El gremio de judiciales de Córdoba denunció el viernes 29 de al ayudante fiscal de la Unidad Judicial N° 21 Abogado Ernesto Morales ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal y Tribunal Superior de Justicia. La presentación obedece a que el citado funcionario ha incurrido en actos compatibles con acoso sexual y violencia laboral hacia las empleadas y empleados bajo su dependencia directa.
El gremio solicitó la apertura de sumario, la separación inmediata del funcionario de su tarea al frente de la Unidad Judicial N° 21 y que, hasta tanto se substancie una capacitación para todo el personal del Poder Judicial, ordenen la capacitación obligatoria del denunciado en materia de género y derechos humanos.
El texto de la presentación establece que “…Morales, tiene como práctica habitual referirse a sus empleados/as (en especial a las mujeres) de distintas formas de lo más discriminatorias, ofensivas y violentas. Y lo que es peor aún, lo hace de manera pública en frente de toda la oficina, lo que da cuenta del nivel de impunidad con el que se maneja.” agregando luego distintas frases obscenas que el funcionario profiere hacia sus empleadas.
La denuncia también hace eje en toda una serie de hechos configurativos de violencia laboral ya que el funcionario realiza un ejercicio abusivo del poder de dirección que detenta obligando -por caso- a sus dependientes a permanecer más allá de la jornada establecida por ley.
El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “Es completamente inadmisible y bochornoso para el desarrollo de cualquier actividad laboral la conducta desplegada por el ayudante fiscal. Lo insólito de los hechos denunciados nos llevan a creer que este funcionario piensa que cuenta con impunidad. Ello sólo se explica por la persistencia de una cultura organizacional que alienta y defiende el modelo de jefe patrón de estancia, que cree estar por encima de normas legales y hasta éticas. La acción gremial que venimos llevando a cabo pretende que se institucionalice una nueva matriz basada en el respeto por los derechos humanos.”
La Pro-Secretaria de Capacitación Agostina Noccioli de AGEPJ acotó que: “Ya se ha llegado a un límite por la cantidad y gravedad de los hechos denunciados. Esto ha sido así durante todo el año, con picos de hasta tres denuncias por semana, al tiempo que las respuestas del empleador son escuetas e insuficientes y no se abordan correctamente los conflictos planteados. Por esa razón el 8 de marzo presentamos un proyecto de protocolo para prevenir y tratar la violencia laboral y de género. A pesar de ello ya se van a cumplir nueve meses sin que se le dé curso. Esa demora y la falta de empatía y formación de las personas que intervienen en las denuncias son síntomas de que el Tribunal Superior no comprende la gravedad de lo que ocurre. “
