Mediante una contundente asamblea realizada en Villa María, el Gremio de Judiciales sentó posición frente a la persecución laboral que se lleva adelante en esa ciudad
Desde Agepj repudiamos y rechazamos la persecución laboral que está realizando el TSJ, a través de la Oficina de Sumarios Administrativos y la investigación penal que lleva adelante la fiscal Juliana Companys, buscando amedrentar y disciplinar compañeras y compañeros de la ciudad de Villa María haciéndoles llegar resoluciones con llamados de atención, en el marco de la causa por la filtración de una denuncia contra el intendente de esa ciudad.
En estas semanas, decenas de trabajadoras y trabajadores han recibido una resolución con un “severo llamado de atención” sin ni siquiera ser escuchados por la Oficina de Sumarios que sigue manejándose con un modelo inquisitivo propio de otros tiempos, mientras que al mismo tiempo, pueden observarse declaraciones improcedentes en la prensa exponiendo a nuestras compañeras y compañeras.
Sostenemos que ante la ineficiencia para determinar quién fue la persona que filtró el documento, no se puede intentar hacer un disciplinamiento colectivo amenazando indiscriminadamente con sanciones a las y los trabajadoras de la sede.
Al mismo tiempo, y como efecto de lo mismo, la decisión posterior de eliminar la posibilidad de acceso informático para consultar causas judiciales de otras dependencias cuando el sistema ofrece la posibilidad de mantener como “confidencial” lo que se considere de esa manera, sumado a la amenaza de sumario si eso ocurre, no hace más que entorpecer el trabajo cotidiano de todas las oficinas de tribunales en toda la provincia, puesto que esas acciones se hacen todo el tiempo, todos los días y tienen que ver con la eficiencia del trabajo.
Haber avanzado en la digitalización de los expedientes con la intención de acelerar los tiempos de la justicia, para luego, prohibir el acceso informático es una contradicción flagrante que dificulta el accionar de quienes realizamos el trabajo para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía en un tiempo razonable.