Finalmente, se elevó a juicio la causa penal contra el ex ayudante fiscal Ernesto Morales en su momento denunciado por AGEPJ por violencia laboral y acoso sexual y rápidamente cesanteado por tal motivo. (Para ver nota del diario La Voz del Interior HACER CLICK ACÁ).
En orden a ello, AGEPJ expresa su beneplácito por la tramitación que llevó esa causa, sin embargo crece la preocupación y el alerta por el aumento de casos de violencia laboral en el Poder Judicial. En efecto, el gremio está trabajando arduamente junto a otros actores dentro de la comisión redactora del protocolo para que se pueda llevar adelante el concurso, establecer un orden de mérito y definitivamente dejar constituido el órgano de aplicación del protocolo: El Equipo Interdisciplinario de prevención y actuación en violencia laboral y/o de género en la modalidad laboral.
Sin embargo, en todo el tiempo que ha transcurrido desde el dictado del protocolo, nuestra organización advierte que otros estamentos del Poder Judicial siguen sin hacerse eco de la necesidad de prevenir la violencia laboral y de intervenir efectivamente ante aquellas alarmas que han sido identificadas por el mismo protocolo como indicadores. Señales que debieran ser conocidas por quienes coordinan o conducen áreas sensibles del Poder Judicial ya que están establecidas en el capítulo IV del protocolo en una amplia ennumeración de 12 situaciones. Este déficit de comprensión del problema determina o coadyuva a que se sigan consumando hechos de violencia laboral y naturalizando prácticas violentas, a los cuales tenemos acceso como organización porque precisamente el gremio es quién, al final de cuentas, continúa siendo quien contiene, asesora, orienta y termina generando las denuncias correspondientes ante el TSJ o la oficina de sumarios administrativos.
Recordemos que luego que AGEPJ presentó el 8 de marzo de 2019 un proyecto de protocolo para prevenir la violencia laboral, una comisión redactora (con la participación gremial de nuestras compañeras Agostina Noccioli y Lucía Bonafé) lo reelaboró y el TSJ finalmente lo aprobó en junio de 2021.
Hubo un comienzo de implementación fallido ya que AGEPJ advirtió que no se había constituído el órgano de aplicación como lo establece el protocolo. A partir de allí devino la suspensión de vigencia (nota de suspensión vigencia) y el actual proceso (que está llegando a su fin) de llamado a concurso para constituir como corresponde el órgano interdisciplinario de aplicación.
La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que sin perjuicio de los avances logrados con la sanción del protocolo, la buena gestión de la causa penal contra Morales y el trabajo de constitución del órgano de aplicación del protocolo, nos preocupa la inercia cultural hacia dentro del poder judicial. En efecto hay un gran problema de no asimilación de los principios del protocolo por parte de reparticiones como recursos humanos, medicina laboral o salud mental que podrían tener otro tipo de intervención y en consecuencia evitar, en muchas ocasiones, los casos de violencia de los que estamos teniendo conocimiento.
