Este 24 de enero todos los sindicatos paramos y movilizamos en contra de las políticas de ajuste contra los y las trabajadoras que se están llevando a cabo tanto a nivel nacional como a nivel provincial.

Este 24 de enero será el marco de la discusión legislativa a nivel nacional sobre la Ley ómnibus y el DNU 70/24 enviado por la presidencia que, entre muchas cosas, ataca gravemente a los y las trabajadoras. Es sabido que las previsiones del DNU70/2024 intenta reformar en forma prejudicial el régimen de trabajo actual, favoreciendo que las patronales no hagan sus respectivos aportes, que se modifique a la baja el cálculo para las indemnizaciones, extendiendo el periodo de prueba para justificar los despidos sin causa, modificando la jornada laboral, eliminando la protección contra el despido arbitrario, a la mujer embarazada y la maternidad, atacando severamente el derecho a huelga y el accionar de las asociaciones sindicales con la declaración de servicios imprescindibles.

Pero, además, la Ley Ómnibus prevé privatizaciones de recursos y empresas estratégicas del Estado, la entrega de la soberanía nacional, la liberación de importaciones en detrimento de la industria nacional y especialmente de PYMES, ataque a las economías regionales, entre muchas cosas más.

En Córdoba estamos ya viviendo las consecuencias de los ajustes. Entre gallos y medianoche, el nuevo gobierno provincial, en contra de los acuerdos salariales vigentes y haciéndose eco de un discurso de un ahorro urgente exigido a nivel nacional, decidió apretar en primer término contra los y las trabajadoras estatales que somos los que mantenemos las políticas públicas para la sociedad. El 27/12/2023 se configuró un enorme recorte salarial, vía aumentos en los aportes previsionales y los destinados a la obra social APROSS. Los estatales, luego de la devaluación a nivel nacional que golpeó duramente nuestros bolsillos, vimos de golpe disminuidos en un 4% nuestros salarios con la posibilidad de que se agrave aún más ese porcentaje en el 2024.

Pero, además, los y las judiciales sufrimos los descuentos por esos nuevos porcentajes de aportes también en los retroactivos correspondientes a meses anteriores a la sanción de la ley, haciendo retroactiva una ley de forma discrecional y arbitraria.

De ser Córdoba del desarrollo y la prosperidad presentada en las elecciones nacionales, pasamos en pocos días a un discurso de crisis fiscal y económica provinciales que “justificaron” de manera brutal un ajuste a los salarios de los y las trabajadores estatales. Sumado a eso se sucedieron luego masivamente bajas de contratos a nivel provincial de personas que llevaban años de antigüedad en el estado.

Los y las trabajadores sabemos que cualquier crisis o dificultad económica nunca se soluciona ajustando a los sectores más desfavorecidos sino ampliando derechos y horizontes democráticos, en base a diálogo y consenso. Apelamos a que las autoridades legislativas a nivel nacional y en Córdoba honren los valores democráticos que tanto costaron conseguir.

El día de ayer 28 de diciembre AGEPJ llevó adelante un gran paro provincial, junto a los demás gremios estatales para marcar un límite al avance del gobierno provincial sobre los derechos de las y los trabajadores. Se ha configurado un enorme recorte salarial, vía aumentos en los aportes previsionales y los destinados a la obra social APROSS y contra esas medidas se dirigió el paro provincial que tuvo un gran acatamiento en toda la provincia. En la capital se marchó hacia la casa de gobierno con el conjunto de gremios afectados. De igual manera lo hizo la seccional Río Cuarto en la capital alterna provincial. A su vez la delegación Villa Dolores participó en la conformación de la Mesa Intersindical de gremios estatales del departamento San Javier, proceso que avanzará en toda la geografía provincial y de la que nuestro gremio también formará parte.

