El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti reclamó ante la audiencia pública por el presupuesto en la legislatura de la provincia de córdoba

Federico Cortelletti, Secretario General de AGEPJ, reiteró el reclamo gremial ante la audiencia pública del presupuesto en la Unicameral sobre el inequitativo doble estándar salarial dentro del Poder Judicial Provincial.

Sostuvo que la actual distribución de los recursos discrimina a las empleadas y empleados judiciales. Esta situación de inequidad se acentúa en momentos de un alto deterioro de los salarios vía devaluación e incremento de los servicios. Además se remarcó que otra de las aristas es la diferencia de aportes previsionales donde los que más ganan –el sector equiparado- hace un esfuerzo previsional del 12 % mientras que las empleadas y empleados aportamos un 18%.  Asimismo se planteó la necesidad de dotar de recursos al presupuesto para continuar con una reestructuración de la planta que permita el cumplimiento del derecho constitucional a la carrera (art. 23 inc. 13 de la Constitución Provincial).

Se recalcó que es imprescindible dotar de recursos al presupuesto para terminar con la precarización que implica la situación de contratados o contratadas que ostenta el 20% de la planta del Poder Judicial. Que se debe dar continuidad al desarrollo de la infraestructura que permita mejores condiciones y medioambiente del trabajo para la planta como a la mejor prestación y calidad del servicio de justicia que merecen las y los ciudadanos.

Se adelantó a la Unicameral que nuestro gremio viene dando los pasos necesarios para obtener la  Declaración de Insalubridad para las tareas que a diario realizan nuestras compañeras y compañeros en la Policía Judicial y que ello implicará luego la responsabilidad de la legislatura en establecer los instrumentos legislativos para que rápidamente se reconozcan esos derechos laborales.

Por último se le señaló a la legislatura la incongruencia en retacearle presupuesto al Poder Judicial para todo lo señalado pero erigir a las empleadas y empleados como Fiscales Públicos Electorales –función que seguramente volveremos a cumplir en 2019- para resguardar la transparencia de los comicios.