La Comisión Directiva de AGEPJ reanudó hoy 22/04 su reunión luego del cuarto intermedio en que quedó el día lunes emitiendo un unánime repudio al accionar del Tribunal Superior de Justicia, reiterando el reclamo por las sumas salariales adeudadas y advirtiendo que habrá paro cuando cese la situación especial de receso sanitario generado por la pandemia.
Por un lado, respecto a la cuestión de contratados se valoró positivamente que luego de la gestión gremial 17 compañeros y compañeras (no 13 como por un error material informamos antes) están conservando su puesto de trabajo. Lamentablemente la situación de baja de contrato persiste para seis empleados y empleadas judiciales. Respecto a ellos hoy se puede precisar que se encuentran alcanzados por la acordada que establece que tienen prioridad para ser convocados nuevamente ante nuevas vacantes o suplencias, por lo que la situación de baja es temporal. De todos modos se continúan las gestiones para revertir en lo inmediato la baja y se ha puesto a disposición de los mismos un recurso administrativo. Se reitera que es inaceptable la decisión del TSJ de dejar sin sustento y obra social a un grupo de personas, más aún en este contexto.
Atinente a la cuestión salarial, AGEPJ mantiene el reclamo por las sumas salariales debidas (aumento de diciembre de 2019 y todos los retroactivos). La deuda salarial es irrenunciable. Las declaraciones del titular de la Asociación de Magistrados desnudan lo que siempre sostenemos desde el sindicato: que a la corporación de magistrados lo único que le interesa es conservar sus privilegios y que por ello se entiende que “han renunciado” al aumento del 10 %. La cuestión radica en que sus altísimos niveles salariales les permiten hacerlo. En cambio las empleadas y empleados judiciales no estamos equiparados, necesitamos imperiosamente ese aumento y reiteramos que de ningún modo vamos a renunciar al mismo.
La Comisión Directiva comunica que se mantiene el reclamo por la deuda salarial y que se reanudara el plan de lucha, con medidas de fuerza (suspendido por la emergencia sanitaria a principios de marzo) cuando las circunstancias especiales que atraviesa el país lo permitan. En particular cuando cese el esquema de funcionamiento de emergencia que la pandemia ha provocado en el Poder Judicial.