Como en un efecto dominó el aviso del gobierno nacional de disminución drástica de envíos a las provincias causó el intento fallido primero y después, lamentablemente con éxito el pasado miércoles de la elevación de aportes a la caja de jubilaciones provincial. Además, se incrementaron los descuentos para la obra social APROSS. Con esa última decisión legislativa, sumada a la anterior introducida en la ley de presupuesto el cuadro de aumentos en los descuentos queda conformado por:

– un 2% más en APROSS, se pasa de 4,5 % a 6,5 % (dentro de ese aumento el 1% inicial de descuento ya está vigente, el otro entra en vigencia en el próximo salario)
– y un 2% autorizado por la reforma de la ley 1074 a la Caja de jubilaciones que es operativo para el próximo salario, y la posibilidad de una suba de un 2% más para la caja que aún no está confirmado. Pero, además, por la ley de presupuesto para el 2024, se autorizó que el gobierno pueda elevar un 2% más de aportes que autoriza. Si dichas sumas se concretan, los empleados judiciales pasaremos a tener un descuento del 24% de nuestro salario por aportes previsionales, situación inadmisible por el terrible impacto que ello implica para nuestros sueldos.

AGEPJ junto a los gremios estatales y aportantes frustraron el primer intento de aumentos, sin embargo, el miércoles 27 de diciembre el oficialismo provincial logró aprobar el proyecto. Luego de la movilización del día de ayer, los gremios estatales plantearon la continuidad de medidas durante enero e incluso un posible no inicio del año lectivo 2024 así como la necesidad de que el gobierno provincial convoque negociaciones en forma urgente.

El pasado miércoles 20 de diciembre el conjunto de sindicatos estatales presentes en la sesión unicameral de la legislatura provincial logramos frenar un proyecto que implicaría reducción del salario real que percibimos las y los trabajadores.

El Gobierno Provincial dio a conocer su intención de tratar en la Unicameral un proyecto para que se aumente en un 3% los aportes a Apross y en un 4% los aportes personales jubilatorios retroactivo a diciembre, que se sumaria al aumento ya impuesto de un 1% del aporte a Apross y a la posibilidad que tiene el Ejecutivo de aumentar en un 2% los aportes previsiones. Frente a lo cual, todos los sindicatos estatales movilizados ayer frente a la Legislatura logramos que no se trate dicho proyecto que implicaba la rebaja de los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial de las y los jubilados provinciales.

Desde la CGT Córdoba se emitió un comunicado  de prensa titulado «El mandato de la hora» en el que se manifiesta que “De las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional es evidente que el recorte de gastos buscado surge en un 44% de las y los trabajadores activos (impuesto a las Ganancias, suba de tarifas, destrucción de la obra pública, congelamiento de salarios en el Sector Público). Y más del 50% lo pagarán las y los jubilados y trabajadoras/es de la Economía Popular.
Las PYME también serán alcanzadas por el ajuste (aumento de tarifas, suba de retenciones, aumento del Impuesto País, etc.).
En suma: un clásico plan de ajuste que de nuevo no tiene nada. Con las mayorías como víctimas y las minorías como beneficiarias de una inmensa transferencia de recursos.
Todo lo que ya vivimos en los ´90, incluida la estatización de la deuda privada de los importadores, todo ello garantizado con una fuerte represión a la protesta social.
En Córdoba, el Gobierno provincial -al igual que los de otras provincias y los de varios municipios- ha anunciado que no respetará los acuerdos salariales firmados con los gremios que representan a sus trabajadores. Y que podrían seguir el ejemplo del Gobierno Nacional, cesanteando a contratados o dejando sin efecto pases a planta.”

Por otra parte a nivel nacional la Federación Judicial Argentina advirtió mediante un comunicado de prensa que volver para atrás con la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias implicaría profundizar una situación regresiva para el sueldo de las y los trabajadores en un marco donde la inflación y la devaluación ya mermó significativamente los ingresos.

Por todos esto motivos desde AGEPJ nos declaramos junto a todos los gremios de la provincia de Córdoba en estado de Alerta y Movilización.