabajando, sin condiciones sanitarias e inmersos en el contexto de la denominada “segunda ola” de covid 19. Desde el sindicato advertimos que es el peor momento sanitario para realizar una reapertura, que además no se ha previsto una cobertura de personal suficiente y se hace responsable a las autoridades del MPF de cualquier consecuencia para la salud tanto de empleados y empleadas como la ciudadanía que concurra a esos centros judiciales.

Nuestra compañera Romina Martinez, integrante de la comisión directiva de AGEPJ se refirió al punto manifestando que “las y los sumariantes nos desempeñamos en forma presencial desde el primer día de esta pandemia, con el riesgo que eso significa, reclamando constantemente por las condiciones en las que tuvimos y tenemos que trabajar, no sólo sanitarias sino también por la constante presión y estrés que conlleva la tarea. Esta decisión es un atropello más de la patronal, que carga sobre la espalda de las trabajadoras y trabajadores del sector la responsabilidad de prestar un deficiente servicio de justicia.”

AGEPJ pone en conocimiento también que varias unidades judiciales no cuentan con el personal suficiente para un funcionamiento óptimo según los parámetros establecidos por el mismo Ministerio Publico Fiscal. En el estado de alerta decretado se advierte que al mínimo incumplimiento de protocolos de bioseguridad, falta de insumos o deficientes condiciones edilicias AGEPJ dispondrá retención de tareas para preservar la salud de las compañeras y compañeros.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “Abren tres nuevas unidades judiciales más, como si no estuviéramos inmersos en la segunda ola de covid y van a tener que cerrar otras completas cuando haya un brote porque el personal es totalmente insuficiente y se ha abandonado la rotación como medio para compartimentar al personal y evitar la propagación del contagio.”

En tanto que el Secretario Adjunto Adrian Valan advirtió que “Lo que están haciendo es una mala decisión desde el punto de vista sanitario porque pone en riesgo la salud de las compañeras, compañeros y población en general, pero también es una mala decisión de administración de justicia porque para abrir nuevas sacan personal de las que están funcionando por lo que no mejorará o agilizará la atención de justicia. Hacemos responsables al Ministerio Público Fiscal por las consecuencias en la salud que pueda haber en cada una o uno de los sumariantes.”