Desde AGEPJ expresamos el más enérgico repudio ante el gravísimo hecho de violencia ocurrido en la mañana de hoy en el sector de Defensorías Civiles de Tribunales I.

Durante la jornada, en el pasillo de dichas dependencias, una persona con severos padecimientos de salud mental protagonizó una situación de altísima tensión al romper la caja de seguridad de un matafuego y utilizarlo como objeto contundente, golpeando barandillas y amenazando al personal judicial presente. Asimismo, con un trozo de vidrio intimidó a una persona que se encontraba en el lugar para aceptar un cargo de perito.

Lo más alarmante de lo sucedido fue la ausencia total de personal policial, que debería haber estado cubriendo las guardias en un sector donde, de manera sistemática, se registran situaciones de violencia y agresiones hacia trabajadoras y trabajadores judiciales.

La escalada de violencia recién pudo ser contenida gracias a la intervención del propio personal, que logró llegar hasta el ingreso del edificio para exigir la presencia policial. Es decir: quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema judicial tuvieron que, además, garantizar su propia seguridad.

Este hecho no es aislado. Es la expresión extrema de una problemática estructural que lleva años sin respuesta:

  • Falta de intervención efectiva de los organismos de salud (PAMI, APROSS, Incluir Salud y otros) frente a personas con padecimientos de salud mental.
  • Insuficiencia de personal y de defensorías frente a una demanda creciente y cada vez más compleja.
  • Ausencia de medidas de seguridad adecuadas.
  • Inexistencia de dispositivos interdisciplinarios para abordar situaciones de crisis.

Hoy se evitó una tragedia de casualidad. Mañana puede no haber margen.

Por todo ello, exigimos de manera urgente:

  • Presencia policial permanente e ininterrumpida en los pasillos de las Defensorías Civiles.
  • Investigación y sanción correspondiente por la ausencia policial en el día de la fecha.
  • Asignación de presupuesto inmediato para la creación de nuevas defensorías y la incorporación de personal suficiente.
  • Intervención activa de las áreas de salud laboral del Poder Judicial, con acompañamiento sostenido a quienes trabajan en este sector crítico.

No vamos a naturalizar la violencia como condición de trabajo.
La seguridad del personal judicial no es negociable.