Desde AGEPJ repudiamos el dictado de la nueva ley de reforma jubilatoria y llamamos a un paro para el 26 y 27 de mayo, que entre otros motivos ennumera la oposición a la misma. El Paro coincide con las jornadas que convocó CGT Regional Córdoba en resistencia a la ley.


A su vez, junto a los gremios aportantes a la caja estamos coordinando una estrategia legal para impugnar judicialmente la misma. Independientemente de dicha acción conjunta que reúne varios gremios, AGEPJ pondrá en breve a disposición de las jubiladas y jubilados afiliados el instrumento que indique el estudio del Dr. Carena para defender judicialmente nuestros derechos previsionales.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: «estamos ante la más regresiva reforma jubilatoria desde el regreso de la democracia, arteramente sancionada aprovechando las restricciones que la pandemia impone a la acción colectiva. Aun así le estamos ofreciendo resistencia, con el paro del 26 y 27, con las acciones en conjunto de los gremios aportantes y el recurso judicial que en breve AGEPJ pondrá a disposición de nuestras afiliadas y afiliados. Las jubiladas y jubilados judiciales nos han marcado un camino de lucha que vamos a honrar con un gran paro el martes y miércoles.»


A su vez el Secretario Adjunto de AGEPJ Adrian Valan acotó: «estamos convocando a todas y todos los empleados judiciales a plegarse al paro decretado para el 26 y 27 contra la nueva ley de reforma jubilatoria. En defensa de los actuales jubilados y de los que alguna vez seremos hay que demostrar que la justicia no funciona sin sus trabajadores por tanto en esas 48 horas no debe haber concurrencia a los lugares de trabajo ni conexión para realizar teletrabajo.»

Se abonará el 10% de diciembre 2019 a partir del mes de junio de 2020

La Administración General del Poder Judicial informó, alrededor de las 17 horas del 25 de mayo que incorporará al básico el 10% de aumento de diciembre de 2019 a partir del mes de junio.

Esta decisión de la patronal nada dice sobre los retroactivos debidos de sendos tramos de 10% ordenados a fin de año, de manera que la deuda con sus trabajadores y trabajadoras sigue siendo enorme aunque con la incorporación al básico dejará de acrecentarse.

No es nada casual que el Tribunal Superior durante un feriado patrio y a muy pocas horas del comienzo de un paro de 48 horas difunda esta noticia. La finalidad es evitar la ejecución de la medida de fuerza.

Sin embargo la misma se mantiene, por los retroactivos debidos, contra la amenaza constante de bajas de contratos, el recorte jubilatorio y la eliminación del receso de julio 2020.

La Comisión Directiva de AGEPJ convocó a un paro de 48 horas en el Poder Judicial para los días 26 y 27 de mayo. El momento del paro se decide en paralelo a la paulatina vuelta al funcionamiento del trabajo presencial en la mayoría de las sedes del interior, tal como lo había advertido AGEPJ si no había cumplimiento salarial.

El consenso de los cuerpos orgánicos de AGEPJ es unánime en cuanto a que la mala fe y destrato del Tribunal Superior alcanza ya límites intolerables. Mientras una gran parte de la planta hace teletrabajo y numerosos compañeros y compañeras haciendo trabajo presencial le han puesto el cuerpo a la pandemia, el Tribunal Superior nos tiene con la amenaza constante de bajas de contratos, sigue sin cumplir con el aumento salarial de diciembre de 2019, acaba de suprimir la feria de julio de 2020 y las precarias condiciones de trabajo de muchas sedes y edificios sólo se han visto empeoradas por la irrupción del coronavirus.

Como la gota que colma nuestra paciencia el 20 de mayo el gobierno provincial (elmismo que junto al TSJ nos debe parte de nuestro salario) hizo aprobar en trámite sumario una nueva ley que recorta las jubilaciones actuales y futuras de la Caja de Jubilaciones provincial.

