Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba expresamos nuestro absoluto repudio al proyecto impulsado por el Gobierno y la Legislatura provincial para crear la denominada Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba. Esta iniciativa así tal cual está diseñada en el proyecto difundido, contradice los estándares internacionales, desconoce los antecedentes nacionales y provinciales existentes y profundiza el vaciamiento del Estado, desviando recursos mientras se deterioran día a día nuestros salarios, nuestras jubilaciones y las condiciones de trabajo de todo el sector público.
Hace más de diez años que organizaciones sociales y de derechos humanos de Córdoba reclaman la creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, tal como exige la normativa nacional e internacional. Es un mecanismo autónomo, plural, sin cargos vitalicios, con participación de la sociedad civil y con presupuesto independiente. Pero el proyecto provincial no cumple ningún estándar reconocido. Lejos de tomar los modelos existentes —como la Procuración Penitenciaria Nacional creada por Ley 25.875, o las Comisiones provinciales de Mendoza y Salta— el proyecto cordobés propone un organismo completamente distorsionado:
- Depende del Poder Judicial, es decir, del mismo poder estatal que debe controlar.
- Carece de participación de organizaciones especializadas de la sociedad civil.
- Crea cargos vitalicios (cuando deberían ser temporales), con sueldos equivalentes a los de jueces, defensores y vocales del Tribunal Superior de Justicia, y con las mismas actualizaciones salariales del régimen de magistrados.
- No prevé concursos de antecedentes y oposición, ni ningún proceso de selección democrático y transparente.
- No tiene presupuesto independiente, y sus remuneraciones y funcionamiento quedan imbricados en la estructura que debería ser objeto de control.
Incluso las provincias que han creado procuraciones o comisiones de prevención —como Mendoza (Leyes 8254/2011 y 9253/2020) y Salta (Ley 7.733/2012)— aseguran independencia funcional, participación plural y límites temporales claros. Nada de esto se respeta en la propuesta de Córdoba. Como señalan la Red de Organizaciones en Defensa de los DDHH en Contextos de Encierro de Córdoba y el CELS en su comunicado de repudio del 10/12/2025, nuestra provincia es una de las pocas que aún no cuenta con su MLPT; y si se aprobara este proyecto, seguiría incumpliendo su obligación internacional.
Un proyecto que agrava la crisis presupuestaria del Poder Judicial
Mientras las y los judiciales venimos reclamando:
- medidas urgentes frente a la brutal pérdida salarial,
- mejores condiciones laborales,
- y diálogo real y de buena fe para discutir el déficit de la Caja de Jubilaciones y la devolución de los aportes extraordinarios,
el Gobierno provincial responde creando una superestructura costosa, cerrada, sin controles y sin legitimidad social dentro del Poder Judicial, que se presenta como un avance en derechos humanos, pero no es más que un nuevo espacio para nombramientos con sueldos millonarios y funciones mal diseñadas.
A la vez, este proyecto modifica la ley jubilatoria provincial, incluyendo a los futuros ocupantes de estos cargos como beneficiarios de jubilaciones de altísimo costo, mientras el conjunto de las y los estatales seguimos exigiendo algo básico: la devolución del 4% arrebatado en diciembre de 2023.
El Gobierno argumenta “déficit de la Caja”, pero lejos de buscar soluciones estructurales, nos exige a quienes trabajamos que financiemos el agujero con más aportes, sin convocar al diálogo ni abrir ninguna instancia real de negociación.
No al kiosco institucional; sí al cumplimiento genuino de las obligaciones en derechos humanos
Este proyecto no crea un Mecanismo local de prevención de la tortura. Crea un organismo dependiente del poder al que debe controlar, sin autonomía real, sin pluralidad y sin controles ciudadanos. Un diseño contrario a todos los estándares internacionales, a la legislación nacional y a las mejores prácticas provinciales.
Porque defender los derechos humanos exige instituciones serias y transparentes, no cargos vitalicios ni estructuras opacas. Porque la independencia no se declama: se garantiza. Porque los recursos públicos deben estar al servicio de la sociedad y del trabajo, no de nuevos privilegios.
AGEPJ — Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba.
