La Secretaria de Trabajo de la provincia de Córdoba se expidió en el marco del expediente abierto por AGEPJ solicitando la declaración de la insalubridad para los cuerpos operativos de la Policía Judicial. Se trata de un hecho sumamente trascendente en la larga lucha que sostenemos las compañeras y compañeros de Policía Judicial en AGEPJ desde hace más de 30 años.

La resolución de la secretaría establece una recomendación hacia el TSJ, quien a su vez replicó dictando consecuentemente una acordada.

Por primera vez desde la creación de la Policía Judicial, la resolución emitida establece las siguientes medidas sin precedentes:

a) La creación de un comité mixto en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF), compuesto por representantes del empleador y del gremio, con el fin de abordar y mejorar las condiciones laborales.

b) La implementación de un espacio psicosocial a cargo del empleador, destinado a la prevención y cuidado de la salud mental y emocional de los trabajadores.

c) La asignación de una bonificación especial para el personal operativo que interviene en el lugar de los hechos, beneficiando a las empleadas y empleados que forman parte de los cuerpos operativos.

Objetivamente, se trata del avance más importante que el reclamo ha tenido desde su planteo a poco de crearse la Policía Judicial. Finalmente se reconoce que el trabajo en el lugar del hecho trae consecuencias negativas para la salud de los integrantes de los cuerpos operativos alcanzados y en consecuencia se disponen las medidas arriba indicadas (comité mixto, espacio psicosocial, bonificación). En la larga trayectoria del reclamo ya se había avanzado en el reconocimiento de una jornada diferenciada, protección física con la provisión de equipos, nuevos laboratorios y móviles, etc. pero aún queda el objetivo de un régimen especial jubilatorio acorde al tipo de trabajo que se realiza. Por eso y porque los logros de las trabajadoras y trabajadores siempre están bajo asedio la lucha continúa. El comité mixto de condiciones de trabajo será un nuevo escenario donde la patronal deberá dar respuestas y siempre estarán disponibles las diversas herramientas gremiales para cuando aquellas no aparezcan.

Lamentablemente, a pesar de la amplia evidencia empírica recopilada durante el trámite del expediente, incluidos los dictámenes científicos —en particular el del psiquiatra oficial—, la Secretaría de Trabajo desestimó el reclamo por la declaración de insalubridad. Acto seguido, planteó la necesidad de proteger la salud a través del Comité Mixto de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, el espacio psicosocial y la bonificación correspondiente. Esta decisión revela una trama de incongruencias, presiones cruzadas, cinismo y mezquindades políticas, impulsadas desde el poder para obstaculizar un reclamo legítimo y justo: el reconocimiento de que las condiciones laborales en dicho lugar afectan gravemente la salud mental de las trabajadoras y los trabajadores que allí se desempeñan.

El Secretario General de AGEPJ  Federico Cortelletti llamó a “continuar la lucha por la salud de las compañeras y compañeros de cuerpos operativos de policía judicial.” Ya que “independiente de que no se atrevieron a otorgarle al deterioro de la salud mental que produce ese trabajo la categoría de insalubre nos importa el hecho que, sí se creará un comité mixto de condiciones de trabajo, un espacio psicosocial para el cuidado de la salud y una bonificación, lo que configura nada más y nada menos que un reconocimiento implícito de que el trabajo sí es insalubre.”

En tanto que el Secretario Gremial Adrian Valán expresó que “Pese a no ser reconocida explícitamente la insalubridad, el abrumador peso de la evidencia combinada con la incansable y persistente lucha que las trabajadoras y trabajadores de Policía Judicial junto al gremio hemos llevado adelante ha logrado que la secretaría de trabajo se expida recomendando dispositivos y bonificación, consecuencias inequívocas de la existencia de un trabajo que enferma. Todo luego de haber archivado el primer expediente y dilatado el segundo durante largos 8 años.”

 

Atento a los reclamos de los compañeros y compañeras de los cuerpos operativos de la Secretaría Científica del Ministerio Público Fiscal, el día 10 de febrero desde AGEPJ presentamos una nota a la Administración General del sector sobre varias problemáticas de larga data.

