La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) presentó una nota formal ante el Fiscal General del Ministerio Público Fiscal, Dr. Juan Manuel Delgado, solicitando que se impartan las instrucciones correspondientes para garantizar la continuidad de la investigación penal en la causa donde Caeiro está imputado por violación de secreto y obtuvo sobreseimiento la semana que pasó.
La presentación, firmada por el Secretario General de AGEPJ, Federico Cortelletti, se realizó el 13 de octubre de 2025. En ella el gremio solicitó que el Fiscal General instruya al Fiscal de Cámara que corresponda a interponer recurso de casación contra la Sentencia N° 19 del 6 de octubre de 2025 dictada por la Cámara de Acusación.
La medida busca que el sobreseimiento sea revisado al entenderse que es contrario a derecho y lesiona tanto los principios de transparencia e igualdad en el sistema de concursos judiciales como la propia credibilidad de la justicia. En efecto, el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “El mensaje que se transmite con este tipo de resoluciones es muy dañino, le dice a la sociedad y hacia dentro del poder judicial que un funcionario judicial puede cometer actos indebidos sin tener consecuencias por ello. Esto no ayuda a la credibilidad de la justicia ni fortalece el sistema interno de concursos, sino todo lo contrario.”
Recordemos que el 4 de noviembre de 2024 AGEPJ puso en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia su preocupación por presuntas irregularidades en el concurso convocado por Acuerdo N° 375/24, destinado a cubrir cargos de Prosecretario/a Letrado/a Auxiliar Colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital.
Luego esa presentación derivó en un sumario administrativo y, posteriormente, en una investigación penal conexa. Esa causa penal avanzó bajo la figura de violación de secretos (art. 157 del Código Penal), pero la Cámara de Acusación resolvió el sobreseimiento del imputado Santiago Eduardo Caeiro, argumentando que no se configuraba su calidad de funcionario público en su rol de Tribunal Examinador, lo que el gremio señala como profundamente contradictorio porque no se puede ser magistrado ejemplar en el despacho y actuar con opacidad en un concurso del mismo sistema judicial.
Otras derivaciones de la denuncia originaria del sindicato fueron que el concurso, donde se produjeron las filtraciones de exámenes se declaró nulo volviendo a efectuarse y que finalmente el funcionario acusado renunció a su cargo en la justicia pesando sobre el un sumario administrativo, dos acusaciones ante el jury de enjuiciamiento (una de AGEPJ y otra de la UCR) y la causa penal ya mencionada.
