Lo racional es que los poderes del estado cumplan lo pactado
Ante nota remitida por el colegio de abogados de Río Cuarto a la seccional de AGEPJ de dicha ciudad y declaraciones del presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba, desde nuestra entidad queremos hacer algunas precisiones.
En sendas notas y declaraciones se pide a nuestra entidad considere que el servicio de justicia es esencial, posibilitando el normal funcionamiento del mismo y se nos solicita “racionalidad” ante las medidas de fuerza desarrolladas.
Una vez más, con el respeto que dichas entidades profesionales se merecen, hay errores conceptuales que aclarar a fines de evitar confusiones a la ciudadanía. En efecto, como lo reconocen ambos colegios, es cierto que las medidas de fuerza decretadas por AGEPJ afectan el normal funcionamiento del servicio de justicia. Lo que tambien es cierto, es que dicha afectación no es responsabilidad de nuestro gremio sino del Tribunal Superior de Justicia y la Provincia de Córdoba que no han abonado sumas salariales ya acordadas desde 2019, un claro incumplimiento de normas que el mismo tribunal ha suscripto. Es a ellos (TSJ y Poder Ejecutivo) a quienes las entidades profesionales debieran dirigir sus reclamos, ya que son los únicos responsables de la situación en que nos hallamos con sus continuos incumplimientos legales.
Por otra parte, se insiste reiteradamente en un error, que llama la atención tratándose de las entidades que nuclean a los abogados y abogadas. Nadie desconoce que el servicio de justicia reviste una importancia fundamental para la marcha de nuestra sociedad. Sin embargo existe la ley nacional 25.877 que regula cuáles son las actividades esenciales, entre las que no se encuentra la administración de justicia. Dicha norma regula el derecho de huelga, estableciendo que aún ejerciendo ese derecho, dichos servicios deben mantener un prestación mínima. Y es de destacar, que aún sin estar incluido el servicio de justicia en esa norma, en el Poder Judicial se cumple sobradamente con las guardias mínimas requeridas sostenido por una importantísima dotación de funcionarios y magistrados.
El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: «el servicio de justicia es fundamental para el funcionamiento del estado de derecho. Las trabajadoras y trabajadores lo sabemos claramente al punto que estamos siempre en la primera línea de defensa del sistema democrático. Es justamente lo que estamos reclamando con las medidas de fuerza, que se termine la vergüenza de que los poderes del estado emiten normas que después no respetan. Simplemente que cumplan con lo pactado y abonen lo que por ley nos deben.»
Por su parte el Secretario General de AGEPJ Seccional Río Cuarto Bruno Bálsamo agregó que: «Nótese que cuando en el ámbito de la justicia no se cumple con una sentencia, lo que hacen los abogados y abogadas, es activar los mecanismos para ejecutar la misma. Eso y nada más que eso, es lo que estamos haciendo como Sindicato, exigimos que el Estado cumpla lo firmado, con las herramientas que la democracia le ha otorgado a los gremios. Es hacia los poderes del estado –Tribunal Superior y Poder Ejecutivo- hacia quienes hay que dirigir los pedidos de racionalidad y respeto del estado de derecho”
