El viernes 13 de marzo las y los judiciales de toda la provincia realizamos un paro en el interior, abandono de tareas en Capital y movilización en la ciudad de Córdobba junto a todos los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la provincia, en defensa de los derechos jubilatorios y salariales y para exigir al Gobierno provincial la derogación de la Ley Nro. 11087. En un marco de unidad sindical, las organizaciones estatales reafirmamos la decisión de sostener un plan de lucha común frente al ajuste que impacta sobre salarios y jubilaciones.
Desde AGEPJ acompañamos activamente la medida, con un alto nivel de acatamiento en las sedes del interior provincial y la capital. La movilización contó con una importante presencia de compañeras y compañeros judiciales, cuerpos orgánicos, Comisión Directiva y delegadas y delegados de Capital e interior.
Esta nueva medida de fuerza se inscribe en un proceso de organización y acción sostenido durante enero del 2026, con reuniones periódicas entre gremios aportantes y equipos jurídicos, coordinación de estrategias gremiales y legales, y acciones de protesta en distintos puntos de la provincia, que fortalecieron la unidad de acción frente al ajuste previsional.
El reclamo conjunto expresado hoy en las calles por parte los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones es para exigirle al gobierno provincial que los recursos comprometidos por Nación:
* Se utilicen para la derogación inmediata de los efectos de la Ley de Equidad Jubilatoria N° 11.087 , que ha sido objeto de rechazo tanto gremial como legal por parte de los gremios por recortar los haberes de jubiladas, jubilados y trabajadores activos, y habilitar aumentos de aportes sin negociación previa.
* Se revierta la suba de aportes impuesta, que significó una transferencia regresiva de ingresos desde las y los trabajadores hacia las arcas fiscales, profundizando la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios y jubilaciones.
Los gremios aportantes hemos desarrollado un plan de lucha gremial y denunciado judicialmente el ajuste previsional impuesto por esta normativa, que incrementa los aportes personales y reduce la capacidad real de los haberes jubilatorios. Estas medidas no solo descargan el peso de la crisis sobre quienes vivimos del salario y de la jubilación, sino que consolidan un esquema de licuación permanente de ingresos que es socialmente injusto y económicamente regresivo.
