El miércoles 17 de diciembre las y los judiciales de toda la provincia realizamos un contundente paro provincial que se evidenció en oficinas vacías en todas las sedes tribunalicias de la provincia. El alto grado de acatamiento a la medida de fuerza lanzada por AGEPJ demuestra el gran malestar por la crítica situación salarial y el rechazo a la iniciativa del gobierno provincial que insiste en señalar únicamente a las y los trabajadores como responsables del déficit de la Caja de jubilaciones, proponiendo aumentos en los aportes personales como si fuera la única salida posible.
Las y los judiciales marchamos a la Legislatura provincial bajo la consigna “Basta de ajuste sobre quienes sostienen el Estado” junto a los gremios estatales provinciales aportantes a la Caja.
La movilización fue masiva, contó con presencia de las sedes judiciales de Carlos Paz, Río Segundo, Cosquín, Huinca, Brochero y Villa Dolores y Arroyito. En esta jornada de lucha demostramos la unidad en las calles ante el reclamo colectivo de las y los trabajadores estatales al gobierno provincial y nacional.
AGEPJ y los gremios aportantes, afirmamos que la Caja no se salva ajustando a las y los trabajadores. Reafirmamos que no avalamos ningún avance regresivo ni medidas que, bajo la apariencia de sostenibilidad previsional, recaigan exclusivamente sobre las y los aportantes activos, desconociendo principios de equidad, solidaridad y progresividad.
Las y los empleados estatales y aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones y al APROSS ya hicimos el esfuerzo con más aportes a ambos organismos y pérdidas del poder adquisitivo de los salarios desde que asumió el gobierno provincial. De ninguna manera permitiremos nuevos descuentos ni rebajas salariales.
Mientras se anuncian bajas de impuestos, se insiste en aumentar cargas sobre nuestros salarios, que ya soportan más de un 22% en aportes y con nuevos descuentos podrían superar el 35% (entre aportes jubilatorios y otros aportes).
Durante el día de la fecha y pocas horas previas a la movilización supimos por la prensa y no a través de mesas de diálogo que había intenciones de la provincia de modificar el proyecto en discusión en la legislatura previendo en potencial excluir los topes jubilatorios, generar aportes extraordinarios según ingresos de forma escalonada e intentar alcanzar el 82% móvil para más cantidad de jubilados y jubiladas provinciales. Sin embargo, a la hora de la redacción de esta nota no existían mayores precisiones ni tuvimos acceso aun al texto de iniciativa legislativa anunciado.
En tal sentido las y los gremios aportantes y AGEPJ seguimos planteando:
* La devolución de los aportes extraordinarios impuestos unilateralmente por la provincia en diciembre del 2023 a todos y todas las aportantes a la Caja de Jubilaciones.
* Repudio al desatinado Proyecto del Legislador Matías Chamorro por el que se pretende poner topes a las jubilaciones.
* Por la eliminación del diferimiento jubilatorio y del gravamen al doble beneficio previsional (art 58 ley 10.694)
*Por la reapertura de la Caja de Jubilaciones que hoy está cerrada
* Por la eliminación efectiva del art 63 del proyecto de modificaciones al código tributario Provincial, que faculta el incremento de aportes personales jubilatorios en un 4% más.
El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelleti afirmó: ““La deuda nacional con la Caja de Jubilaciones de Córdoba es insostenible. Hoy esta admitida en la justicia y en una instancia de mediación. A lo largo de la historia democrática, ningún gobierno nacional dejó de transferir fondos. Lo que ocurre hoy es gravísimo: se retiene financiamiento a 13 cajas provinciales como parte del ajuste bajo el rótulo de “déficit cero”. Por eso todos los gremios aportantes reclamamos en unidad frente a la Nación porque salde la deuda con la Caja de Jubilaciones. Recordemos algo crucial: Córdoba resignó recursos a favor de ANSES para armonizar su sistema previsional. Por eso, la transferencia nacional no es un gesto político ni un favor: es una obligación legal.»
Por su parte, el Secretario Gremial de AGEPJ Adrián Valán expresó “En Córdoba, las y los trabajadores aportamos el doble que en el sistema nacional. Pero nuestras jubilaciones no reflejan esa diferencia. Las y los empleados judiciales somos superavitarios en la Caja de Jubilaciones hay más trabajadores activos que jubilados, y no existe empleo en negro ni tenemos retiros anticipados. No generamos déficit. Por eso resulta inadmisible que se nos pretenda cargar el peso del desfinanciamiento general del Estado”.

































