Desde AGEPJ expresamos nuestra más profunda solidaridad con la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y con todas las trabajadoras y trabajadores de esa provincia que hoy enfrentan un nuevo intento de recortar derechos previsionales.
Quienes integramos AGEPJ sabemos muy bien lo que significa enfrentar una reforma regresiva. En Córdoba hemos sostenido durante meses una lucha gremial, política y judicial contra la Ley 11.087 porque siempre denunciamos que, detrás del discurso de la «equidad previsional», había un ajuste sobre los salarios de las y los trabajadores activos y sobre las jubilaciones. Además, esa reforma desvirtuó el acuerdo de equiparación conseguido en 2025 licuando aún más la posibilidad de una recomposición salarial, por lo que hoy nos encontramos nuevamente en conflicto.
Hoy, el gobierno provincial de Entre Ríos pretende avanzar en un camino similar: reducir derechos históricos, modificar la forma de calcular los haberes jubilatorios y profundizar la denominada «armonización» de las cajas provinciales. El informe elaborado por la Federación Judicial Argentina (que puede descargarse haciendo Click Acá) advierte que esta reforma reduciría el haber jubilatorio real a casi el 64% en relación a las y los activos, muy lejos del objetivo del 82% móvil, afectando seriamente el derecho a una jubilación digna. Según lo que denuncian las y los judiciales de Entre Ríos con este proyecto también se sube la edad jubilatoria, se reducen pensiones y se agrega un aporte solidario para activos y pasivos.
Las cajas previsionales provinciales no son un privilegio: constituyen un patrimonio de las y los trabajadores y una garantía de un sistema solidario. Su sostenibilidad no puede lograrse trasladando el costo de la crisis a quienes viven de su salario o de su jubilación.
Porque cuando avanza una reforma previsional regresiva en una provincia, se pone en riesgo el conjunto de las cajas previsionales del país. La presión sobre las cajas provinciales se agrava con el ajuste nacional sobre los fondos que son de las provincias y entendemos que derivará en una mayor presión, también, al sistema nacional previsional.
No permitiremos el avasallamiento de derechos sociales básicos como salario y jubilaciones en todo el país.
Toda nuestra solidaridad con AJER y con las y los judiciales entrerrianos.
