La Federación Judicial Argentina (FJA) expresa su más enérgico repudio en relación con la persecución de la que es víctima la compañera Milena Maglione, Secretaria Co-Adjunta del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Rio Negro (SITRAJUR) y Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de esta Federación, con quien nos solidarizamos firmemente y acompañamos en las acciones que decida llevar adelante.
Como es público y notorio, la compañera Maglione tiene acordada una licencia gremial con el fin de cumplir con sus funciones sindicales, en virtud de un convenio paritario suscrito oportunamente con el Superior Tribunal de Justicia local. Sin embargo, la patronal, en este caso a través del Procurador General de la provincia, ha decidido incumplir con el referido pacto, violando no solo la norma derivada del mismo, sino los más elementales principios que deben regir las negociaciones colectivas y los convenios paritarios.
Asimismo, no se nos escapa que esta agresión es parte de una política que viene desarrollando de un tiempo a esta parte el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. En efecto, baste mencionar el intento de reformar la Ley 5.009 de Negociación Colectiva provincial, que fuera obtenida luego de años de reclamar el cumplimiento de un derecho constitucional básico. La pretendida reforma no es otra cosa que la esterilización del derecho en cuestión y el restablecimiento de la voluntad unilateral de la patronal en la regulación de las condiciones de trabajo y empleo.
Es así como no solo le niega la licencia acordada a la compañera Maglione, sino que inicia acciones que amenazas tanto la estabilidad laboral como sindical. Esta situación no es un problema que afecte solo a nuestra compañera sino a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales, en tanto se trata de una conculcación de derechos sindicales, en particular la libertad sindical garantizada por la Constitución Nacional.
Estamos pues ante una ofensiva más general, que apunta a vulnerar derechos consagrado en normas constitucionales y convencionales de carácter internacional, que enmarcamos en una avanzada de la derecha y ultraderecha en el país que pretende pulverizar derechos constitucionales, flexibilizar condiciones laborales, y perseguir políticamente a dirigentes sindicales, en particular mujeres.
Es por ello que no solo expresamos este repudio sino que exigimos el cumplimiento irrestricto de lo pactado y, en caso de que no se proceda a derecho, hacemos reserva de accionar administrativa y judicialmente, tanto en el plano local, nacional como internacional en garantía de los derechos adquiridos, independientemente de las medidas de índole gremial que nuestro colectivo sindical decida adoptar.