Frente a todos estos atropellos del Tribunal Superior y el Gobierno Provincial las y los judiciales DECIMOS BASTA y convocamos a parar por 48 hs. en toda la provincial los días 26 y 27 de mayo, sin presencia en los lugares de trabajo y desconexión-deslogueo en la modalidad de teletrabajo. Además, se advierte que no habrá regreso con normalidad a la actividad del Poder Judicial si nuestra patronal continúa violentando derechos y ninguneando a quienes sostenemos con nuestro trabajo el funcionamiento del Poder Judicial.

El Paro comienza a las 0 horas del día 26 de mayo y culmina a las 24 hs. del día 27 de mayo o hasta la finalización del turno donde existe trabajo nocturno.

Desde el gremio de Empleados Judiciales de Córdoba expresamos nuestro enérgico rechazo a la posible modificación de una ley provincial que ajuste y/o recorte el monto de las jubilaciones provinciales.

Ante el hecho casi consumado que hoy, miércoles 20 de mayo, se aprobaría sin ningún tipo de discusión previa una modificación en las leyes jubilatorias vigentes que afectaría el cálculo de haberes nos mantenemos en Estado de Alerta y nos reuniremos con el conjunto de gremios aportantes a la caja para definir una estrategia de lucha para enfrentar esta medida.

El Secretario General Federico Cortelleti expresó: “Repudiamos este nuevo ataque a los trabajadores. Estamos ante la reforma más regresiva desde el inicio de la democracia y volviendo a los 90 previsionalmente hablando. Los estatales y gremios aportantes a la caja, en unidad vamos a enfrentar este nuevo ajuste

En tanto que el secretario Adjunto agregó: “En momentos en que el gobierno nacional hace denodados esfuerzos para que la crisis económica afecte lo menos posible a trabajadores y jubilados, el gobernador Schiaretti parece ensañarse con los mas débiles. Si verdaderamente representara intereses populares, el gobierno provincial avanzaría con impuestos a los sectores económicos que más ganaron en los últimos años, como por ejemplo los bancos y el agronegocio

La FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA repudia la denuncia efectuada por la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Dra. Liliana Piccinini, contra lxs compañerxs Pablo Barreno, secretario general del SiTraJuR 1ra. Circunscripción y de Adriana Saber, secretaria adjunta del SiTraJuR por la supuesta violación de las normas de cuarentena y a la vez manifiesta su total solidaridad con ambxs dirigentes sindicales.

La magistrada solicitó al Procurador General que el Ministerio Público investigue si la presencia de lxs compañerxs en Tribunales constituyó una violación al aislamiento preventivo y social obligatorio (cuarentena). En realidad la violación de las normas de la cuarentena la dispuso el propio Tribunal al habilitar la actividad laboral, poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadorxs judiciales. Fue en ese marco, ejerciendo estrictos derechos sindicales que lxs compañerxs intentaron ingresar a Tribunales a fin de constatar el cumplimiento de las normas de la emergencia sanitaria, siendo impedidos de hacerlo por orden del STJ y con la intervención de las fuerzas policiales.

Estos actos arbitrarios no sólo son una demostración más de la falta de respeto del STJ hacia lxs trabajadorxs judiciales, sus derechos laborales y la libertad sindical sino que constituyen conductas perversas. Ya no le alcanza con las actitudes antidemocráticas que exhibe habitualmente al negarse a la vigencia plena de la negociación colectiva a la que está obligada a respetar por ley provincial sobre todo en estos momentos de grave crisis sanitaria; no le resulta suficiente la complicidad del Ejecutivo provincial cuando ilegalmente suspende por resolución administrativa la paritaria con el Sindicato judicial.

Ante un sindicato que no deja de luchar a pesar de todo lo antes expresado este Tribunal necesita dar otra vuelta de tuerca.

Entonces decide aplicar la vieja receta de criminalizar la actividad sindical. De esta manera atenta contra el derecho a la libertad sindical y la tutela sindical de ambxs compañerxs intentando su amedrentamiento a través del Código Penal. Niega a su vez las facultades de contralor que tiene toda organización sindical e ignora todo el cuerpo legal y constitucional que ampara las acciones de lxs compañerxs.

