Mas derechos menos privilegios
En el poder Judicial hay un agravamiento del ajuste. Muestra de ello son la cesantía de tres compañeros, el vergonzoso pago en cuotas del retroactivo de mayo, la virtual parálisis en los nuevos ingresos, la no cobertura de licencias, falta de insumos en algunas áreas, demora en la entrega de ropa de trabajo, paralización de obras etc. Como parte de lo mismo, la enorme crisis económica en que se halla sumido el país corroe diariamente el poder adquisitivo del salario de las trabajadoras y trabajadores sin que las y los judiciales escapemos a ello.
Ante ello AGEPJ ha solicitado reiteradamente al TSJ mantener el poder adquisitivo del salario de empleadas y empleados judiciales. Es nuestro derecho cobrar un salario digno, acorde a la formación y responsabilidad con que llevamos a cabo nuestra tarea diaria sosteniendo el funcionamiento del servicio de justicia.
El empleador no da respuestas en las distintas instancias de negociación – espacios que siempre defendemos como el mecanismo de tramitar el conflicto- por ello hoy vamos al paro. Estamos acompañando también el reclamo de las compañeras y compañeros del fuero federal que exige a la CSJN un 15 % de aumento salarial que de otorgarse también repercutiría en nuestro salario.
Por el contrario, en medio de esta descomunal crisis económica y en un claro gesto de desprecio hacia sus empleadas y empleados judiciales nuestra patronal no sufre ningún recorte en sus privilegios, entre los cuales se halla la equiparación a la justicia federal. Mientras no estemos los empleados y empleadas incluidos en ella será un privilegio porque cuando un derecho (a igual tarea, igual remuneración) asiste a todos los sectores pero sólo se otorga a uno de ellos (magistrados y funcionarios) opera como un privilegio. No hay nada más alejado de la república que los privilegios. Nuestra patronal acumula varios (por ej: cobran mas pero hacen un menor esfuerzo previsional y se jubilan con una ley especial.).
En este contexto estamos donde debemos estar, luchando por la defensa de los derechos de las empleadas y empleados judiciales y contra los privilegios de la patronal.
