El Gremio de Judiciales Córdoba (AGEPJ) denunció que en el Polo de la Mujer, donde funcionan la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Delitos contra la integridad Sexual existe una grave falta de sumariantes y profesionales de la salud. Ello limita y produce demoras para receptar las denuncias  y constatar lesiones y demás daños a la salud en hechos de violencia familiar y abuso sexual. Esta situación, evidentemente  afecta la prestación adecuada del servicio de justicia en un área muy sensible y de alta demanda social.

Desde el gremio, se especificó que durante 2017 hubo 45.817 denuncias por Violencia Familiar en toda la Provincia pasando a 52.818 en 2018, lo que marca un aumento de 7001 denuncias. En tanto que, a contramano de ese aumento el personal se redujo de un ya insuficiente número de 10 médicos en 2018  a 8 en este momento.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que : «es vergonzoso que personas que están padeciendo un drama como es la violencia familiar o el abuso deban permanecer varias horas en la unidad judicial para efectuar una denuncia, y/o para ser atendidas por las profesionales de la salud. Las empleadas y empleados hacen un esfuerzo gigante para atender como es debido a las personas que concurren, pero sólo nombrando más empleadas y empleados se puede hacer frente a un cúmulo de denuncias que no deja de ascender.» Además agregó «esto ya motivó un conflicto en 2017, al cabo del cual el empleador reconoció la situación y nombró tres médicos pero hoy estamos con el mismo faltante de personal. El MPF sabe que no es posible garantizar la atención de las víctimas en estas condiciones sin embargo se niega a designar personal.»

 

A su vez el Secretario Adjunto de AGEPJ Adrian Valan acotó: «Los poderes del estado invierten mucho dinero en Marketing para tranquilizar conciencias y hacer creer que se ocupan seriamente de  los flagelos sociales de la violencia familiar y el abuso sexual. Pero la realidad dista mucho de la propaganda y no hay la cantidad necesaria de empleadas y empleados para dar una respuesta adecuada desde la justicia a este problema»