Exigimos, finalmente, el cese de toda actividad persecutoria por parte del STJ de Río Negro contra estxs compañerxs y del resto de lxs trabajadorxs judiciales que se manifiestan en defensa de sus legítimos derechos como también la anulación de las acciones administrativas y judiciales iniciadas contra ambxs y la inmediata reanudación de la negociación colectiva.

Caso contrario efectuaremos las denuncias correspondientes en los ámbitos nacionales e internacionales.

En el día de ayer, domingo 17 de mayo, el TSJ en pleno junto a dos fiscales adjuntos del MPF, decidieron dejar sin efecto la feria de julio 2020.

 

A esta altura, es evidente que lo hicieron un poco para aliviar la presión del colectivo de abogados, otro poco para la tribuna mediática y otro tanto, para no perder la costumbre de recortar derechos a sus trabajadores y trabajadoras.

A la patronal, que duerme al resguardo de salarios que rondan el medio millón de pesos, poco le importa su actitud genuflexa frente al recorte que sus trabajadores y trabajadoras padecen desde diciembre de 2019, menos le importa estar dando de baja contratos en medio de la pandemia, y ahora deja en claro una vez más: que le importa nada, la salud de la planta de empleadas y empleados.

A contrario de lo que vino sosteniendo desde que a nivel nacional se dispuso el ASPO, esto es: que no se estaba de vacaciones, que las trabajadoras y trabajadores seguían laborando de manera presencial y remota. Ahora decide dejar sin efecto el receso dispuesto para julio de este año.

Es sabido, que el derecho a las vacaciones y al descanso, encuentra su fundamento en un derecho más importante aún, que es el derecho a reconstituir la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras. Si esto es fundamental en tiempos de “normalidad”, cobra una especial relevancia en este contexto en el que se ha estado trabajando bajo situaciones de presión, angustia y estrés, nunca antes vividas por nadie.

Basta como ejemplo, el solo hecho de pensar en sumariantes receptando denuncias, compañerxs de los cuerpos operativos concurriendo a trabajar en condiciones insalubres, integrantes de equipos técnicos realizando entrevistasy diagnosticos o incluso, muchos prosecretarios o prosecretarias concurriendo a tribunales a seguir sosteniendo el derecho de acceder a la justicia que asiste a la ciudadanía.

¿Cómo piensa la patronal compensar a quienes estuvieron concurriendo de manera normal y habitual a sus puestos de trabajo? ¿Cómo piensa la patronal compensar a quienes estuvieron trabajando desde su casa, poniendo a disposición todos los medios necesarios para realizar el trabajo remoto?
Es otra actitud vergonzante de parte de una patronal muy interesada no solamente, en no molestar al poder ejecutivo provincial sino en seguir sosteniendo ese cúmulo de privilegios sobre los que descansan, sin que nada ni nadie los perturbe.


Desde AGEPJ advertimos que si la deuda salarial que se tiene con este sector desde 2019 persiste, los trabajadores y trabajadoras no volveremos a garantizar como siempre lo hicimos, el funcionamiento normal del poder judicial.

AGEPJ Para Cura Brochero se planteó la retención de tareas si el Poder Judicial mantiene fecha de apertura prevista para el día de mañana 18 de mayo.

 

El gremio de Judiciales de Córdoba amenazó con disponer la “retención de tareas”, con la no concurrencia al lugar de trabajo en la sede Cura Brochero. La decisión se tomó luego que el titular del C.O.E. traslasierra el doctor Juan Uez (director del hospital Regional de Villa Dolores) le notificara al Poder Judicial que todavía no están dadas las condiciones para funcionar al no estar culminadas las obras requeridas por el C.O.E. en función de la bioseguridad frente a la pandemia.

