En un acto de una gravedad inusitada el Tribunal Superior emitió un acuerdo donde da por finalizada la relación laboral de un empleado judicial de planta (del MPF) sin sumario previo.
AGEPJ rechazó el acuerdo, presentó un recurso y se constituyó con escribano público en Recursos Humanos del MPF para solicitar se le asignen tareas al agente afectado Cesar Damián Cabrera. El ministerio fiscal se excusó en que existe un acuerdo del TSJ que da por finalizado el interinato del empleado.
Desde AGEPJ exigimos se dé respuesta favorable al recurso de reconsideración planteado por Cabrera y se deje sin efecto la cesantía dispuesta por la evidente arbitrariedad e ilegalidad en la que se está incurriendo. En efecto, la garantía de estabilidad del empleado público prevista en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial es un límite infranqueable. Solo mediante el debido proceso y garantizando el derecho de defensa en un sumario administrativo se puede desvincular a un agente público que goza de estabilidad. «. Como dicho requisito no se ha cumplido sostenemos que el acuerdo del TSJ incumple con la Constitución Nacional, Constitución Provincial, la ley provincial 7233 (Estatuto del Empleado Público) y ley N° 8765 o Estatuto de la Policía Judicial.
Esta situación también afecta el principio de libertad sindical y ley nacional de asociaciones sindicales 23.551. Ello porque se da en el marco de una oficina en la que luego que las empleadas y empleados se pronunciaran acerca del maltrato recibido por sus ayudantes fiscales la respuesta de las funcionarias fueron pases compulsivos y en el caso de Cabrera y otra compañera informes negativos que nada tiene que ver con el desempeño laboral. Informes que hoy conducen al presente intento ilegal de desvinculación.
Insistimos, el Tribunal Superior por desconocimiento, error o deliberada intención pretende cesantear a un compañero judicial sin cumplir los requisitos legales. Además incurre en persecución sindical. Si este acto de barbarie lo perpetra la cabeza del Poder Judicial -el que debiera apegarse al derecho- la seguridad jurídica para todas y todos los ciudadanos de la provincia está en peligro.
