El Cuerpo de Delegados de capital  y la Comisión Directiva de AGEPJ explicaron que por  decisión unánime de ambos cuerpos colegiados han solicitado al Tribunal Superior de Justicia el inmediato restablecimiento de la situación laboral del compañero Daniel Dran de la Sede de Cruz del Eje.   Por otra parte plantearon la situación de incertidumbre e ilegalidad  por la que atraviesan más de 800 compañeras y compañeros que revisten actualmente en calidad de contratado, correspondiendo el inmediato pase a planta permanente.

Argumentaron que «el hecho de cesantear al único médico psiquiatra de la sede implica un retroceso absoluto respecto del derecho al acceso a la justicia y de la calidad de la prestación de la misma, ya que se deja sin recursos a las y los ciudadanos más necesitados, castigados y vulnerables de la provincia y con mayor demanda respecto de tales servicios. Tal hecho se contradice en absoluto con la política de «Justicia Cerca» que pregona el Tribunal Superior, en efecto si se consolida esta decisión que estamos solicitando revertir se anularía un claro acierto de política judicial. En efecto, que la sede haya podido contar con un especialista que realice las pericias psiquiátricas e interdisciplinarias que la ley manda en casos tales como Violencia Familiar, abuso sexual, delitos penales (penal juvenil y adultos), causas civiles, etc. Y que haya abarcado no sólo las sedes de Cruz del Eje, Cura Brochero, Villa Dolores, Cosquín y Deán Funes, es decir la totalidad del norte de la Provincia de Córdoba, significó justicia social, celeridad en los plazos de tramitación de las causas y  una administración de justicia con trato más justo e igualitario».