Desde AGEPJ, expresamos nuestro enérgico repudio a la resolución del Directorio de APROSS del 10 de diciembre de 2025, que dispone un aumento superior al 38% para los beneficiarios/as voluntarios/as indirectos/as del seguro médico (art. 9 de la Ley 9277).
Es inaceptable que, tras la última actualización de octubre de este año, se nos imponga un incremento que no se justifica por la inflación mensual y ni siquiera equivale a la inflación interanual de noviembre de 2024 a noviembre de 2025. Este aumento demuestra una total indiferencia por la situación económica de las y los trabajadores judiciales y estatales de Córdoba.
El gobierno de la provincia continúa aplicando ajustes y recortes a costa de las y los estatales, mientras nos somete a un seguro médico obligatorio que, lejos de ser una solución, presenta déficits alarmantes en atención y cobertura primaria, acceso a turnos ágiles y cobertura de especialidades básicas, especialmente en el interior provincial.
Este seguro médico, que debiera ser una garantía para la salud de todas y todos los trabajadores, es un desastre que pone en riesgo el bienestar de miles de compañeros y compañeras. La salud es un derecho fundamental y no puede depender de la condición económica de cada persona para acceder a beneficios básicos.
El ajuste a las y los trabajadores no es la solución para sanear las cuentas públicas, y desde AGEPJ exigimos una inmediata revisión de esta resolución.
