Para AGEPJ es muy grave y preocupante el fallo que sobreseyó al ex magistrado, argumentando que no tenía la calidad de funcionario público al violar información secreta y filtrar preguntas del examen. Si bien el ex magistrado renunció, lo cual indica que la falta ética existió y fue muy grave, el mensaje que queda es desolador: la Justicia avala las ventajas ilegítimas, lo cual es a todas luces insostenible.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) manifiesta su profunda preocupación y rechazo hacia la sentencia judicial dictada por la Cámara de Acusación que sobreseyó a Caeiro en la causa penal por la filtración de preguntas del examen para funcionarios del Poder Judicial. Lejos de cualquier pretensión punitivista, el gremio alerta que el fallo no solo consolida la impunidad, sino que socava los pilares de igualdad, idoneidad y transparencia en que debe basarse todo sistema de concursos.
El gremio plantea que lo más alarmante es que la Cámara entiende que el hecho penal es típico en su accion, en la calidad de doloso y que la informacion que se acusa de haber revelado era secreta. Pero la preocupación se despierta cuando la operación lógica de la sentencia avanza escindiendo el carácter de funcionario público del imputado de su rol de Tribunal Examinador. La Cámara entiende que al poder integrar el Tribunal examinador otras personas como académicas y jubiladas y la selección es por idoneidad y voluntaria, no se advierten las notas típicas del deber de funcionario público. Pero ese razonamiento es a todas luces artificioso y contrario a la doctrina ética sostenida por el propio Tribunal de Ética del Poder Judicial y por producción doctrinaria de sus integrantes, que enfatiza que magistrados y funcionarios deben conducirse con transparencia, honestidad y ejemplaridad en todos los ámbitos de su actuación. Además, la sentencia olvida que la persona bajo cuestión era Defensor Público y trabajaba en el mismo edificio que la gran mayoría de las y los aspirantes a rendir ese concurso, es decir que, para el órgano juzgador, las personas pueden tener dos roles y dividirse artificiosamente cuando en realidad operan bajo uno que es un todo y es el marco del ejercicio de la labor judicial pública y estatal.
Al respecto AGEPJ plantea que no se puede ser magistrado ejemplar en el despacho y actuar con opacidad en un concurso. La ética judicial es indivisible y las obligaciones de probidad se exigen en toda circunstancia, precisamente para mantener la credibilidad y confianza ciudadana. Este fallo, al permitir esa escisión, daña gravemente la imagen de la Justicia.
Insistimos en que se indica que es motivo de reproche penal que el magistrado integrante del jurado, haya entregado preguntas del examen a determinadas concursantes y la información acusada de ser divulgada era secreta, lo que les permitió a las favorecidas prepararse de manera ventajosa y artificial, todo conforme la acusación. Estos hechos muy gráficos, que con mucha razón el sentido común lo puede encuadrar en lo que sencillamente se denomina como corrupción, ahora quedarían impunes mediante una argumentación que, más allá de sus tecnicismos, normaliza lo inaceptable.
Al respecto el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Los hechos de la filtración de preguntas del examen y ahora este fallo, mandan un mensaje desolador a todas y todos los trabajadores judiciales que creemos en el esfuerzo y la preparación como la base para acceder a los cargos del funcionariado: da lo mismo estudiar que contar con un ‘contacto’ en el jurado. Eso no sólo es injusto, sino que desalienta la excelencia y profesionalismo que desde el sindicato queremos y que toda la sociedad necesita para el Poder Judicial”, por añadidura agregó que “Cuando la ciudadanía ve que los hechos de corrupción probados se diluyen en argumentos intrincados, la desconfianza se instala y la institución judicial pierde autoridad moral. Nos preocupa el precedente y el daño institucional que esto genera”.