En primera instancia exigimos a la patronal flexibilizar los criterios para la rendición de gastos de los cuerpos operativos, para que las mismas se adapten a la naturaleza del trabajo que se lleva a cabo desde el área. En ese sentido si bien desde el gremio entendemos que deben existir parámetros claros que ordenen el reintegro de gastos, sostenemos que los mismos deben adaptarse a la realidad laboral del equipo de trabajo y no a la inversa. Las trabas, muchas veces innecesarias y aleatorias, impuestas por parte del área encargada de hacer las devoluciones solo generan malestares entre los empleados y empleadas del sector.

En segunda instancia reclamamos la correcta provisión de uniformes. En Argentina, la obligación de proveer ropa de trabajo a los empleados está regulada por la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estas normas establecen que el empleador es responsable de garantizar la seguridad e higiene en el lugar de trabajo, lo que incluye la provisión de ropa de trabajo adecuada. A pesar de los muchos reclamos llevados a cabo por parte del sindicato los compañeros y compañeras siguen encontrando trabas a la hora de pedir uniformes, los cuales además son de muy baja calidad, no cuentan con la curva de talles completa, siendo este un problema para aquellos que necesitan talles grandes y pequeños. Por otro lado la patronal ya se había comprometido en el 2024 a gestionar ropa con corte de mujer, quienes en este momento representan alrededor del 70% de la planta, compromiso que sigue sin cumplirse.

Queremos destacar que tanto la rendición de viáticos como la provisión de uniformes dependen directamente del área de Recursos Financieros, a quienes nos gustaría señalar que sus funciones no se limitan a reducir lo más posible los gastos de la Institución, si no a gestionar los recursos de forma adecuada para que los empleados y empleadas puedan desarrollar sus tareas disponiendo de los elementos necesarios sin tener que pelear por cuestiones básicas, amparadas por las leyes de nuestro país.

Finalmente, debido a las obras que se están llevando a cabo dentro del Polo Judicial hace varios meses se limitó el ingreso y egreso de vehículos oficiales por el portón ubicado en calle Achaval Rodriguez. Actualmente esos movimientos se hacen por el portón ubicado en calle Laprida durante el horario de Tribunales, y luego deben realizarlo por la zona de alcaldía, la cual está frecuentemente atiborrada de vehículos policiales, haciendo que la circulación sea extremadamente complicada. En este sentido pedimos a la patronal hacer las gestiones necesarias para que los vehículos oficiales puedan entrar y salir las 24 hs por el ingreso ubicado en calle Laprida, lo cual facilitaria las tareas de manejo de los compañeros y compañeras del sector, tarea que además asumen sin ningún tipo de remuneración sólo algunos de los empleados del área.

Es de conocimiento general que los y las compañeras del sector están expuestos a tareas que traen aparejado un gran desgaste psicofísico y emocional. Reducir factores de estrés innecesarios debería ser prioridad para los mandos de la institución y desde el gremio seguiremos luchando para que así sea.

Luego del regreso de la feria se ha constatado la casi nula presencia policial en una zona donde lamentablemente se verifican con asiduidad hechos de inseguridad que afectan a nuestras compañeras y compañeros.
El empleador se comprometió a realizar las gestiones necesarias para restablecer las rondas habituales de la Policía Provincial en el sector. Compromiso de patrullaje o presencia que ya se había asumido tras gestiones anteriores de AGEPJ y hechos que perjudicaron a empleadas del Poder Judicial.

AGEPJ resalta la masiva participación de las empleadas y empleados judiciales en las medidas de fuerza llevadas adelante durante las últimas cinco semanas. Lo conseguido hasta aquí está directamente relacionado a ello. AGEPJ mantiene la necesidad de recomposición salarial y sostiene que el camino de la equiparación es el más justo y adecuado para ello.

El dia martes, ante la noticia del aumento salarial por parte de la Corte Suprema, AGEPJ le manifestó al TSJ la necesidad que el incremento se pague con urgencia y todo junto atento la demora en el tramo que abarca octubre, noviembre, diciembre y la situacion de fuerte perdida del poder adquisitivo de nuestros salarios.