En nota cursada al TSJ también se solicitó extremar las medidas en sedes como Alta Gracia y Carlos Paz  para que no suceda lo mismo que en Cura Brochero al momento de su reapertura. A su vez se reiteró la solicitud de provisión de termómetro para la Sede Cruz del Eje y las Unidades Judiciales en tanto que se requirió de un ingreso sanitizante para el ingreso de empleados y empleadas al edificio de Policía Judicial.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “Desde AGEPJ le solicitamos al Poder Judicial que revea la apertura dispuesta para el lunes 18 por no estar dadas las condiciones de seguridad para las empleadas, empleados, funcionarios y población en general. Si de todos modos deciden abrir, lo que reviste un acto de suma imprudencia AGEPJ ha dispuesto que las empleadas y empleados hagan retención de tareas o no concurrencia al lugar de trabajo para preservar su salud.”

El Secretario Adjunto Adrián Valán acotó que “Sabemos que la presidenta del Tribunal Superior está en conocimiento que no hay aprobación sanitaria para comenzar mañana en Cura Brochero. Esperamos que prime la cordura, revea lo programado y se posponga la apertura hasta que la autoridad sanitaria del C.O.E. de Traslasierras lo disponga.

Entre el lunes 11/05 que comenzaron las primeras  y el lunes 18/5 estarán funcionando con un nuevo esquema de trabajo presencial y teletrabajo 19 sedes judiciales. En tanto que las de la primera circunscripción judicial continúan con el “servicio judicial de emergencia” hasta que la autoridad sanitaria disponga lo contrario, manteniéndose reuniones del comité de higiene y seguridad –que AGEPJ integra- para adaptar el protocolo general a las especificidades requeridas.

Los planteos generales de AGEPJ son que tanto en las tareas presenciales como en el “teletrabajo” se debe contemplar la compatibilidad con las tareas de cuidado familiares por la situación de no inicio aún de las clases y que se debe disponer de un sistema de higienización o resguardo del expediente papel antes de la manipulación del personal por tratarse de un soporte de posible trasmisión del virus COVD-19.Todas las condiciones de los protocolos de re-apertura son permanentemente controlados tanto por delegadas y delegados de las sedes como por la Comisión Directiva de AGEPJ pudiendo disponerse la retención de tareas de no cumplirse alguno de sus requisitos.A continuación se detallan las I) condiciones dispuestas en los protocolos de re-apertura, II) organización de las oficinas de trabajo y III) los criterios para designar el personal con tareas presenciales.

  1. Condiciones dispuestas en los protocolos de re-apertura:

 

  • Una cantidad máxima de presencia de personas externas de acuerdo a la capacidad del edificio
  • Sólo podrán ingresar con turno solicitado previamente, con un número de plazas mínimas para cuestiones urgentes
  • Ingreso y salida del edificio por diferentes puertas
  • Puesto de sanitarización a la entrada: desinfección de manos, objetos personales y calzado. Control de a temperatura corporal (Max. 37.5º)
  • Desinfección de edificios, pasillos y oficinas de trabajo mínimo 2 veces por día y cada 2 hs. en lugares de mucha circulación
  • Protección rígida trasparente de vinilo o vidrio para la atención al publico
  • Se proveerá obligatoriamente de los elementos de bioseguridad: tapaboca o mascara de protección facial, jabón blanco, Alcohol en gel, toallas de papel descartables, vaporizador desinfectante para superficies

  1. Organización de las oficinas de trabajo:

 

–      Barandilla virtual vía contacto telefónico y correo electrónico, para recepción de documentación, consultas y demandas.

–      Se atenderá en forma presencial únicamente con turno previo.

–      En cada espacio se deberá respetar la distancia física interpersonal de 2 metros.

–      Ubicación de agentes escritorio por medio, evitando en lo posible ubicaciones frontales o, en su caso, la colocación de mamparas de acrílico

–      Se realizará la ventilación natural de las oficinas previo al ingreso del personal durante la jornada de trabajo. Se deberá mantener un eficiente funcionamiento del sistema de ventilación.

III) Criterios para designar personal con tareas presenciales:

–      Mínima dotación posible

–      Personal excluido: grupos de riesgo (edad, estado de salud actual, preexistencias de patologías personales, antecedentes de patologías en círculos familiares y sociales) o que resida fuera de zona blanca.

