AGEPJ presentó una nota formal en la que reiteró los reclamo a las autoridades de la administración del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia para el sector de los Juzgados de Paz de toda la provincia.
En una presentación realizada este 3 de septiembre de 2026, la comisión directiva del gremio dirigió una nota formal a la Administración General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, e informó una solicitud de igual tenor enviada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El gremio expresó su profunda preocupación por la situación laboral y funcional que atraviesan los Jueces de Paz de la provincia. En la presentación, se enfatizó que las estadísticas recientes dan cuenta de un incremento sustancial en la cantidad y complejidad de las tareas que desempeñan, las cuales abarcan no solo la función jurisdiccional, sino también labores administrativas, sociales, comunitarias y de articulación con organismos del Estado.
A pesar de este nivel de exigencia, esta realidad no se ve reflejada en las escalas vigentes. Desde el gremio se remarcó que las Juezas y Jueces de Paz quedaron excluidos tanto de la ley de equiparación de Magistrados y Funcionarios como de la reestructuración y equiparación del personal empleado. Este atraso salarial afecta de forma directa la motivación, la estabilidad y la capacidad operativa de dependencias que representan el primer —y a menudo único— contacto de la ciudadanía con el sistema de justicia en el territorio. Por ello, AGEPJ instó a que se instrumente de manera urgente su recategorización en función de los principios de equidad, proporcionalidad y jerarquía funcional.
Asimismo, la entidad sindical reiteró el reclamo por la situación precaria que sufren las trabajadoras y trabajadores de dichos juzgados. Actualmente se encuentran contratados con renovaciones semestrales, lo que genera una constante incertidumbre laboral. AGEPJ exigió el pase formal a la planta permanente del Poder Judicial como empleados efectivos, reconociendo el valor de las tareas que desarrollan a diario en el apoyo a la gestión judicial que garantizan el funcionamiento del servicio de justicia para la comunidad.
