El Sindicato de los trabajadores Judiciales de Córdoba (AGEPJ) emitió un comunicado denunciando que la Administración General del Poder Judicial dictó una resolución que limita y cercena en forma ilegal y arbitraria el derecho de huelga. La norma dispone que los funcionarios responsables de oficina informen la adhesión a los paros por parte de las trabajadoras y trabajadores y que ante la falta de dicho informe se sancione al agente con falta injustificada. Esta situación expone a los empleados a sufrir doble descuento y lo que resulta más grave, habilitaría la apertura de sumario.
AGEPJ afirmó que «De no mediar un cambio en los próximos días en la resolución por parte de la Administración General se llevarán adelante todas las acciones legales pertinentes y pondremos en marcha las medidas de fuerza gremiales que consideremos oportunas». En este sentido recalcamos que esta resolución se da en el marco del conflicto que venimos llevando adelante por recomposición salarial, constituyendo claramente una represalia. En concreto, los empleadxs judiciales reclamamos que fuimos discriminados por la ley de equiparación que solo benefició a magistrados y funcionarios llevando a que hoy un vocal del TSJ perciba una remuneración de $ 310.000 lo que constituye 14 veces el salario de un ingresante, estando dicha relación en diez salarios de un ingresante antes de la ley de equiparación.
El Secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti expresó que “Esta resolución cercena el derecho de huelga garantizado por la constitución a las y los trabajadores exigiendo un informe que no depende del agente y que constituye, en definitiva, una sanción y persecución a aquellos empleados que realicen un paro en defensa de sus derechos.”
El Secretario Adjunto Adrián Valan acotó que “El administrador general del Poder Judicial, Ricardo Rosemberg -que es abogado- ha suscripto una barbaridad jurídica que impone sanciones a unxs -lxs empleadxs- por faltas y omisiones de otros -los funcionarios-. Es irracional que nos sancionen a las trabajadoras y trabajadores que nos sumamos a un paro por un informe que deben hacer los responsables de oficina, muchos de los cuales utilizan esta situación para presionar. Resulta además muy irritante que funcionarios que cobran más de ciento cincuenta mil pesos impongan por descuido o intencionalidad una sanción a trabajadores que estamos defendiendo el poder adquisitivo del salario en un contexto de aumento desmedido de precios y tarifas.”
