Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) informamos que continúa sin resolución la investigación sumarial iniciada a partir de la denuncia presentada por nuestro gremio en octubre de 2024 contra la fiscal Isabel Reyna, titular de la sede de Bell Ville.
La denuncia impulsada por AGEPJ documentó conductas graves y sostenidas en el tiempo, entre ellas malos tratos, amenazas, comentarios ofensivos y expresiones discriminatorias hacia trabajadoras y trabajadores judiciales. Asimismo, se señalaron manifestaciones gordofóbicas, xenófobas y situaciones de maltrato hacia personas que acudían a la Fiscalía como usuarias del servicio de justicia.
En la causa dieron su testimonio empleadas y empleados judiciales, funcionarias/os e incluso abogadas y abogados que fueron víctimas y testigos de sus conductas, porque su accionar se extendió desde el personal de ordenanzas hasta magistrados.
Han transcurrido más de dieciséis meses desde la presentación formal, y a la fecha —marzo de 2026— aún no existe una resolución definitiva.
El trámite permaneció durante meses en la Fiscalía General a la espera de dictamen, y recién en esta etapa se encuentra pendiente de resolución final por parte del Tribunal Superior de Justicia. Esta dilación resulta inadmisible frente a la gravedad institucional de los hechos denunciados.
Durante todo este tiempo, la magistrada continuó en funciones dentro de la oficina. La situación fue de tal magnitud que debió trasladarse a prácticamente la totalidad del personal, ante la imposibilidad de sostener condiciones mínimas de convivencia laboral. Sin perjuicio de la necesaria y oportuna intervención del Equipo Interdisciplinario de prevención de Violencia Laboral, quien acompañó a las personas afectadas mientras se tramitaba el sumario.
Desde AGEPJ reiteramos que la violencia laboral no puede naturalizarse ni relativizarse, menos aún cuando proviene de quien ejerce una función de conducción. La demora en la adopción de decisiones también impacta en la calidad institucional y en la confianza de quienes trabajan y de quienes acuden al servicio de justicia.
Esperamos que el Tribunal Superior de Justicia dicte una resolución ejemplar, acorde a la gravedad de los hechos acreditados, y que se envíe un mensaje claro: en el Poder Judicial no hay lugar para la violencia, el maltrato ni la discriminación.
AGEPJ continuará acompañando a las personas afectadas y sosteniendo el reclamo hasta que exista una definición.