Como resultado del dialogo con el ejecutivo provincial el TSJ comunicó al sindicato la modalidad acordada para el abono del último aumento salarial dispuesto por la CSJN. El mismo se pagará todo junto, 2,5 a octubre, 2,5 a noviembre y 2% a diciembre (7,16 acumulado) mas los retroactivos, con los haberes de diciembre. El proporcional de aguinaldo resultante de los incrementos se abonará por planilla suplementaria también en enero. Al regreso de la feria, durante febrero, se analizarán los proyectos de AGEPJ y de la patronal para avanzar en la reestructuracion de la planta buscando agilizar la carrera e ir hacia una progresiva equipararacion de escalafones con la Justicia Federal.

La comisión directiva convocó a un consejo consultivo del interior para el día viernes 20 y asambleas según un cronograma que se difundirá.

La semana pasada las y los empleados judiciales multiplicamos, a lo largo y ancho de la provincia, las asambleas, movilizaciones y protestas reclamando la apertura de negociación para una recomposición salarial en el marco del actual sistema salarial.

Sin embargo, el empleador continúa sin mostrar predisposición al diálogo sobre la cuestión salarial. Parece no comprender la gravedad de la situación: los haberes de las categorías de ingresantes al Poder Judicial están ubicados muy por debajo de la línea de pobreza, lo cual incluso está generando la situación inédita de un promedio de 15 renuncias al mes de empleados y empleadas al Poder Judicial de la Provincia. Son datos perfectamente verificables por el empleador, no son opiniones.

En este marco, habiendo transcurrido ya un mes de la solicitud de negociaciones salariales y cuatro semanas de asambleas y movilizaciones, la Comisión Directiva de AGEPJ decreta para la actual semana: asambleas y movilizaciones en toda la provincia el día jueves 12 de diciembre a partir de las 11 hs. y un paro de 24 hs. a partir de las 0hs. del día viernes 13 y durante toda esa jornada. En capital, las asambleas del día jueves confluirán hacia tribunales 1 a las 12 hs. para culminar con «chorilucha» en la sede de AGEPJ.  Se efectuarán además el día 12/12 asambleas de dos horas por turno en las distintas dependencias del MPF.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “Las actuales condiciones salariales, con categorías del Poder Judicial que perciben un salario menor a la línea de pobreza sólo se remontan a la crisis del 2001 y la posterior salida de la convertibilidad. Instamos a las autoridades del Poder Judicial a no plegarse al plan deliberado del gobierno nacional de destruir el estado desde adentro, porque la ciudadanía, en lo que nos compete, necesita más justicia, no menos, más solución a sus diferendos, litigios y acceso a los derechos. Y para que la justicia funcione sus integrantes debemos recuperar un poder adquisitivo acorde a la preparación y formación con que ingresamos y que nos distinguen en el concierto judicial.”

En tanto que la Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli apuntó que : “La situación objetiva es muy difícil, pero resulta agravada por la actitud negadora del Tribunal Superior. No sólo no visualizan correctamente dónde estamos parados económicamente, sino que exhiben un comportamiento cuasi monárquico al negarse al dialogo con las y los trabajadores sobre la situación salarial, actitud completamente alejada de la que debe primar en el funcionamiento democrático de las instituciones de la república.”

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en el día de hoy 14/09/2021 un aumento salarial consistente en un 10% a partir de Julio y un 12,5 % a partir de septiembre.
En virtud del acuerdo tripartito de 2016 (firmado por el TSJ, Gobierno de la Provincia de Córdoba y AGEPJ) dicho aumento debe ser replicado de igual manera en los salarios de toda la planta del Poder Judicial en la Provincia de Córdoba.


Exigimos que para dar cabal cumplimiento a lo acordado, el Tribunal Superior de Justicia ordene a la Administración del Poder Judicial el inmediato dictado de la resolución correspondiente con el pago en tiempo y forma del aumento salarial otorgado y los correspondientes retroactivos.