Ante la presentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un proyecto de reforma laboral que implica un grave retroceso en materia de derechos laborales, y en el marco de la convocatoria realizada por la CGT a nivel nacional, desde AGEPJ adherimos a la jornada de lucha con asambleas con retiro en toda la provincia, de 11 a 15 hs y movilización en Córdoba Capital.
Asambleas con retiro en toda la provincia + Acto en Capital
🕚 De 11 a 15 hs
📍 ACTO en CAPITAL
* 11.30 hs 👉 Concentración de todos los edificios en Tribunales I (explanada de Caseros)
* 12.00 hs 👉 Concentramos en la Legislatura de Córdoba para acompañar el acto junto a la CGT Historica
La medida nacional incluye una movilización a Plaza de Mayo y acciones en todo el país. En Córdoba, la CGT Histórica convoca a movilizar nuevamente a la Legislatura provincial, con la adhesión de las distintas centrales sindicales, lo que anticipa una importante expresión del movimiento obrero.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo vulnera principios básicos de la Ley de Contrato de Trabajo, flexibiliza y precariza las condiciones laborales y favorece de manera casi unilateral al sector empresario. La experiencia histórica demuestra que este tipo de reformas no generan empleo registrado, sino más precarización y desigualdad. La flexibilización laboral impulsada en la década del 90 nos dejó el pico de desocupación más alto de nuestra historia nacional. Tras el eufemismo de “modernización” quieren aplicar de manera unilateral las mismas recetas que ya han fracasado en nuestro país. El crecimiento y desarrollo económico y una buena labor de fiscalización contra el empleo informal y la evasión fiscal laboral, son las mejores herramientas que han resuelto a lo largo de nuestra historia el problema del desempleo, del empleo precario o de los y las trabajadores pobres de la Argentina.
Si bien la reforma está orientada principalmente al empleo privado, las y los trabajadores judiciales no estamos exentos de sus consecuencias. Entre los riesgos más graves se encuentra la posibilidad de que la justicia sea incluida como “servicio esencial o trascendental”, lo que implicaría coberturas obligatorias del 50% o 75% y, en los hechos, una fuerte restricción al derecho de huelga, con habilitación de sanciones.
Asimismo, el proyecto avanza sobre el derecho de protesta y la organización sindical, imponiendo restricciones a la realización de asambleas en los lugares de trabajo, reduciendo las franquicias horarias de delegados/as y limitando la tutela sindical únicamente a cargos titulares, excluyendo suplentes y candidatos/as. Estas medidas afectan directamente la actividad gremial y pueden tener impacto en el ámbito público y judicial.
Este “clima de época” ya muestra consecuencias concretas en distintas provincias: persecución sindical y eliminación de las paritarias judiciales en Mendoza, intentos de reducción de la feria judicial en la Pampa, reducción efectiva de la feria y aplicación discrecional de su modalidad por el TSJ de San Luis, limitaciones a los aportes sindicales y avances sobre la representación gremial de las y los judiciales de Rio Negro. En Córdoba, este contexto se expresa también en el intento de descargar exclusivamente sobre las y los trabajadores estatales el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Los puntos más cuestionados de la reforma laboral
El proyecto del Ejecutivo introduce cambios de fondo a la LCT y a la Ley de Asociaciones Sindicales. Entre los aspectos más rechazados por el movimiento obrero se destacan:
• Desalarización del ingreso, mediante tickets canasta.
• Salarios atados a productividad y mérito, sin contemplar licencias, tareas de cuidados ni condiciones reales de trabajo.
• Flexibilización horaria y banco de horas, que rompe la jornada laboral y afecta la salud y el derecho al descanso.
• Vacaciones fraccionadas, con impacto directo en la vida familiar.
• Fin de la ultractividad y prioridad de convenios por empresa, debilitando a los gremios nacionales y generando sistemas laborales de primera y segunda por región.
• Restricciones a asambleas en los lugares de trabajo, atacando el derecho de protesta.
• Ampliación de los servicios esenciales, con el riesgo de incluir a la justicia y vaciar de contenido el derecho de huelga.
Las y los trabajadores no somos el problema. Exigimos el respeto por los derechos laborales conquistados y el cese de políticas regresivas. Finalmente, la CGT Nacional adelantó que, de aprobarse esta reforma, impulsará acciones de inconstitucionalidad por vulnerar derechos consagrados en la Constitución Nacional.