–      Se sugirió la presencia de la mitad del personal (que no sea grupo excluido) y una rotación quincenal de dichos grupos

–      Quienes no desarrollen tareas presenciales, harán trabajo en forma remota. Se organizará la entrega domiciliaria de expedientes a través de un automóvil oficial

 

El miércoles 13 de mayo la compañera Agostina Noccioli y el compañero Federico Cortelletti de la Comisión Directiva de AGEPJ, participaron de la reunión del comité de higiene y seguridad del Poder Judicial de Córdoba junto al Colegio de Abogados.

Quedó aclarado que dicho comité no es el que determina la apertura de una sede, en este caso la primera circunscripción. Sino que el organismo facultado es la autoridad sanitaria cuando los criterios epidemiológicos lo aconsejen.  Como tal, la función del comité es adaptar el protocolo general adoptando uno específico para estar en condiciones de abrir cuando el COE lo determine, tal como ha sucedido con las sedes del interior de reciente apertura.

 

AGEPJ planteó que se tenga en cuenta, para la definición de los planteles de empleados a trabajar presencialmente, criterios tales como la distancia de la vivienda, el uso o no del transporte público y la situación de quienes tengan hijos o hijas en edad escolar o adultos mayores a cargo. De igual modo con el teletrabajo se considere en el esquema a quienes tienen que compatibilizar la labor judicial con las tareas del hogar y de cuidado. También se volvió a hacer hincapié en las medidas de bioseguridad que deberán tomarse con el papel (principalmente expedientes que serán devueltos a los tribunales) por ser un vehículo de contagio.

AGEPJ reiteró su frontal oposición a la propuesta del Colegio de Abogados de extensión horaria o la duplicación de la jornada aclarando las autoridades del Poder Judicial que el modelo a seguir es el de las sedes del interior que reabrieron donde no hay jornada matutina y vespertina sino un equipo trabajando presencialmente y otro con trabajo remoto, todo para lograr una planta lo más pequeña posible en el actual marco sanitario.  La representación gremial reiteró que no hay marco de negociación colectiva para avanzar en una modificación de la jornada y que ello no es facultad unilateral del empleador.

Aunque no fue el motivo de la convocatoria, que continuará en nuevas reuniones, AGEPJ volvió a dejar asentado que el Poder Judicial tiene una deuda salarial con las empleadas y empleados, la cual empeoró durante la cuarentena y que se retomarán las medidas de fuerza declaradas con anterioridad si la misma no se salda.

El día de la fecha (13/05) la compañera Romina Martínez  y el compañero Adrián Valán de Comisión Directiva de AGEPJ mantuvieron reunión con la Administradora Gral. del MPF, Guillermina Giovagnoli.

En primer lugar se le expresó la preocupación por lo sucedido el martes 12 de mayo en Unidad Judicial 13 donde se activó el protocolo por Covid 19. Relacionado a ello se le recalcó que AGEPJ viene reclamado desde larga data por las deficientes condiciones edilicias de la dependencia y que es necesario, como ya fue pedido anteriormente su inmediato traslado a un edificio en óptimas condiciones. Luego se solicitó se provea de termómetros digitales para medir la temperatura en el ingreso a las unidades judiciales, así como también se refuercen las medidas de salubridad, como rociadores sanitizantes y trapos de piso con lavandina para el ingreso a cada edificio.

Asimismo,  advirtiendo la mayor circulación de gente y, por lo tanto, el crecimiento de la concurrencia a las Unidades Judiciales se volvió a requerir la inmediata aplicación del protocolo de prioridades de atención, acordado entre AGEPJ y el MPF el año pasado, plasmado en las circulares 1 y 2 suscritas por la Dirección. Al respecto se indicó que algunos Ayudantes Fiscales sin criterio de la realidad que atravesamos pretende que «se instruya todo» cuando ello ni siquiera es posible en condiciones de «normalidad» por ende en mucho menor medida es posible ahora.