Desde AGEPJ observamos con muchisima preocupación la progresiva flexibilización que tanto el tsj como el MPF, están llevando adelante en relación a las condiciones de bioseguridaden en la que nos desempeñamos las empleadas y empleados judiciales.
Mientras nuestra provincia aun no pasó la denominada primera ola, puede observarse en otras partes del mundo la reedición de la tragedia que está provocando la segunda ola de la pandemia de covid 19. A la espera de la vacuna, no existe especialista que no reconozca que el distanciamiento junto al uso del barbijo son las mejores herramientas para prevenir el contagio.
En este sentido la autorización brindada por el COE para aumentar cantidad de personal en las oficinas, es preocupante teniendo en cuenta lo descripto antes. Pero tal autorización no es una “vía libre” para que la patronal haga cualquier cosa. Si estamos en fase de distanciamiento social debe mínimamente respetarse ello y no es lo que va a suceder ya que la administración está dejando descansar en los jefes de oficia la decisión de cuanto personal va a volver por lugar.
El panorama en las Unidades Judiciales es aún peor. Luego de un complicado proceso para diagramar como se materializaría el merecido descanso anual de un sector que no paró de trabajar nunca, aún habiendo pandemia intempestivamente se anunció una “vuelta a la normalidad” que violenta las condiciones de trabajo, no respeta la jornada de trabajo, descansos, francos y expone la salud de las compañeras y compañeros.
En estas condiciones de ausencia total de un criterio general que cuide la salud de las y los trabajadores y violación de derechos laborales AGEPJ ha decretado un paro de actividades de 48 hs. para el lunes 21/12 y el 22/12.
Exigimos la apertura de una instancia de negociación en la que la patronal explique bajo que protocolos y medidas de bioseguridad pretende llevar a cabo el trabajo presencial para afrontar esta nueva etapa que se ha abierto en la provincia y el país en cuanto a la pandemia.
